La avalancha regulatoria en materia laboral desatada con el estallido de la pandemia en 2020 no ha hecho sino acelerarse en la recta final de la Legislatura. Y no solo desde los departamentos competentes en la materia. Mientras los ministros compiten entre ellos para sacar adelante sus proyectos 'estrella', el volumen de textos legales que afectan al ámbito del empleo se incrementa. Y con ello, los errores y contradicciones que disparan la inseguridad jurídica de empresas y trabajadores.
El pasado 28 de febrero, el Boletín Oficial del Estado publicó dos normas recién aprobadas por las Cortes: la nueva Ley de Empleo, impulsada por el Ministerio de Trabajo, y la conocida como Ley Trans, elaborada por Igualdad. Ambas modificaban el mismo apartado c del artículo 16 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para ampliar las sanciones a las prácticas discriminatorias en procesos de selección.
El problema es que la versión del departamento que dirige Yolanda Díaz es mucho más completa. Primero, se amplía a "cualquier proceso de intermediación o colocación" y recoge nuevos supuestos que van desde la salud a "cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Es decir, en la práctica, consideraría infracción muy grave a cualquier forma de discriminación en el acceso al empleo demostrable como tal, sea por el motivo que sea.
Pero la del departamento de Irene Montero recupera la redacción anterior (de 2015) y solo añade la "identidad sexual, expresión de género y características sexuales". El problema es que, al publicarse ambas redacciones en el BOE a la vez, la norma a aplicar queda en un limbo hasta que se introduzca una versión posterior a través de una enmienda en otra norma. Y el Gobierno puede dar gracias por ello: si la Ley Trans se hubiera publicado más tarde hubiera derogado la Ley de Empleo para volver a la versión del texto que aprobó el PP.
Lo ocurrido se debe a una sorprendente falta de coordinación en la tramitación y negociación parlamentaria de ambas normas, que el Ejecutivo prevé resolver a través de una enmienda.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, la corrección "está a puntos de aprobarse y, por tanto, estará vigente en los próximos días". En cualquier caso, a día de hoy ni las empresas ni la propia Inspección de Trabajo (que determinan las sanciones) tienen claro a qué atenerse.
"Deficiente técnica legislativa"
Es un ejemplo que la asociada sénior del área de laboral de Gómez-Acebo & Pombo, Laura Castillo, censura como una "deficiente técnica legislativa". Aunque no es el único. Por ejemplo, la Ley Trans también obliga a crear planes de igualdad LGTBI para las empresas de más de 50 trabajadores, cuando los planes de igualdad convencionales hablan de "50 o más". Algo que parece una cuestión de matiz pero que Castillo advierte que se convierte en un quebradero de cabeza para muchas pymes, que ya están asumiendo un "bombardeo de norma difícilmente asimilable por empresas de su tamaño".
Pero tampoco el Ministerio de Trabajo está libre de errores. Sin ir más lejos, la Ley de Empleo incluía una "autoenmienda" a la reforma laboral que permitía a cualquier empresa hacer contratos temporales de no más de 12 meses vinculados a las políticas activas de empleo. Además, afectaba tanto a los parados beneficiarios de los programas como al personal encargado de desarrollarlos
El Gobierno rectificó esta idea en el trámite parlamentario, después de que elEconomista.es publicara las implicaciones de esta redacción. Aunque no fue el único fallo que tuvo que subsanar: También se percató de que había 'borrado' a las víctimas del terrorismo en la larga lista de colectivos prioritarios en la atención a la hora de inserción laboral.
Este creciente número de erratas, entre las que se pueden incluir la reciente corrección, el 30 de marzo, de la orden de cotización de la Seguridad Social para 2023 que sorprendió a las empresas a puertas de la Semana Santa, se suman a los problemas generados por otras normas laborales, como las vinculadas a las "prohibiciones" de despido introducidas durante la pandemia y prorrogadas desde el estallido de la guerra de Ucrania. El Tribunal Supremo ya ha dejado claro que este veto no es tal, porque el Gobierno no lo hizo explícito legalmente. Aun así, Trabajo se ha empecinado en no cambiar la redacción de una propuesta cuya eficacia sigue defendiendo.
Pero también se dirime en los tribunales el alcance de la disposición de la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de nuevo impulsada por Montero, que establece la nulidad (esta vez sí correctamente expresado) de un despido durante la baja de incapacidad temporal al considerarlo discriminatorio. Varias sentencias, en un sentido y otro, matizan el sentido de esta discriminación, con lo cual será el Alto Tribunal el que decida.
A esto se suma la cuestión de la indemnización del despido improcedente por encima de los 33 días. Varias sentencias se encomiendan al artículo 24 de la Carta Social europea para elevarlo, pero si el Gobierno no cambia la ley (algo que parece enfrentar al ala socialista del Gobierno con el equipo de Yolanda Díaz) es previsible que otra vez el Supremo fije límites a estos casos. Eso sí, tras una oleada de procesos judiciales.
"La implementación de las normas se hace con las empresas navegando en un escenario de incertidumbre y zonas grises, ante un escenario de creciente judicialización", resume Castillo. Son problemas crecientes derivados de una avalancha normativa que en muchas ocasiones se aprueban por procedimientos de urgencia, utilizando la vía del real decreto ley.
Atenta al derecho de defensa
La directora de laboral de Andersen en España, Raquel de la Viña, explica a elEconomista.es que sólo en 2022 la producción normativa fue un 22% superior al año anterior, además con 20 reales decretos-ley, "cuando estos deben reservarse para casos extraordinarios y de urgente necesidad".
Esto lleva a una lista creciente de "errores y deficiencias" que trascienden la normativa laboral, como se ha visto "en la Ley del Sólo sí es sí y la Ley de Bienestar Animal, con vacíos en regulación que tienen impactos esenciales en la realidad social". Pero también económica.
De la Viña considera que estas prácticas no solo "atentan contra el principio de seguridad jurídica", sino también el derecho de defensa de las partes reconocido por la Constitución. "No tiene sentido ninguno y no aporta al mercado laboral ni a la sociedad que se regule sin ton ni son", advierte.
Así, recalca que esta incertidumbre no solo "lastra la productividad" y frena la contratación: también "amplía el margen de error en las interpretaciones de normas" por parte de los empleadores, lo que acaba disparando la tarea de los tribunales, "sobrecargados desde hace años".
