Entre las muchas promesas electorales que han marcado la campaña electoral destaca un clásico en materia laboral: la 'quiniela' de cuánto crecerá el empleo y se reducirá el paro en la próxima Legislatura. Mientras el PP prometía alcanzar los 22 millones de ocupados, el PSOE se ponía como objetivo el "pleno empleo". Pero ambos compromisos chocan con el muro de un paro estructural (el mínimo de desempleo que alcanza una economía sin medidas extraordinarias ni reformas de calado) que puede haberse elevado entre cuatro y cinco puntos respecto a los niveles previos a la crisis financiera.
La clave es el incremento del peso del desempleo de larga duración, que se ha duplicado respecto a 2007, pasando de suponer el 22% del total de desempleados en 2007 al 41% en el primer trimestre de 2023. En ese periodo, la tasa de paro de los que llevan más de un año en paro ha crecido del 1,8% al 5,5%, mientras la general ha pasado del 7,9% al 13,65%, según un análisis elaborado por Asempleo y Ceprede.
La patronal de las ETTs y agencias de colocación considera que esta evolución "manda señales muy claras" de que el paro actual en España "está muy cerca del desempleo estructural" y "va a ser muy complicado" volver a los niveles previos a la crisis financiera. Con ello, el pleno empleo también se convierte en un objetivo cada vez más impensable. También lo parece poder bajar del umbral del 10% de tasa de paro en 2026, como estima la vicepresidenta de Asuntos Económicos en funciones.
Hablar de pleno empleo no depende tanto del número de personas trabajando (ya que es lógico que si la población aumenta estos aumenten) como de su relación con el número de total de activos (es decir, la suma de ocupados y a los parados). Guarda, por tanto, una estrecha relación con el concepto de paro estructural..
En este sentido, los datos del último año son positivos, pero siguen muy lejos de ser suficientes. En el primer trimestre del año, el número de ocupados había aumentado un 1,8% interanual, hasta los 20,4 millones, cinco décimas por encima de la población activa, que ha aumentado un 1,3%. En paralelo, el número de parados ha descendido un 1,47%, hasta los 3,12 millones.
Unos datos que se producen en un contexto en el que, tras el parón de la pandemia, el mercado laboral europeo está dando muestras de sorprendente resistencia ante las incertidumbres derivadas de la inflación y la guerra de Ucrania. Algo que ha permitido a los partidos políticos mostrarse optimistas respecto al desarrollo de los próximos años.
Pero el hecho es que la tasa de paro sigue estancada en el 13% y no da señales claras de mejora. Este 'misterio' puede quedar más claro si comparamos con el momento histórico en el que España estuvo cerca de alcanzar el 'pleno empleo'. O, dicho de otra forma, su nivel de paro estructural. Fue en 2007, cuando la ocupación alcanzó un máximo de 20,7 millones de ocupados y el paro marcó 1,8 millones de parados, con un mínimo de la tasa de paro del 7,9%.
Comparadas con las de hoy, estas cifras suponen un retroceso del 1,4% en el empleo y un incremento del 68% en el paro. Algunos análisis suelen defender que en el aumento del paro influye que la población activa ha crecido; es decir, que muchas personas se incorporan al mercado laboral tras años de desánimo durante la crisis financiera.
Pero los activos solo se han incrementado un 6,9% desde 2007, mientras que el peso de los que tienen entre 25 y 54 años (la considerada edad más productiva) se sitúa en mínimos históricos. Esto apunta a que el desequilibrio del mercado laboral tiene raíces más profundas que las meramente estadísticas.
Además, la reducción del paro se ha frenado. En un año, la tasa de paro ha pasado de caer a ritmos interanuales de 2,7 puntos a retroceder en 0,39 puntos. La mitad de lo que caía antes de la pandemia, cuando se hablaba de una desaceleración del mercado laboral.
De hecho, Asempleo alerta que el paro estructural está hoy más cerca del 13% que del 7,9%. A la espera de los datos de la EPA del segundo trimestre (tradicionalmente bueno para el empleo), que se conocerán esta semana, este mínimo de 'resistencia' puede situarse entre el 13% y el 12% en los próximos años. Un estancamiento incluso mayor del que baraja la AIReF, que habla de porcentaje del 11% desde 2025.
Un paro de larga duración disparado
¿En qué se basa este pesimismo? En la composición del desempleo. La principal diferencia entre el paro de hoy y el de hace tres lustros es el mayor peso de los desempleados de larga duración. Este porcentaje se disparó durante la crisis financiera, pero una década después la recuperación dista mucho de ser completa. Su participación en el total, como decíamos, se ha duplicado prácticamente respecto a entonces.
No solo eso: si la cifra total de desempleados ha crecido en un 67% respecto a 2007, la suya lo ha hecho en un 175%, en especial entre los que llevan más de dos años en desempleo, que se han disparado un 253%. De hecho, estos últimos se han convertido en el colectivo más numeroso entre los desempleados y supone el 28,7% (el triple que cualquier otro grupo de parados). En 2007 estaba en el 13%.
Una de las claves es la edad de estos desempleados: el 52% son mayores de 45 años, 14 puntos más que en 2007. Y la mayoría, un 54%, son mujeres. Algo que explica por qué cuando la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, presentó su propuesta sobre el encarecimiento "disuasorio" del despido improcedente se refiriera a las trabajadoras que superan esta edad como el colectivo potencialmente más beneficiado.
Pero más allá de dificultar el despido improcedente, la calve son los despidos colectivos, que muchas veces abusan de las bajas incentivadas que aprovechan las prestaciones y subsidios pensados para proteger a los desempleados de mayor edad para construir esquemas de prejubilación que acaba expulsándoles del mercado laboral. Por no hablar de la ineficacia de unas políticas activas que no están logrando generar oportunidades a estos desempleados.
En este sentido, resulta significativo que en lugar de legislar para bloquear este modelo, la propia Díaz pidiera ayuda a las ETTs para tratar de contrarrestar sus efectos. Así, estableció que el desarrollo del plan de recolocación externa que acompaña a todo despido colectivo de más de 50 trabajadores deberá procurar el retorno al mercado de trabajo de aquellos "cuyos contratos se hayan extinguido por despido colectivo después de los cincuenta y dos años, evitando toda discriminación por razón de edad".
El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos presentó en la recta final de la Legislatura un plan de modernización de las políticas activas, a través de la Ley de Empleo, con el foco puesto en los desempleados de larga duración. Su desarrollo se ha completado a lo largo de 2023 y hoy se encuentra plenamente vigente, aunque su eficacia es todavía una incógnita.
Según las estimaciones que el ministerio de Asuntos Económicos envió a Bruselas en 2022, esta reforma generaría por sí sola (es decir, al margen de otras medidas en el ámbito laboral) un incremento del 0,6% de la ocupación, es decir, unas 122.000 personas (el equivalente a reducir el número de parados en un 3,99%). Pero un año después, tras la aprobación de la Ley, Calviño actualizó sus estimaciones y las ligadas a políticas activas, simplemente desaparecieron.
