Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

La cuestión del dominio del inglés de nuestros políticos vuelve a cobrar actualidad después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconociera públicamente que necesita mejorar en este ámbito. Si llega a ganar las elecciones, no sería el único inquilino de La Moncloa que ha estado en esta situación, lo que lleva que muchos se pregunten cómo alguien puede aspirar el Ejecutivo sin dominar la lengua de Shakespeare. Aunque lo cierto es que la política española no parece tan diferente a las empresas: solo el 20,5% de las ofertas de empleo en nuestro país exige hablarlo, una tasa 14 puntos inferior a la media de la Unión Europea.

Un año y medio después de su aprobación, la reforma laboral arroja un saldo claramente positivo si analizamos la mayoría de las estadísticas que se utilizan para medir la calidad del mercado de trabajo en España. Aunque existe una excepción: el volumen de trabajadores que abandonan o comienzan un empleo cada trimestre. Son las dos caras de una 'Gran Rotación' que España sigue liderando en la Unión Europea, sin que parezca haberse atenuado con la norma impulsada por Yolanda Díaz.

La intensa creación de empleo tras la pandemia ha pasado de ser una señal de la fortaleza y resiliencia de las economías del euro frente a las dificultades, a ser considerada un problema para el Banco Central Europeo,  que entiende que el 'tensionamiento' del mercado de trabajo es uno de los factores que más influye en la persistencia de la inflación. Y los datos avalan sus temores: tras ocho subidas consecutivas de tipos, el deseado 'enfriamiento' no llega. De hecho, economías clave del euro como Alemania y Países Bajos aún registran más puestos sin cubrir que parados.  

Los datos de la Oficina Europea de Estadísticas arrojan luz sobre una de las principales polémicas de la recta final de la Legislatura: la fiabilidad de los datos de desempleo. Las cifras publicadas por Eurostat confirman que España suma a sus 3,02 millones de parados registrados otras 985.000 personas que no trabajan, pero no se cuentan como tal y 1,1 millones de infraempleados, obligados a trabajar a tiempo parcial por no encontrar un puesto a tiempo completo. Suman 2,09 millones de personas, la cifra más baja desde 2009, pero sigue dejando a nuestro país como el que peor aprovecha su fuerza de trabajo en toda la Unión Europea.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha pasado de ser el pilar del "escudo social" lanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la pandemia a convertirse en uno de sus grandes quebraderos de cabeza. La opinión de la AIReF, que reduce a 284.000 los hogares que los recibieron en 2022, el 35% de los potenciales usuarios, se suma a una larga lista de varapalos recibidos por la medida impulsada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El número de vacantes de empleo alcanzó en el primer trimestre el máximo de la serie elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y que se remonta a 2013. Se registraron 149.645 puestos por cubrir, 15.657 más que hace un año, un incremento del 11,7%. Aunque este récord se explica por el empleo público: aporta el 81% del aumento neto interanual de los puestos sin cubrir.

El contrato para artistas y personal técnico y auxiliar en espectáculos públicos, creado por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en marzo de 2022 para liberar al sector de las exigencias de su propia reforma laboral, se consolida como la modalidad más precaria de todas las que se firman en el mercado laboral español. El pasado mayo, se firmaron 29.517, con una duración media de 4,81 días. Es más, en todo el mes solo seis se convirtieron en indefinidos.

El porcentaje de mayores de 45 años en el paro registrado alcanzó el pasado mes de mayo el 57,17% el máximo de una serie histórica que se remonta a 1996, cuando suponían el 22%. Un récord que confirma que los trabajadores seniors afrontan cada vez más dificultades para retomar su carrera profesional.

El debate sobre qué hacer con los parados que rechacen ofertas de trabajo no es nuevo, pero ha arreciado en un contexto marcado por las quejas de algunos sectores por la falta de mano de obra. En los últimos días, diversas voces políticas se han sumado a un debate que parte de una premisa clásica: que estos desempleados deberían ser sancionados con la retirada de la prestación que perciben. Aunque existe un dato muy a tener en cuenta y que a nadie parece interesarle poner sobre la mesa: las vacantes que los servicios públicos de empleo ofrecen a esos mismos parados se han desplomado un 16% en el último año, según los datos del SEPE.

El fantasma de la automatización lleva décadas planeando sobre el mercado laboral español, si bien el temor a que los robots sustituyan en cada vez más tareas a los humanos parecía difuminarse en una economía cada vez más orientada al sector servicios que a la industria manufacturera. Pero el impulso que ha recibido la inteligencia artificial en los últimos años está sacudiendo de nuevo estas expectativas y muchas empresas empiezan a analizar las fórmulas de las que disponen para ajustar sus plantillas ante una transformación que, ahora sí, parece inevitable y de mayor alcance de lo previsto.