Las asociaciones convocantes de jueces y fiscales, tras acordar la propuesta planteado por el Gobierno en su quinta reunión en la mesa de retribuciones, han firmado el acuerdo salarial este martes con el Ministerio de Justicia que para la subida de las retribuciones salariales del colectivo en 46,7 millones de euros, lo que suponen 450 euros brutos al mes por persona. Además, han pactado un aumento de plantilla para ambas carreras de cara en aras de mejorar el Servicio Público de Justicia.
El acuerdo supone el incremento de 100 nuevas plazas que se habilitarán en 2023 y otras 100 más para el próximo año 2024. Estas plazas se unen a otras 200 ya aprobadas para cada uno de estos ejercicios. En total, por tanto, serán 300 plazas en 2023 y otras 300 en 2024.
Además, también han negociado que el colectivo mantenga un marco de relaciones con los Ministerios de Justicia y Hacienda y Función Pública, caracterizado por el diálogo continuado. Con ello, "se constituirán grupos de trabajo permanentes, así como una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes, y en cuyo seno se resolverán cuantas dudas e interpretaciones puedan derivarse de la aplicación práctica del acuerdo firmado hoy en su período de vigencia", declara Justicia.
Los funcionarios, tarea pendiente
A pesar de haber solucionado el conflicto con los jueces y fiscales y haber frenado la huelga indefinida del gremio, lo cierto es que los funcionarios de Justicia siguen sin haber recibido ninguna notificación de la Administración de Pilar Llop y están a la espera de que reciban una invitación para poder sentarse en la mesa de retribuciones al igual que han hecho el resto de los trabajadores del Ministerio.
La huelga de los funcionarios de Justicia está causando un grave perjuicio a la ciudadanía que ve mermada su derecho al acceso a la tutela judicial efectiva. El colectivo que ya lleva un mes en conflicto ha paralizado alrededor de 600.000 juicios y 40 millones de actos judiciales, según un comunicado facilitado por Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El funcionariado no está conforme con la actitud que está teniendo el Ministerio de Justicia, que afea la pasividad y la falta de seriedad que está teniendo la Administración con respecto a sus jornadas de huelga. "Ya son millones de personas las que se están viendo afectadas en la práctica paralización de sus asuntos judiciales y del registro civil, por la actitud intransigente, soberbia y clasista de Pilar Llop, que solo atiende las reclamaciones del personal de los cuerpos de mayor titulación, ignorando y despreciando al resto", denuncian.
El colectivo, después del acuerdo obtenido con los letrados y recientemente con los jueces y fiscales, reclaman una mejora retributiva una subida global de 200 millones de euros -hasta unos 430 euros mensuales por funcionario así como también reclaman negociar las bases de la Ley de Eficiencia Organizativa.
El Gobierno le dijo a los funcionarios que después de terminar la negociación con los jueces y fiscales pasaría a dialogar con ellos, y el colectivo no lo ha olvidado, "ya no hay ninguna excusa, en manos del propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto", concluye el comunicado.
Relacionados
- El CGPJ desconvoca el Pleno de este miércoles para valorar la subida de sueldo de los jueces
- Los funcionarios de juzgados y tribunales empiezan este lunes su huelga indefinida
- El Gobierno pone fin a la huelga y pacta con los jueces y fiscales la subida salarial de 450 euros mensuales
- Los funcionarios de Justicia recrudecen su actitud: abandonan la negociación de servicios mínimos
