La promesa de Pedro Sánchez de fijar por ley que el salario mínimo interprofesional (SMI) sea siempre el 60% del salario medio del país fue reprobada hoy por los empresarios y afeado, por escasa ambición, por la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz.
"Yo creo que el señor Sánchez, candidato del PSOE, se ha quedado corto porque la Carta Social Europea habla de, al menos, el 60% del salario medio", manifestó durante unas jornadas celebradas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizadas por la Apie y BBVA, tras reivindicar que las mejoras conseguidas fueron por su empeño.
"Yo he subido el SMI hasta el 60%, como recomienda la Carta Social Europea", reivindicó. Señaló que se ha situado en 1.080 euros, "con diálogo social" como obliga el artículo 27 de la Constitución, en una crítica directa al presidente del Ejecutivo. Minutos antes, en el mismo foro, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguraba que tanto empresarios como CCOO se enteraron por la prensa del anuncio de Sánchez.
En opinión de Díaz es adecuado revalorizar los ingresos en función de variables como la inflación, la productividad o la situación económica, pero juzgó insuficiente el planteamiento de Sánchez porque el SMI de "España se encuentra a 25 puntos de distancia de las medias salariales del resto de Europa".
"Nuestra propuesta es continuar subiendo el SMI como indica el articulo 27 -en diálogo con los agentes sociales-, no nos vamos a quedar en los 1.080 euros. Si volvemos a gobernar se volverá a subir", agregó y argumentó que el SMI ejerce además un "efecto tractor" sobre el conjunto de las rentas en el país".
La ministra expuso que el salario medio en España son 21.600 euros, que da una nomina de 1.522 euros en 14 pagas, que estimó baja. "No se puede vivir con dignidad en nuestro país", remarcó.
Depósitos e hipotecas
A preguntas de si habría que fijar por ley la remuneración de los depósitos que esta semana solicitó Nadia Calviño con una nítida contestación por parte de la banca, Díaz marcó distancias con un "está bien", pero "se queda muy corto". A su juicio "la urgencia hoy, por el impacto social, es actuar en las cuotas hipotecarias".
En el programa de Sumar figura un bono social, con inyección directa de ayudas, para hipotecas de hasta 250.000 euros y con una antigüedad de hasta 10 años, que tendría un coste de 1.000 millones de euros.
Su intención es importar un mecanismo fijado en Grecia para 'blindar' las cuotas de amortización en hipotecas variables, apuntando que la escalada del euríbor las encarece 300 euros al mes de media por la "insensata" subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Díaz detalló que su propuesta establece un ingreso directo e "inmediato" de 1.000 euros al hipotecado.
Frente a las buenas cifras macroeconómicas que resalta Sánchez, Díaz expuso que detrás de ellas hay "malestar social" evidente por culpa de la subida de los precios en productos y servicios por la alta inflación y la escalada de los tipos, mientras que los salarios no suben tanto. "La cesta de la compra y el impacto hipotecario están empobreciendo", agregó.
El coste del bono indicó que lo haría "a través del impuesto que grava a las entidades" dado que es "evidente" que los códigos de buenas prácticas aprobados para dar alivio hipotecario "no funcionan", como lo prueba que frente al objetivo de ayudar a 4 millones de hipotecados, el Banco de España rebajó su impacto a 200.000 y el "dato real" es que apenas se han acogido 10.000 hogares.
CEOE lo califica de "error"
El SMI estuvo este jueves también en foco de los empresarios. "Me acabo de enterar", confesó Garamendi al ser cuestionado al respecto y desveló que le ocurrió igual al líder de CCOO, Unai Sordo.
"Creo que estos planteamientos donde además no se incluye diálogo social son un auténtico error", lamentó, remarcando que son medidas que tienen "mucha incidencia" en ciertos sectores como en el campo y lo que causan es "meter en pérdidas a empresas".
Censuró que son promesas fáciles de plantear cuando el esfuerzo corre a cuenta de un tercero. "Es como decir: te invito a cenar pero pagas tú la cena", elaboró antes de denunciar que no se está aplicando en el sector público. "Seguimos sin implementar en los contratos públicos ese mismo SMI", afirmó en alusión a funciones, por ejemplo, de limpieza de diferentes administraciones públicas.
Garamendi, que eludió entrar a valorar programas políticos hasta que haya un Gobierno y plantee el suyo, arremetió contra la demonización del empresariado que se ha hecho desde sillones del Consejo de Ministros y criticó que se no hayan pedido dimisiones cuando el ataque ha sido con nombres y apellidos además contra empresarios.
"Hay algo que nosotros no podemos compartir y nos parece no solo un error, sino auténticamente lamentable, que es el ataque que se ha venido recibiendo en los últimos tiempos al mundo empresarial como justificante a cualquier actitud e, incluso, el no pedir a alguno que dimita y que se vaya del Gobierno porque realmente dice: no, es de un partido. No, no, es un ministro de Gobierno y creo que no tiene pase", manifestó.
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