Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

A veinte días de las elecciones, Yolanda Díaz ha consagrado la idea de una 'herencia universal' de 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años como la gran promesa electoral de Sumar. Con una fórmula sacada directamente de las páginas de 'Capital e ideología' del economista francés Thomas Piketty, aunque mucho más barata, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno busca hacer brillar un programa económico sin grandes anuncios y que hasta ahora solo parecía una simple prórroga de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo.

El sobrecalentamiento del mercado laboral es ahora mismo uno de los grandes enemigos del Banco Central Europeo, que libra una batalla descarnada contra el exceso de vacantes, o, más bien, contra su impacto en los salarios, y de ahí en la evolución de la inflación. Pero parece que esta estrategia está condenada al fracaso, y no impedirá que la falta de mano de obra se convierta en un problema que a medio plazo será uno de los principales lastres del crecimiento potencial de la zona euro.

La fiabilidad de los datos de paro es un tema recurrente en el debate de política económica en España, pero nunca ha cobrado tanta relevancia como en la Legislatura que está a punto de concluir. Las dudas alrededor de los ERTEs, los fijos discontinuos inactivos o las personas sin empleo, pero excluidas del paro registrado han centrado numerosos choques del Gobierno, no solo con la oposición, sino con economistas y analistas del mercado laboral. En este escenario, el foco se ha puesto en el Servicio Público de Empleo Estatal, al que se señala como responsable de maquillar las cifras. Pero ¿se sostiene realmente esta acusación?

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, no duda en presentar medidas como la reforma laboral o las subidas del SMI como sus grandes avales más claros ante el electorado, si bien, el impacto de estas medidas es objeto de debate entre los economistas y laboralistas. En lo que no la hay es a la hora de hablar de la ineficacia de otra de sus 'medidas estrella': la 'prohibición' de despedir aplicada desde la pandemia. Una fórmula cuestionada incluso por el Tribunal Supremo y que, sin embargo, acaba de prorrogar hasta finales de 2023, pese a que los datos de despidos en lo que va de año demuestran que su efecto es nulo.

España es el país europeo que peor aprovecha su fuerza de trabajo, en un porcentaje del 20,8% según las estimaciones de Eurostat. Más de la mitad de esta tasa, 12,8 puntos se explican por el paro registrado y otros 4 puntos por los desempleados que se consideran 'inactivos' aunque quieran trabajar. El tercer componente responde al infraempleo de personas que sí trabajan, pero lo hacen a tiempo parcial obligadas porque no encuentra un puesto a jornada completa. Un indicador muy claro de precariedad que pese a la mejora de los últimos años sigue por encima de los niveles de la crisis financiera y se sitúa en cabeza de la zona euro

La primera huelga indefinida en la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha terminado apenas 24 horas después por acuerdo de los sindicatos convocantes, que justifican el fin de los paros por la "intrumentalización" del conflicto por parte del Gobierno que lo ha convertido en una "guerra" por intereses políticos entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo.

Pocas propuestas de política laboral han gozado de un consenso político tan amplio como la de crear un fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido que acompañe a los trabajadores a lo largo de su vida laboral (con independencia de la empresa en la que desempeñen sus funciones), la conocida como 'mochila austríaca'. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la incluyó en su reforma laboral de 2010, aunque no llegó a desarrollarla. Mariano Rajoy la recogió en su programa electoral pero nunca la puso en marcha, igual que Pedro Sánchez, a pesar de que formaba parte de su propuesta de Agenda del Cambio que presentó en 2019. Ahora, el candidato del PP a la presidencia del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a desempolvarla.

Aunque se trata de una modalidad contractual que existe en España desde hace casi 40 años, los fijos discontinuos han cobrado su mayor protagonismo tras la última reforma laboral, que ha multiplicado exponencialmente su uso. La idea era que sustituyeran a los temporales por obra y servicio, pero las críticas de los que lo consideran una fórmula que precariza el empleo indefinido no han hecho sino arreciar. A ellas se suman la polémica por su supuesto maquillaje de las cifras de paro.

El Ministerio de Trabajo ha enviado, a estas alturas de 2023, un total de 41.290 cartas a empresas a causa de malos usos contractuales. Estas cartas afectan a unos 140.000 contratos, según fuentes del Ministerio consultadas por elEconomista.es, de los cuales 90.000 corresponden a fijos discontinuos, lo que supone el 64% del total de relaciones laborales que se estudian.

Seguramente uno de los grandes misterios económicos para el Banco Central Europeo en estos momentos sea la resistencia del mercado laboral en la zona euro, que registra su mínimo histórico de paro pese a un contexto de incertidumbre marcado por la guerra de Ucrania y la subida de tipos para frenar una inflación desbocada. Pero un análisis realizado por LinkedIn revela un dato quizá incluso más desconcertante: las contrataciones se están desplomando a un ritmo que supera con creces el 20%. La explicación a semejante contradicción sería que las empresas han tenido un inesperado éxito para frenar la fuga de talento a base de medidas para retener y "acaparar" sus plantillas.