Madrid
El Ministerio de Trabajo convocó de urgencia en la tarde del miércoles a la Inspección de Trabajo para presentarles una nueva oferta del Ministerio de Función Pública, que dirige María Jesús Montero, e intentar desbloquear la huelga de los inspectores, que empezará el 26 de junio. Este es el primer encuentro que mantienen desde el 24 de mayo. La reunión, que comenzó a las cuatro de la tarde y ha durado 3 horas, mantuvo concentrados a los sindicatos convocantes de la huelga y al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para trasladarles la nueva propuesta. Fuentes presentes en la negociación confirmaron a elEconomista.es que "no hay posibilidad de acuerdo sobre la base planteada por Función Pública" y califican la propuesta como "infame que ignora a colectivos enteros como subinspectores y personal técnico y siniestrado y no se parece en nada a lo negociado".
Desde el Ministerio de Trabajo, trasladaron a este medio antes de la reunión que "el documento está lejos de dar satisfacción al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, sin ninguna mejora concreta para los inspectores y subinspectores que cada día velan por que se cumplan las condiciones laborales y se respeten los derechos de las personas trabajadoras en nuestro país, sin atender las necesidades territoriales y concentra sus escasos esfuerzos en reforzar la plantilla de puestos directivos".
Por su parte, Función Pública recalca que la relación de puestos de trabajo (RPT) es una decisión de Gobierno y se acuerda con los Ministerios, y que esta no es "objeto de la negociación colectiva. Es un trabajo interno del Gobierno". Los Ministerios "no son mediadores con las organizaciones sindicales" para abordar un expediente de RPT.
"Dicho esto, recordar que en mayo de este año se autorizó la inclusión en las OEP de los ejercicios 2023, 2024 y 2025 de 781 nuevos puestos de trabajo, además de un nuevo crédito de 6.150.000€ de productividad extraordinaria para toda la plantilla", explican desde Función Pública.
A esto se suma que todo el personal de la ITSS "se beneficia de las subidas salariales contenidas en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI", firmado con CCOO y UGT en octubre de 2022.
Un alza salarial que contempla una subida del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, junto a un 1,5 adicional variable. Subidas que, en acumulado, pueden alcanzar el 9,8%.
Esta reunión se produce un día después de que los secretarios generales de las dos principales organizaciones sindicales, Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CCOO), hayan enviado cartas a los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz; Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero; e Inclusión, José Luis Escrivá, pidiendo que se cumpla con lo prometido.
"Montero frenó la mejora"
El conflicto estalló hace un mes, el 24 de mayo, cuando Función Pública, dirigido por María Jesús Montero, frenó la reforma de la Inspección de Trabajo, cuando la cartera liderada por Yolanda Díaz esperaba recibir la síntesis del acuerdo. Fuentes sindicales consultadas por este medio comentaban que, tras meses de promesas por parte de Función Pública, finalmente "llaman e informan que no hay nada de lo dicho", generando un "cabreo monumental en Trabajo".
Las mismas fuentes explicaban que esta situación ha generado un "conflicto a nivel político" en el Gobierno de coalición, que incluía esta actualización entre sus acuerdos de gobierno y que se llevaba año y medio negociando, que no tiene "perspectiva de solución".
Durante estos casi dos años, la Inspección se ha movilizado en varias ocasiones por la falta de mejoras, la última en enero del presente curso.
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