La primera huelga indefinida en la historia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha terminado apenas 24 horas después por acuerdo de los sindicatos convocantes, que justifican el fin de los paros por la "intrumentalización" del conflicto por parte del Gobierno que lo ha convertido en una "guerra" por intereses políticos entre los ministerios de Hacienda y de Trabajo.
En un comunicado conjunto, los sindicatos convocantes -CIG, CSIF, Usess, SITSS, Sislass, UGT y Upit-, denuncian que el Gobierno "ha instrumentalizado a la Inspección de Trabajo, cuando somos un servicio público, que llevamos desde 1906 trabajando para velar por los derechos de los trabajadores".
Junto a CCOO, que se descolgó de la convocatoria a finales de la pasada semana, los representantes de los funcionarios de la Inspección vienen denunciando desde hace más de un mes que el conflicto laboral se estaba utilizando políticamente tanto por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz como por el de Hacienda y Función Pública de María Jesús Montero.
"Hemos decidido suspender la huelga porque el Gobierno de España ha instrumentalizado a la Inspección de Trabajo. Ha utilizado la Inspección de Trabajo con fines partidistas y nos han querido meter en una guerra de acusaciones políticas", ha asegurado la presidenta del Sindicato de Inspectores, Ana Ercoreca, en declaraciones recogidas por EFE.
Aunque en su último comunicado, los sindicatos acusan directamente al Ministerio de Hacienda y Función Pública de "falta de intención" para cumplir con el plan de refuerzo de la ITSS, ante lo que han decidido terminar con la huelga.
Esta misma mañana, los sindicatos se habían concentrado ante la sede de Función Pública en la madrileña calle de Santa Engracia para exigir al Gobierno el cumplimiento del Plan Estratégico par la Inspección en 2021, así como el compromiso de abril de 2022 para reformar la Inspección de Trabajo.
Los sindicatos tenían la vista puesta en la reunión de la ejecutiva de la comisión interterritorial de retribuciones (Cecir), que en última instancia tendría que aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) que exigen las centrales y aprobó el Gobierno. Sin embargo, Función Pública asegura que se trata de una reunión ordinaria en la que "no se prevé ninguna decisión en lo relacionado con la Inspección (de Trabajo)".
Estas declaraciones han convencido a los sindicatos de que no hay ninguna voluntad de resolver el problema antes de las elecciones, lo que les ha llevado a suspender la huelga iniciada ayer.
Choque entre Trabajo y Hacienda
Los sindicatos convocantes pedían al Gobierno que termine la legislatura cumpliendo con sus compromisos para dotar de más efectivos al organismo, algo que dan por inviable ya.
La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
El conflicto en el organismo ha provocado un choque entre los ministerios de Trabajo y Hacienda. El primero culpa al segundo del incumplimiento de los compromisos que se hicieron a los sindicatos en julio de 2021. Para los sindicatos, "de poco sirve que quede patente la disparidad de criterios y el enfrentamiento" en el seno del Gobierno de coalición "si finalmente el resultado es que la Inspección de Trabajo sigue sin solución para los profundos déficit que padece en la actualidad".
