Entre enero y abril de 2023 se han registrado 303.998 bajas de afiliación al Régimen General de la Seguridad Social por causas clasificadas como despido, un 48% más que hace un año y la cifra más alta de una serie histórica que se remonta a 2013. Este récord desmonta un balance de la Legislatura por parte de un Gobierno que presume de la contención de estas extinciones de empleo gracias a los ERTEs y las polémicas 'prohibiciones' de despedir. Pero el hecho es que los ceses registrados en el arranque del año superan en un 15,6% a los de 2020, que hasta ahora ostentaba el máximo histórico.
Una de las claves de este comportamiento está en la reforma laboral. Y es que al aumentar el número de trabajadores con contratos indefinidos, en los que los que los ceses son más comunes, estos aumentan. Sin embargo, los despidos de estos ocupados han aumentado un 78,6, mientras que la afiliación lo hace a un ritmo del 17%, lo que apunta que existen factores más allá de los estadísticos que explican una evolución que está dejando sin efecto las medidas del Ejecutivo pensadas, precisamente, para contenerla.
El impacto de la pandemia hace tres años obligó al recién llegado Gobierno de coalición a improvisar varias medidas para contener un aluvión de extinciones de contratos motivados por los cierres de actividad a causa de los confinamientos forzados por la crisis sanitaria. La más exitosa, sin duda, fue la puesta en marcha de una 'barra libre' de suspensiones temporales de empleo que se convirtieron en una alternativa para aquellas empresas que confiaban en retomar su actividad normal cuando se superara la situación.
Los ERTEs llegaron a afectar a más de 3 millones de trabajadores, una cifra que fue reduciéndose no solo por la progresiva vuelta a la normalidad, sino porque el Ejecutivo fue endureciendo su acceso para recortar un enorme gasto en prestaciones. Esto llevó a una varada lista de tipos de regulaciones temporales que la reforma laboral redujo a 3: los debidos a causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ERTE ETOP), casi idénticos a los que existían antes de la pandemia; los de fuerza mayor, por causas catastróficas o emergencias, como ocurrió en el volcán de la Palma, y el nuevo Mecanismo RED que tienen carácter sectorial y se activa por decisión del Consejo de Ministros. Estos últimos, hasta ahora, solo se han aplicado en el caso de las agencias de viaje. Como consecuencia, el último día de mayo quedaban únicamente 11.716 afiliados en ERTE, según los datos de Seguridad Social. Aunque algunas empresas buscan vías alternativas, como convertir indefinidos ordinarios en fijos discontinuos.
Estas medidas, sin embargo, no impidieron la destrucción de miles de empleos temporales y en periodo de prueba, pero tampoco de indefinidos en el caso de empresas que no podían hacer frente a la situación provocada por el Covid 19. De hecho, solo los cuatro primeros meses del 2020 se registraron 256.000 bajas de afiliación por despido, el punto más alto de la década, hasta los datos de 2023. En este escenario, el Ministerio de Trabajo introdujo la idea de que las causas que permitían beneficiarse de los ERTEs y otras medidas de choque para mantener empleos "no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido".
Prohibición hasta el 30 de junio
Esta redacción, que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó de "prohibición del despido" se convirtió en la base de una alta inseguridad jurídica de las empresas, hasta que el Tribunal Supremo dictaminó que si no se hablaba claramente de la nulidad del despido esos despidos podrían realizarse, aunque serían considerados improcedentes. Aun así, Trabajo volvió a utilizar esta idea en los decretos de ayudas aprobados por la crisis de Ucrania, que siguen vigente hasta el 30 de junio.
Técnicamente, el Gobierno podría prorrogarlas mediante un decreto ley que sería convalidado por la diputación permanente del Congreso, siempre que justifique su inmediata y urgente necesidad. Pero esto no parece previsible, al menos en la parte laboral: no solo no han frenado los despidos, sino que estos han alcanzado un nuevo récord pese al buen comportamiento del empleo.
Los datos del primer cuatrimestre del año arrojan dudas sobre la eficacia a largo plazo de las recetas implementadas en 2020. Pese a que el Gobierno ha transmitido su confianza en que reformas como las de los ERTEs evitarán despidos. Algo que, por el momento, no se estaría produciendo.
El repunte de los despidos en el último año ha sido un fenómeno sorprendente, que se vincula claramente a la reforma laboral y el aumento de los indefinidos. Las extinciones de estos trabajos han pasado de suponer el 76% al 92% del total.
Eso sí el incremento de los ceses y el de la afiliación no es proporcionales. Los despidos de indefinidos crecen a tasas del 78% (y de un 66% respecto a 2020) mientras los afiliados lo hacen en un 17%. Esto explica que la cifra global de despidos anote un máximo que por primera vez rebasa las 300.000 bajas.
Los despidos no son la primera causa de baja de afiliación de trabajadores con contratos indefinidos a la Seguridad Social, ya que quedan por detrás de las bajas de fijos discontinuos que pasan a la inactividad o las dimisiones de trabajadores, Pero son una de las variables que más han llamado la atención de los analistas sobre el impacto de la reforma laboral.
Investigadores de Fedea, BBVA Research o incluso el Banco de España, consideran que son un síntoma de la 'precarización' del empleo fijo con la nueva ley, algo que enlaza con el auge de bajas en periodo de prueba. Aunque desde el Gobierno se responde que esta rotación sigue siendo muy inferior a la de los temporales y a la que existía antes de su norma en el conjunto del mercado laboral.
Despidos causados por la incertidumbre
Otros recuerdan que los despidos (con independencia de si son indefinidos o temporales) son un síntoma de la incertidumbre económica. Los despidos por causas objetivas, que son los vinculados a motivos económicos, productivos o de organización de las empresas. Estos han aumentado un 64% interanual para el total de trabajadores, hasta los 125.554, el segundo dato más alto de la serie después de 2020. Una cifra que muestra que muchas empresas afrontan la necesidad de adaptarse no solo al contexto económico sino también al impacto de la tecnología.
Sin embargo, las cifras también revelan que la primera causa de despido sigue siendo la disciplinaria. Y estos sí han alcanzado el máximo de la serie, tras dispararse un 44% en lo que va de 2023. Se confirma así una tendencia al alza desde que España empieza a superar la crisis financiera, en la que los despidos disciplinarios, que no conllevan asociada indemnización, son la primera causa de extinción. Algo que se mantuvo incluso en 2020, durante la pandemia.
Disciplinarios y objetivos son las únicas causas que repuntan en 2020. Por el contrario, la bajas por despidos colectivos y los declarados improcedentes retroceden. Estos últimos, suponen apenas un 0,15% de los registrados en la Seguridad Social, aunque esta infrarrepresentación se explica porque la declaración de improcedencia se produce tras un acto de conciliación o proceso judicial que raras veces se concluye antes del registro de la baja por parte de la empresa.
En cualquier caso, la estrategia electoral de Diaz se centra en estos últimos. Por un lado, pactó con Bildu en la Ley de Empleo que entró en vigor en febrero reforzar el papel de la inspección de Trabajo en la verificación de las causas de despidos colectivos, aunque su aplicación no se ha clarificado aun, por lo cual su impacto se considera, de momento, nulo. Por el otro, insiste con la idea de establecer indemnizaciones variables en casos de despidos improcedentes en función de las situaciones personales de los trabajadores. Ninguna de esta medidas, en todo caso, parecen servir de contrapeso ante la evolución de los datos.
