A veinte días de las elecciones, Yolanda Díaz ha consagrado la idea de una 'herencia universal' de 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años como la gran promesa electoral de Sumar. Con una fórmula sacada directamente de las páginas de 'Capital e ideología' del economista francés Thomas Piketty, aunque mucho más barata, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno busca hacer brillar un programa económico sin grandes anuncios y que hasta ahora solo parecía una simple prórroga de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo.
Así, Díaz ha evitado la propuesta más reclamada desde las filas de la izquierda: recuperar la indemnización por despido improcedente de 45 días que la reforma laboral del PP recortó a 33 días. La ha sustituido con un aumento selectivo de la compensación según las circunstancias personales (como el género o la edad) de la persona afectada, pero sin mayor concreción aparte de decir que lo negociará con patronal y sindicatos, aunque los precedentes de esta Legislatura apuntan a que solo le basta pactar con los segundos.
El acuerdo con UGT y, sobre todo, CCOO ha modulado su discurso electoral en todos los ámbitos laborales. Cuando hace unos días, el líder del PSOE Pedro Sánchez anunció que garantizaría que el SMI alcanzaría siempre el 60% del salario medio, Díaz se apresuró a decir que la propuesta se quedaba corta, pero lejos de concretar un porcentaje criticó que la decisión corresponde al diálogo social (aunque la legislación española da plenos poderes al Ejecutivo para tomarla sin consenso con los interlocutores sociales).
Poco después, Díaz lanzó su propuesta para "reducir el tiempo de trabajo" recortando la jornada legal de 40 a 37,5 horas semanales en 2024, con la posibilidad de llegar a las 32 horas una década después. La idea no caló especialmente entre la ciudadanía por dos motivos claros: 37,5 horas ya es la jornada media semanal efectiva en España, según Eurostat, que también sitúa a nuestro país como campeón de infraempleo. Quizá tampoco ayudó que Díaz lo 'vendiera' como "salir una hora antes del trabajo", cuando para eso habría que reducir la jornada legal en cinco horas semanales (a 35 horas), no 2,5 como implica su propuesta.
Falta dinero o sobran jóvenes
Estos aparentes errores de cálculo, o más bien de falta de explicación de los mismos, han salpicado también a la 'herencia universal'. Sin olvidar que Sumar se guarda buena parte de los detalles en la manga para la campaña, los expuestos hasta ahora por la propia Díaz son confusos. En su última formulación, habla de 20.000 euros para todos los jóvenes que lleguen a los 18 años con un coste aproximado de 8.000 millones de euros al año, una cifra que queda muy por debajo de los casi 12.000 que se abonan cada mes a los pensionistas.
El problema es que, según el censo demográfico que publica el INE, cada año cumplen 18 años más de medio millón de jóvenes. Esto elevaría el coste de repartir 20.000 euros por chaval a 10.000 millones, no 8.000 millones. Con su 'presupuesto' previsto actual se dejaría fuera a cinco de cada diez de los potenciales beneficiarios, lo cual supone que la herencia no es tan "universal". A no ser que module por niveles de renta, algo que tiene lógica pero que Díaz se ha cuidado mucho de mencionar, ya que supondría que no todos van a recibir esos 20.000 euros.
Precisamente esta inconcreción le granjeado críticas incluso entre el PSOE. Abría fuego la vicepresidenta Calviño esta misma mañana en una entrevista en TVE. "Quien proponga medidas que consistan en dar subvenciones, ayudas, así, sin ningún tipo de restricción, ni nivel de renta, ni un objetivo concreto, tiene que explicar cómo lo financiaría, porque en los próximos años tenemos que seguir con una política fiscal responsable", advertía.
Aunque aquí Calviño olvida que su Gobierno ya introdujo la posibilidad de estudiar una "herencia pública universal" en su hoja de ruta para la España de 2050 "para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación".
La 'herencia universal' es una vuelta al concepto de renta básica universal que, en España se ha materializado en realidades tan polémicas como la del Ingreso Mínimo Vital, limitada a los más vulnerables (aunque según las estimaciones de la AIReF el 65% se queda fuera). Para vencer las críticas a los efectos de una medida de este tipo, Piketty la presenta como una ayuda a la emancipación de los jóvenes, vinculada a proyectos de emprendimiento o la compra de una vivienda. Y el tope de edad se situaba en los 25 años y el importe en un 60% del patrimonio medio, unos 120.000 euros según sus cálculos. En España, esto supondrían entre en 6 y el 4,8% del PIB.
Recorte a Piketty
En lo que solo cabe calificar como un ejercicio de realismo, Díaz rebaja la edad y, sobre todo, la cuantía. Pero también se olvida de la vivienda para hablar solo de "emprender o formarse". Quizá para no vincular su propuesta estrella a las que ha presentado basadas en recetas mucho más clásicas como la construcción de vivienda pública sostenible y asequible, aunque en ningún caso parece factible que se puedan pagar con 20.000 euros. Además, existe el riesgo de que una ayuda así afecte al alza a los precios en nuestro país.
Sin embargo, sí parece contradictorio que, en lugar de destinar esos 8.000 millones a mejorar (y hacer más barata) la educación pública se destine directamente a los jóvenes, lo que se puede convertir en un estímulo para subir los precios de las matrículas.
Aunque aún más paradójico parece invitar a los jóvenes al emprendimiento cuando la receta se sustenta en un alza de los impuestos a las grandes empresas. Algo que en la práctica, siempre ha afectado a pymes y autónomos españoles. Reducir la tributación de los jóvenes emprendedores y mejorar las ayudas para iniciar un negocio, como ya hacen las comunidades autónomas, se antoja más eficaz.
En cualquier caso, aunque la exégesis que Díaz hace de las tesis de Piketty apela a la redistribución de renta y la justicia social, parece obviar que España es el país con mayor tasa de paro de la zona euro tanto en paro convencional como senior cuando ella misma es la ministra de Trabajo.
Y es que los entre 10.000 y 8.000 millones del coste de la herencia universal duplican con crees el presupuesto anual de las políticas activas de empleo. Destinarla a este concepto permitiría disparar el presupuesto de programas de empleo destinados a los jóvenes que empiezan en el mercado laboral, quieren emprender un negocio o prepararse adecuadamente para ello mientras estudian. Algo por lo que Díaz no ha apostado en su reforma de los contratos de formación ni el Estatuto de Becario, más centrados en limitar el uso de estas figuras que en mejorar el aprovechamiento que pueden hace de ellas los jóvenes.