Pocas propuestas de política laboral han gozado de un consenso político tan amplio como la de crear un fondo de capitalización para las indemnizaciones por despido que acompañe a los trabajadores a lo largo de su vida laboral (con independencia de la empresa en la que desempeñen sus funciones), la conocida como 'mochila austríaca'. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la incluyó en su reforma laboral de 2010, aunque no llegó a desarrollarla. Mariano Rajoy la recogió en su programa electoral pero nunca la puso en marcha, igual que Pedro Sánchez, a pesar de que formaba parte de su propuesta de Agenda del Cambio que presentó en 2019. Ahora, el candidato del PP a la presidencia del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, vuelve a desempolvarla.
El anuncio del líder 'popular' se interpreta en buena parte como consecuencia del fichaje del economista Luis Garicano, ex dirigente de Ciudadanos y uno de los principales impulsores de la idea en nuestro país, en los inicios de la crisis financiera. Pero también como un guiño al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuyo nombre suena en las quinielas de ministrable del PP y que ha defendido esta fórmula en varios informes del supervisor, el último publicado en 2021, mientras se negociaba la última reforma laboral.
Pero ¿por qué nunca se ha materializado una 'mochila austríaca' a la española, pese a que los dos partidos que se han turnado en el poder en la última década, a los que se suma Cs, la han defendido? La razón es que es una idea que sobre el papel es muy atractiva, pero en la práctica plantea demasiadas dudas, para los trabajadores y las empresas.
La mochila austríaca se considera en España como una forma de reducir la "dualidad" del mercado de trabajo, que muchos economistas y analistas achacan a la "sobreprotección" de los indefinidos frente a los temporales. Es decir, es una forma de "abaratar" las indemnizaciones por despido de los fijos, con la ventaja de que el trabajador no percibe un recorte de la indemnización que percibe, ya que este proviene de un fondo. E incluso puede guardarlo para más adelante.
Además, este fondo podría suponer una atractivo negocio financiero, si se gestionan por una empresa de servicios de inversión autorizada, como en Austria, donde el Estado garantiza que la rentabilidad alcance un mínimo, protegiendo de esta forma el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.
Un diseño que, en la España azotada por la crisis financiera y una destrucción de empleo sin precedentes, fue bien recibida incluso por los sindicatos. Lo cual animó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a poner sobre la mesa su implantación.
Una idea sin costes claros
La Disposición Adicional Décima de la Ley 35/2010 de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, contemplaba que dos años más tarde, en enero de 2012, España contaría con un "fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio" que quedaba por determinar. El asalariado podría hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en el Fondo de capitalización en los supuestos de despido, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. No se incluían las dimisiones.
A cambio, las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirían en un número de días por año de servicio "equivalente a lo que se determinara para la constitución del Fondo". Pero esto nunca vio la luz.
La razón clara que el diálogo social estaba fracturado (recordemos que la reforma laboral de Zapatero salió sin acuerdo), lo cual complicaba negociar cuestiones como los días de indemnización cubiertos por el fondo, que se descontarían de lo que pagan las empresas en caso de despido. Pero tampoco la forma de financiar el esquema. La ley prometía que se haría "sin incremento de las cotizaciones empresariales", lo cual suponía la mayor diferencia con la verdadera mochila austríaca.
Aunque la mayor aportación empresarial se compensaría a la larga con el menor coste en indemnizaciones, en el contexto económico de 2010 esto era una línea roja para la patronal. Y la idea de que el Estado lo financiara parecía muy poco creíble con un déficit disparado y la zona euro asomada al abismo de la crisis de deuda más grave de su historia y el foco puesto en nuestro país.
Por último, tampoco se concretaba el modelo de gestión del fondo, una incógnita que, hasta la fecha, ninguno de los partidos que hablan de la mochila se ha atrevido a despejar.
Un año y medio después, en agosto de 2011, el fondo seguía sin existir, pero tras el acuerdo para la reforma de las pensiones, el Ejecutivo socialista logró que patronal y sindicatos se abrieran a negociarlo con la idea de que estuviera vigente en el primer semestre de 2013, un año después de lo previsto inicialmente. Pocos meses más tarde, llegaban las elecciones y con ellas la mayoría absoluta del PP.
Lo que la mayoría de los economistas liberales se preguntan, seguramente, es por qué el Gobierno de Rajoy no desarrolló por su cuenta este fondo de capitalización en una reforma laboral que no contaba con el respaldo ni de patronal ni sindicatos, pero ya acometía una medida tan impopular como abaratar de 45 a 33 días el despido improcedente.
La clave seguía siendo la misma: el coste para las empresas o para las propias arcas públicas en una economía al borde la intervención por parte de Bruselas y con el paro en máximos. Las prioridades eran otras, aunque durante su etapa de Gobierno Rajoy coqueteó con la idea, aunque fuera para granjearse el apoyo de Ciudadanos en su segunda Legislatura.
En cualquier caso, no se puede negar que, pese a las convulsiones internas del PSOE, Pedro Sánchez sí fue coherente con el legado de Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba en lo que se refiere a la mochila austríaca y siguió llevando la fórmula en sus programas electorales. Cuando llegó al poder tras la moción de censura de 2018, y aunque no contaba con apoyos parlamentarios para acometer grandes reformas laboral (ni derogarla de 2012, como prometía), sí mantuvo la idea de este fondo de capitalización en su "Agenda para el Cambio" de la economía española.
La alternativa de Díaz
La formación del Gobierno de coalición con Unidas Podemos se interpretó en su momento como el fin de esa idea, ya que los 'morados' rechazaban, como los sindicatos, cualquier idea que desembocara en una eventual 'rebaja' de las indemnizaciones, sobre todo cuando habían renunciado a su idea de volver a elevarlas de 33 a 45 días. La pandemia, en cualquier caso, cambió las prioridades de política laboral, y los buenos resultados de una medida como los ERTEs reforzó el papel de la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para negociar una nueva reforma laboral que atacaba, precisamente, el gran objetivo de la mochila austriaca: la dualidad.
Aun así, en 2021, mientras se negociaba la nueva regulación del mercado de trabajo el Banco de España publicó un informe en el que planteaba introducirla el fondo de capitalización aprovechando que las ayudas europeas permitían financiarlo, al menos en los primeros años, hasta que las empresas se adaptaran a este coste. Gobierno, patronal y sindicatos hicieron oídos sordos y acordaron en cambio eliminar los contratos temporales por obra y servicio (que suponían la mitad de los que se firmaban).
La fórmula la redujo a niveles inéditos en la historia económica de nuestro país la temporalidad del empleo: los contratos eventuales pasaron de suponer el 90% al 55% de los contratos firmados cada mes, un balance que pese a presentar algunas sombras (como la situación de los discontinuos o una mayor volatilidad del empleo indefinidos ordinario) es mejor en términos de calidad del empleo que el de cualquier reforma laboral emprendida anteriormente.
La cuestión es si estos datos hacen que la mochila austríaca ha dejado de tener sentido. Y aquí hay que dejar claro que, aunque la reforma de Díaz haya reducido la temporalidad, la dualidad del empleo persiste. Un indicador claro es que España mantiene la mayor tasa de rotación del empleo (porcentaje de personas que entran y salen de la ocupación cada trimestre) de la Unión Europea, con porcentajes similares e incluso algo superiores a los de hace un año. Esto apunta a que hay una diferencia en estabilidad del empleo entre trabajadores según su antigüedad (y, por lo tanto, coste de despedirlos), que perjudica claramente la estabilidad laboral de los más jóvenes.
Esto justificaría pensar en la mochila austriaca como una alternativa vigente incluso hoy. El problema es que sigue siendo ante todo teórica. Ninguna de las formaciones políticas que la han defendido, ni siquiera el Gobierno de Zapatero, el único que legisló sobre su implantación, han ofrecido una fórmula para aplicarla. Solo está claro es que replicar sin más el modelo austríaco no parece viable, y no solo por su coste para las empresas.
¿Y ahora qué?
Implantar un fondo de este tipo en España obligaría a repensar el sistema de la protección por desempleo, para evitar desequilibrios entre trabajadores con menor o mayor cuantía acumulada en la mochila. Además, esta indefinición hace que subsistan serias dudas sobre cómo impedir que se convierta en una forma de impulsar las renuncias. Y es que una de las 'ventajas' para las empresas del sistema de indemnizaciones actual es que el trabajador que dimiste pierde la antigüedad y no se lleva nada, lo cual es un desincentivo a la hora de abandonar la empresa. Una mochila que el trabajador conserva, aunque cambie de trabajo, invertiría la situación y la capacidad de negociar con las plantillas, también a nivel salarial.
Por otro lado, la tibia recepción al fondo público de pensiones introducido por José Luis Escrivá, que de por sí ya incluye un incremento de cotizaciones para subsanar el déficit de la Seguridad Social es un indicio de que las empresas no quieren oír hablar de ideas de este tipo si no se les garantiza un coste cero.
Además, está factor político: el plan de Yolanda Díaz se sitúa en las antípodas de la mochila austríaca y aboga por encarecer aún más el despido y no facilitarlo. Teniendo en cuenta que Sumar es clave para reeditar la coalición que mantenga al PSOE en el poder, es evidente para muchos que el Sánchez aparcará la mochila austríaca si esto sucede para no avivar un debate sobre las extinciones de empleo que será clave si toca negociar para formar Ejecutivo. Ni aunque si finalmente la incluye en su programa electoral, en un guiño a la 'ortodoxia' de su propio partido.
En este sentido, el anuncio de Núñez Feijóo tiene como objetivo tomar la delantera y apoderarse de una idea que aún goza de buena prensa entre los economistas (frente a otras como el contrato único), que la ven como una opción para, supuestamente, acercar el mercado laboral español a los estándares de las grandes economías europeas, sobre todo en lo que se refiere al coste del despido.
Pero los hechos siguen siendo los hechos: este fondo de capitalización lleva una década sobre la mesa, pero nunca ha salido de ella. Y nada apunta a que, en el contexto actual, con una situación del empleo mejor que la de 2010 y un descenso notable de la temporalidad, sea una prioridad real para los políticos de ningún partido.
