Los economistas no comparten que la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería vaya a tener el efecto positivo que persigue el Gobierno de cubrir en España aquellos puestos de trabajo para los que las empresas no encuentran personal.
Consultados por elEconomista.es, consideran que este retoque normativo poco tiene que ver con la mejora de la economía productiva, si antes no se promueven una serie de condiciones, que pasa por mejorar el tipo de trabajo, los costes, los impuestos y las trabas burocráticas.
En definitiva, explica Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente y socio fundador de la consultora Freemarket, "procurar una política de inmigración destinada a atraer inmigración económica, esto es productiva". Para Quirós, la reforma del ministro José Luis Escrivá, de quien depende este cometido, "es una chapuza".
Una reforma que acaba de recibir la luz verde del Consejo de Estado, con un informe favorable, del que esta semana se hacía eco El País, y que según el órgano consultivo, "constituirá una considerable mejora en la regulación del régimen jurídico de los extranjeros en España".
No lo valora así el economista Javier Santacruz. El analista financiero y miembro de la Fundación Civismo mantiene que la reforma de Escrivá, en sí, "es otro parche más". "El problema –explica– no es que cubramos o no los puestos de trabajo, sino el tipo de puestos de trabajo que se están creando y las condiciones laborales".
En una línea similar a la Santacruz se expresa Daniel Lacalle, jefe de Tressis. Para Lacalle "la Ley de Extranjería tiene un efecto muy pequeño. Lo vimos en la época de Corcuera. Y –añade–, en realidad, es una medida que termina generando menos beneficio del que se espera, y muchas veces se dispara la inmigración". Desde su punto de vista, "el problema de los puestos de trabajo que no se cubren no tiene nada que ver con los inmigrantes. Los problemas –indica Lacalle– son de costes, impuestos y trabas burocráticas".
Miguel Ángel Bernal: "La ley es interesante si disminuye la burocracia, y en una primera fase no parece haber funcionado mal"
Sostiene Salvador Marín, director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, que la reforma solo tendría efecto si fuera selectiva. Es decir, con "mensajes claros de origen, y sobre todo estableciendo legalmente las condiciones de entrada atractivas, reales y acordes a nuestra estructura de trabajo, porque si no, no será eficaz esa reforma. De lo contrario, puede ser un puro efecto llamada" por cierto, una de las preocupaciones del Ministerio del Interior.
Con otra visión, Miguel Ángel Bernal, economista de Bernal & Sanz Bujanda, afirma que "la ley es interesante si disminuye la burocracia, y en una primera fase no parece haber funcionado mal. Además, aclara, "necesitamos mano de obra para cubrir puesto y ayudar con el roto de las pensiones". Finalmente, Bernal sostiene que "debería haber estímulos y búsqueda de capital humano para puestos de valor añadido como ya hacen Madrid y Málaga".
La postura del diálogo social
Desde la mesa del diálogo social, los empresarios de la patronal apuntan a una solución "parcial" de lo que consideran un problema de mayor escala y con más aristas que simplemente la atracción de trabajadores extranjeros. Por cuantificar el problema, según Eurostat, en el primer trimestre hubo unos 133.000 puestos vacantes en España y el Banco de España alertó que el 28% de las empresas había sufrido la falta de trabajadores.
Según explican a elEconomista.es, hay varias claves que han puesto sobre el debate: la primera, la digitalización, cuyo desarrollo avanza a una mayor velocidad que la propia formación, y una carencia en el mercado laboral español. En este punto cobra importancia la formación, uno de los puntos que destacan los empresarios para cobrar de tecnificación y cualificación a los empleados que pueda absorber el mercado laboral en España.
Otro punto que destaca la patronal de los pequeños empresarios, Cepyme, en conversaciones con este medio, es la falta de relevo generacional y el problema estructural demográfico en España. La jubilación del baby boom expulsará de manera natural a una gran cantidad de trabajadores, y la despoblación –junto al citado problema demográfico– provoca un desacople en los negocios por falta de relevo.
La postura sindical muestra un rechazo plano a esta modificación reglamentaria: a nivel nacional, UGT y CCOO reiteran que el problema de las vacantes es principalmente un tema de salarios. Eso sí, a nivel sectorial, algunos sindicatos sí muestran más interés, según explican fuentes cercanas a la negociación.
