Junto a la vivienda, una de las grandes bazas electorales que maneja el ala socialista del Gobierno es la de la formación profesional. No solo de los estudiantes, sino también la de los trabajadores y desempleados en un entorno cada vez más afectado por la digitalización. Pero mientras la vicepresidenta económica Nadia Calviño habla de un "pacto por la recualificación", las empresas que prestan la formación bonificada se han puesto en pie de guerra ante lo que consideran un 'ataque' por parte del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz.
El fondo del problema responde al modelo que regula la formación profesional para el empleo en España, y sobre todo su financiación, a través de las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas.
Cada nómina de un trabajador por cuenta ajena (o de un autónomo) incluye una cuota de formación del 0,1%, mientras que las empresas abonan un 0,6% adicional por empleado. En total, un 0,7% de cuota por la que, anualmente, se recaudan unos 2.100 millones de euros, según recuerda la Asociación, Formación y Empresa (AformaE).
La cuestión, según denuncia esta organización que engloba a las empresas que se dedican a la formación bonificada, es que esta cuantía no se destina a la formación, sino que el Gobierno la retiene. El propio Ejecutivo reconoció que el remanente a finales de 2021 rondaba los 2.700 millones de euros, aunque cálculos del sector prácticamente duplican la cifra acumulada desde entonces.
¿Para qué la retiene, sino se destina a formación? Patronales y empresas de la formación siempre han sospechado que se destina a formación de desempleados u otras partidas de políticas de empleo. Pero esto se ha confirmado con la redacción del artículo 65 de la Ley de Empleo impulsada por Yolanda Díaz.
Dicho artículo establece que, si el remanente, supera los 2.000 millones de euros durante dos ejercicios consecutivos, podrá utilizarse en el siguiente "para financiar programas o servicios de políticas activas de empleo siempre que incluya la mejora de las competencias profesionales". Es decir, la cuota de formación deja de ser finalista y ya no se destina exclusivamente al fin para el que se recauda, lo que para AformaE lo convierte en un "impuesto al empleo".
De hecho, el pasado 3 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el reparto de 867,2 millones de euros "procedentes de la cuota que abonan las empresas y los empleados para acciones formativas" que se destinarán a "más de 217.000 trabajadores empleados y desempleados", según recogen las referencias y notas de prensa de Moncloa. Pero esta cantidad, que proveine del presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ni siquiera llega al 32% del remanente reconocido por el Gobierno.
'Acoso' del SEPE y la inspección
Todo ello en un momento en el que la recualificación de los trabajadores ante la transformación digital se ha convertido en un reto para el Ejecutivo y uno de los focos de la recta final de la Legislatura. La vicepresidenta económica Nadia Calviño pedía cerrar este mismo año un "pacto por la recualificación", coincidiendo con el arranque la presidencia española de la UE. Pero frente a las palabras de Calviño, las empresas que forman a sus trabajadores denuncian el acoso de Díaz.
La clave es la formación bonificada, que se diferencia de la subvencionada, de financiación pública, y ligada a cursos gratuitos para empleados y desempleados por entidades públicas, sindicatos o centros privados autorizadas. En el caso de la bonificada son las propias empresas las que contratan los cursos para sus empleados y anticipan los costes, que posteriormente se recuperará a través de las bonificaciones a la cuota de formación.
Desde 2015 la Ley establece controles para determinar que estos cursos tengan relación con el objeto comercial y el sector en el que opera la compañía. Y muchas empresas se encuentra con notificaciones del SEPE o la Inspección de Trabajo con multas y sanciones por supuestos incumplimientos de la obligación de prestar una formación supuestamente inadecuada a sus trabajadores.
"El problema de quien interpreta la ley, que decide por su cuenta y riesgo qué es adecuado y qué no lo es", denuncia José Luis García Guglieri, presidente de AformaE, quien afirma que estas "cartas y multas amenazantes" llevan a una "crisis reputacional brutal" para quienes ofrecen la formación. Y un problema serio paras las empresas a las que se reclaman sanciones por hasta cientos de miles de euros por causas que les resultan incomprensibles.
Beneficio a la formación subvencionada
"El caso es que cuando esas empresas empiezan a recibir amenazas de manera injusta, lo primero que hacen es desconfiar de quien le ha ofrecido la formación, y lo segundo, no volver a contratar un curso nunca más en su vida", advierte el empresario. AformaE asegura además que muchos procesos abiertos por el SEPE "terminan en nada", aunque tras procesos "muy largos" que pasan irremediablemente por el juzgado.
Otras fuentes del sector denuncian que Trabajo no solo se ha negado a modificar la Ley para mejorar la seguridad jurídica de los afectados, sino que la ha acentuado por la "automatización" de las cartas, que se generan por cruces automáticos de los datos de Seguridad Social y Sepe) está.
Todo ello no solo con afán recaudatorio, sino para "desmantelar" la formación bonificada, que gestionan las propias empresas y autónomos, en favor de la subvencionada, pactada entre el Gobierno, grandes patronales y sindicatos. De hecho, acusan directamente a Díaz de tratar de desmantelar el sector "por la puerta de atrás" con sus medidas.
