Aunque se trata de una modalidad contractual que existe en España desde hace casi 40 años, los fijos discontinuos han cobrado su mayor protagonismo tras la última reforma laboral, que ha multiplicado exponencialmente su uso. La idea era que sustituyeran a los temporales por obra y servicio, pero las críticas de los que lo consideran una fórmula que precariza el empleo indefinido no han hecho sino arreciar. A ellas se suman la polémica por su supuesto maquillaje de las cifras de paro.
El debate se ha intensificado con la campaña electoral, en la que Gobierno y oposición se han enzarzado en un cruce de reproches que, muchas veces, generan todavía más dudas alrededor de una cuestión ya bastante compleja de por sí. Y en la que un debate sobre el mercado laboral cada vez más polarizado y simplista no ofrece respuestas a las preguntas que hacen los ciudadanos.
¿Son contratos precarios?
Los contratos fijos discontinuos siempre han tenido un carácter problemático. Existen desde 1976, pero no fueron considerados contratos indefinidos de pleno derecho hasta 1984. La razón son las dudas que suscita que estén ligados a actividades eventuales pero recurrentes. Cuando estas terminan, el trabajador no es despedido, sino que el pasa a la inactividad: es dado de baja de afiliación a la Seguridad Social hasta que la empresa vuelve a llamarle. Durante ese periodo no cobra ningún sueldo ni la empresa cotiza por él, aunque puede buscar otro trabajo para complementar.
Aparte de esto, sus condiciones laborales y de cotización son idénticas a las de un indefinido y si es despedido (esté en periodo de actividad o no) tendrá derecho a la misma indemnización de 20 días por año en caso de despido por causas objetivas, más alta que la de los temporales, que solo llegan a 12 días. Eso sí, si el despido es improcedente el coste es el mismo en ambos casos: 33 días por año trabajado.
La fórmula se consideraba idónea para sectores como el turismo. De hecho, la reforma laboral del PP de 2012 ya incentivó su uso en este sector, con un enorme éxito en comunidades como Baleares. Este precedente es el que animó a Gobierno, patronal y sindicatos a extender la fórmula al resto de actividades en la reforma de 2021.
En cualquier caso, el problema con los fijos discontinuos son los periodos de inactividad y el ritmo de los llamamientos. Aunque el Gobierno insiste en que tener un contrato 'reservado' es siempre mejor que no tener nada, como ocurre con los temporales, el hecho es que hablamos de meses sin cobrar un sueldo (a no ser que tenga un segundo empleo), lo cual genera una incertidumbre que la regulación de los llamamientos (diferente por cada convenio de empresa o sector) no contribuye precisamente a calmar.
Además, son contratos mucho más volátiles que el resto de indefinidos. Según los datos de Seguridad Social, cada mes el equivalente al 30% de los afiliados con contrato fijos discontinuos pasan en algún momento a ser dados de baja por 'pasar a la inactividad'. Y el 60% se firman por ETTs.
En cualquier caso, aunque el Ministerio de Trabajo oficialmente insiste en negar la precariedad de estos empleos, el hecho es que centran seis de cada diez relaciones laborales investigadas por la Inspección, apunta a que es muy consciente de ese riesgo.
¿Deben contar como parados?
Los fijos discontinuos, como cualquier otro trabajador, se pueden inscribir como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo autonómicos. Si en ese momento están inactivos y, han cotizado lo suficiente para ello, pueden pedir al SEPE una prestación o subsidio por desempleo. Es una situación similar a la de cualquier parado registrado, pero también recuerda a la de los trabajadores afectados por ERTE o perceptores de subsidio agrario que no son considerados como tales. Y nunca lo han sido.
El Gobierno esgrime la "Orden del 11 de marzo de 1985 por la que se establecen criterios estadísticos para la medición del paro registrado". Un texto que en un apartado número uno establece qué colectivos quedan excluidos de esta categoría. Y se explicita que entre ellos están los demandantes de empleo con una ocupación, aunque no trabajen. La lista es detallada y se incluyen a los que tienen suspendido el contrato al estar afectados por un ERTE y también a los beneficiarios del subsidio agrario. Aunque no hay ninguna mención explícita a los fijos discontinuos, se sobreentiende que es su mismo caso.
Pero el apartado 2 de la misma Orden añade: "De los colectivos de trabajadores demandantes de empleo que, en virtud del número anterior, se excluyen a efectos estadísticos del paro registrado se ofrecerá mensualmente información estadística". Aquí es donde el Ministerio de Trabajo incumple su propio mandato, porque, aunque de los beneficiarios del antiguo PER sí tenemos datos no se desglosan ni los afectados por ERTE ni de relación laboral.
De hecho, los académicos y analistas han aprovechado la polémica de los fijos discontinuos como ejemplo de manual de la falta de claridad de las estadísticas que publica el SEPE. Para empezar, establecen dos categorías distintas de demandantes ocupados y con relación laboral (donde están los trabajadores que no trabajan, según su metodología), pero no detallan cuáles proceden de ERTEs o de contratos fijos discontinuos.
Incluso el propio gabinete de prensa de Trabajo ha caído en esta ceremonia de la confusión: durante los primeros meses tras la reforma laboral aseguraba a los periodistas que los fijos discontinuos inactivos no eran demandantes ocupados con relación laboral, sino DENOS (Demandantes No Ocupados), que es donde figuran los beneficiarios del antiguo PER.
Aunque este lío no es imputable solo a Yolanda Díaz, que en marzo de 1985 tenía 13 años, sino a todos sus predecesoras y predecesoras al frente del Ministerio de Trabajo. Aunque el formato actual, denominado SISPE, es veinte años posterior y se remonta a 2005. Así que resulta muy difícil acusarla de haber cambiado las estadísticas para 'maquillar' los resultados de la reforma laboral. En este sentido, si cumple el compromiso que hizo en enero de este año de publicar el desglose, lo que haría será un ejercicio de transparencia histórico. La pregunta es por qué no lo ha hecho ya.
¿Distorsionan las cifras de paro?
Pero, aunque no se pueda hablar de un maquillaje intencionado por parte del Ejecutivo, la cuestión de si los fijos discontinuos distorsionan las cifras de paro sigue siendo pertinente. Y es que el número de contratos de esta modalidad se ha disparado a niveles impensables antes de la reforma. Así que su impacto al pasar a la inactividad, como ocurrió con los ERTEs, es algo a tener en cuenta.
Aunque no puede analizarse sin datos desagregados. Así, la propuesta de Fedea de utilizar como indicador el paro efectivo, que añade al paro registrado el de los demandantes con relación laboral, no pasa de ser una aproximación: ni todos estos inscritos son fijos discontinuos los que lo son están necesariamente inactivos.
Pero hay algo que sí sabemos: incluso los servicios públicos de empleo los cuentan mal. Habitualmente, el SEPE y los servicios públicos de empleo autonómicos cotejan la clasificación de los inscritos como demandantes para depurar errores. Por ejemplo, que una persona con una relación laboral vigente se registre como parado. Por lo general este supuesto afecta a unas 3.000 personas de media al mes. Y aunque registró un repunte tras la reforma laboral. La sorpresa llegó en octubre de 2022.
Las comunidades autónomas recibieron una notificación del SEPE para revisar las inscripciones de los fijos discontinuos porque se habían detectado problemas en su clasificación., Como consecuencia, 52.000 parados registrados se convirtieron en demandantes con relación laboral, en un mes en el que el paro bajo en 27.000 personas. Así que sí: este ajuste, efectivamente, distorsionó los datos de paro. Algo que incluso llegó a repercutir en las estadísticas mensuales de paro de Eurostat (que a diferencia de las trimestrales se nutren parcialmente de los datos del SEPE).
En noviembre, fueron más de 17.000 y la revisión en el conjunto del año superó las 120.000 personas, aunque en los meses siguientes se normalizó, lo que apunta a que la corrección se ha completado.
El Gobierno sigue sin reconocer esta operación, aunque maneja los datos, como demostró cuando los filtró en una respuesta parlamentaria al PP en febrero, en la que reconocía más de 400.000 fijos discontinuos "excluidos del paro". En este punto, hay que recordar que el PP estaba perfectamente al tanto de lo que ocurría, ya que en las comunidades donde gobierna gestiona los servicios públicos de empleo y la gestión de demandas, pero Génova se hizo la sorprendida.
En cualquier caso, hay que recordar que esta polémica solo afecta a los registros del SEPE. Los datos de la Encuesta de Población Activa sí pueden contar a los fijos discontinuos inactivos como parados, siempre que cumplan un requisito clave: estar buscando empleo. Si no, cuentan como inactivos. Sin embargo, los datos del INE no desglosan cuál es cual, con lo cual es difícil concretar este impacto en el desempleo. Aunque la ocupación es otra historia.
¿Inflan el empleo?
Los fijos discontinuos que pasan a la inactividad son dados de baja a la Seguridad Social. Este es el argumento al que se aferra el ministro José Luis Escrivá para acusar al PP de tergiversar la realidad en este asunto. Pero el responsable de Seguridad Socia se cuida muy bien de profundiza en lo que esconde esta afirmación, y es la volatilidad de su empleo. Como decíamos más arriba, las bajas de fijos discontinuos por pasar a la inactivad equivalen al 30% del total de afiliados. Evidentemente, se ven contrarrestadas por un volumen similar de altas (si no, los fijos discontinuos se reducirían en lugar de aumentar), pero la cifra deja clara que la volatilidad de estos trabajadores es enorme.
Quizá por ello el propio ministro insiste en el peso residual de estos contratos, que suponen un 4,5% de los empleos (porcentaje que se eleva al 6,5% en el caso de los asalariados). Aunque sorprende la insistencia en este dato porque no habla bien de la calidad de sus empleos. De hecho, la EPA cuenta un 35% menos de fijos discontinuos que la afiliación. Hay que tener en cuenta que los datos de Seguridad Social son una media mensual que rebaja la volatilidad, mientras que los del INE, aunque corrigen distorsiones estacionales y de calendario, provienen de una encuesta realizada en un momento concreto, en el que el que había menos fijos discontinuos trabajando de lo que estima el departamento de Escrivá.
Pero hay otro fenómeno llamativo que se está produciendo en los últimos dos meses y que tienen que ver no con los pasan a la inactividad son los que regresan de ella. Y es que en abril y mayo la afiliación de los fijos discontinuos ha crecido más que la de los indefinidos ordinarios y los temporales. Algo que se explican porque el inicio de la temporada turística hace que muchos vuelvan a ser llamados por las empresas, y vuelven a ser dados de alta.
A diferencia de lo que ocurre con las bajas, no hay datos que expliquen cuantas personas son dadas de alta por este motivo, pero lo que está claro es que el repunte de los fijos discontinuos no se corresponde con los contratos firmados. Un indicio de que la mejoría del empleo depende mucho de la reactivación de estos contratos y no de la creación de puestos de trabajo.
¿Qué hacer con ellos?
El debate sobre los fijos discontinuos se ha centrado tanto en su impacto estadístico que parece haber soslayado como mejorar el empleo y la estabilidad de estos trabajadores, más allá de los cambios en términos legales. La reforma laboral dejaba un amplio margen a la negociación colectiva para que las empresas se adaptaran a esta modalidad contractual, pero esto ha generado problemas. Así, ha habido algún caso, como el convenio del calzado, que ha convertido a esta figura en una forma de ERTE encubierto, permitiendo la conversión de indefinidos ordinarios en fijos discontinuos como alternativo a los despidos colectivos.
Yolanda Díaz, obviamente, tampoco baraja 'autoenmendar' su propia reforma laboral. Por un lado, porque la oposición lo usaría en su contra. Y por otro, porque patronales y sindicatos ya empiezan a alcanzar acercamientos por su cuenta.
El V Acuerdo de Negociación Colectivo se desmarca del sector del calzado y plantea una negociación clara y transparente de los llamamientos, para que empresas y trabajadores tengan claro a qué atenerse, aunque lo que plantean es, simplemente, cumplir lo que ya dice la reforma laboral. Pero bajo cuerda, se sigue hablando de cuestiones como el papel de las ETTs, que ya firman seis de cada diez nuevos contratos de este tipo.
Lo que sí ha hecho la ministra en activar la Inspección de Trabajo para vigilar el uso de los fijos discontinuos, especialmente por parte de las empresas de trabajo temporal, aunque está por ver qué pasos tomará si tras las elecciones revalida en el cargo o se lo encomienda a alguien de su equipo, en el que no faltan los expertos laboralistas.
Por su parte, PSOE y PP siguen enzarzados con los datos sin que sus propuestas recojan medidas significativas más allá de la polémica. Los 'populares' hablan de 'desmaquillar' las estadísticas, aunque es algo en lo que no han entrado en sus épocas en la Moncloa (los cambios de 1985 y la introducción del SISPE se hicieron con el PSOE). Ni tampoco las comunidades donde gobiernan han publicado sus datos de fijos discontinuos.
Pero más allá de las declaraciones políticas, sí existen partidarios de retocar la reforma laboral para regular mejor los llamamientos o sancionar a las empresas que abusen de ellos. Aunque esto supondría un cambio legal menor que contaría con el aval de Bruselas, seguramente la patronal lo considerarían una intromisión y una merma de la flexibilidad de la que ahora disponen para utilizar esta figura.
