Madrid
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, dirigido por María Jesús Montero, frenó ayer (martes) a última hora de la tarde la reforma de la Inspección de Trabajo, cuando la cartera liderada por Yolanda Díaz esperaba recibir la síntesis del acuerdo. Fuentes sindicales consultadas por este medio dicen que, tras meses de promesas por parte de Función Pública, finalmente "llaman e informan que no hay nada de lo dicho", generando un "cabreo monumental en Trabajo".
Las mismas fuentes cuentan que esta situación ha generado un "conflicto a nivel político" en el Gobierno de coalición, que incluía esta actualización entre sus acuerdos de gobierno y que se llevaba año y medio negociando, que no tiene "perspectiva de solución".
Desde el Ministerio de Trabajo explican que "ha causado un profundo malestar" ya que no han "explicado a qué responde esta decisión".
Este rechazo a aprobar la actualización contrasta con los recientes desbloqueos de los casos en Seguridad Social y Justicia, ambos ministerios dirigidos por el PSOE, y que "a cuatro días" de las elecciones municipales y regionales en un marco de rivalidad política, no se haya querido avanzar en la negociación con un ministerio de la otra parte de la coalición, apuntan fuentes conocedoras de la negociación.
Por su parte, desde Función Pública, no desmienten esta información y cuentan a elEconomista.es que siguen "trabajando con normalidad" con el Ministerio de Trabajo "con el objetivo de ampliar el número de efectivos" de la Inspección de Trabajo "para reforzar su importante labor".
Tras más de un año y medio de conversaciones, fuentes de la negociación explican que, en contra de lo prometido, Hacienda se niega ahora a acometer una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Inspección, que ya ha sido convocada y supondría la incorporación de 781 profesionales más y un cambio, a mejor, en la estructura del organismo.
Movimiento de los sindicatos
Ahora, desde las asociaciones sindicales tienen que valorar las acciones a realizar a partir de ahora. Desde CCOO aseguran que "no queda otra" que movilizarse, mientras que en UGT mantienen que la plataforma se reunirá mañana para "decidir qué medidas adoptar".
Aún así, los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han convocado para mañana jueves a mediodía una concentración de protesta ante la Dirección General de Función Pública como parte la segunda fase de movilizaciones que han emprendido para protestar por la "caótica" situación del organismo, afectado por la falta de recursos.
Los sindicatos convocantes de las protestas, llevan tiempo demandando al Gobierno que cumpla con el acuerdo que suscribió con ellos en julio de 2021 para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección.
Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.
Hacienda se posiciona
Desde Función Pública explican a elEconomista.es que, durante este tiempo, "han autorizado un incremento de 781 efectivos para inspectores y subinspectores de Trabajo". Además de permitir "una productividad extraordinaria" de 6 millones de euros. "Esta mejora retributiva se suma al acuerdo salarial ya suscrito, que supone un aumento del sueldo para este año del 2,5%, y que puede llegar a un alza del 9,8% en el periodo 2022-24", explican desde el Ministerio de María Jesús Montero.
También hay que recordar que la ley de Función Pública, que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, establece el horizonte de desarrollo profesional que la Inspección de Trabajo había reclamado, apuntan.
