El fantasma de la automatización lleva décadas planeando sobre el mercado laboral español, si bien el temor a que los robots sustituyan en cada vez más tareas a los humanos parecía difuminarse en una economía cada vez más orientada al sector servicios que a la industria manufacturera. Pero el impulso que ha recibido la inteligencia artificial en los últimos años está sacudiendo de nuevo estas expectativas y muchas empresas empiezan a analizar las fórmulas de las que disponen para ajustar sus plantillas ante una transformación que, ahora sí, parece inevitable y de mayor alcance de lo previsto.
Según el último informe del Foro Económico Mundial sobre el futuro del empleo, el 17% del empleo en España se verá directamente afectado por los cambios tecnológicos y económicos en el próximo lustro, un porcentaje inferior en cinco puntos al global, que se eleva al 23%. Pero entre los factores de cambio, las expectativas sobre la inteligencia artificial parecen positivas.
Las empresas españolas que confían en que creará empleo superan en 29 puntos porcentuales a las que auguran que lo destruirán. Una brecha de optimismo mayor que la de la media del estudio, que se sitúa en unos 25,6 puntos, y del resto de Europa, donde apenas llega a los 13 puntos.
¿Significa esto que España está mejor preparada que nuestros vecinos para el reto? No necesariamente. El mismo informe apunta a que España es, junto a Letonia, el único país que prioriza la inversión en diseño y experiencia de usuario sobre la destinada a inteligencia artificial en su estrategia de transformación digital. Un dato que apunta a que las empresas españolas quizá no han puesto por completo el foco en lo que esta tecnología puede suponer para su actividad y sus empleados.
Nuestro país vive inmerso en una intensa apuesta por la digitalización. Aunque sus resultados siguen lejos de ser satisfactorios en materia de creación de ocupados TIC y modernización del tejido productivo, como denuncian desde los analistas tecnológicos a los sindicatos. Unas carencias que el Gobierno prevé resolver tirando de fondos europeos, lo que quizá justifica, en parte, las buenas las perspectivas que manejan muchas empresas. Pero la inteligencia artificial es una incógnita.
Dentro de la etiqueta "inteligencia artificial" hay muchas tecnologías que llevan utilizándose años en España, y que, de hecho, han sido objeto de regulación como en la famosa Ley Rider e incluso se discuten en la negociación de los convenios colectivos. Pero la llegada de la inteligencia artificial generativa supone un nuevo salto en este proceso que ha pillado a muchos trabajadores, empresas y sectores por sorpresa.
Y esta incógnita hace que muchas empresas se pregunten cómo podrán adaptarse a una tecnología que, por un lado, puede hacer más productivos a sus trabajadores, pero también perder competitividad respecto a otras empresas, nacionales o foráneas que automaticen puestos que hasta hace poco no se consideraban posibles ni rentables: desde el tratamiento de datos, a la escritura de código a la redacción de textos y creación de imágenes de todo tipo. La pregunta que muchos se hacen es cómo adaptar sus procesos productivos y sus plantillas a este cambio... y que hacer con los trabajadores que no puedan ajustarse.
Despido como última opción
¿Se puede despedir por el impacto previsto por la IA? No es una pregunta sencilla. Aunque algunas empresas ya han anunciado despidos colectivos que justifican por el impacto de esta tecnología, lo cierto es que esto no es tan fácil de demostrar ante un juez. En España hay cuatro causas objetivas que justifican un despido colectivo con una indemnización de 20 días por año trabajado o, como alternativa, acogerse a un ERTE: económicas, que pueden justificarse por pérdidas actuales o previstas,, organizativas, productivas y técnicas.
Las causas técnicas son las que más se pueden vincular con el impacto directo de una nueva tecnología, pero no se pueden hacer en previsión de lo que pueda ocurrir con ella. Además, la buena noticia para los trabajadores es que la gran mayoría de las regulaciones de empleo por este motivo no son despidos, sino suspensiones de contrato o reducciones de jornada. Es decir, ERTEs.
Los cierto es los despidos colectivos anunciados en los últimos meses en España que se justifican por la IA en realidad se deben en realidad a causas económicas porque las empresas han registrado pérdidas o caída de la actividad o han perdido clientes. No por el impacto previsto de la tecnología.
Aunque este escenario puede verse algo trastocado por una reciente sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 17 de abril que abre una peculiar vía: permite realizar un ERTE en previsión de futuras causas técnicos, productivos u organizativos. Es decir, una empresa puede suspender contratos, aunque no esté en una situación complicada ni prevea estarlo, sino porque debe adaptarse al impacto de la IA.
El alcance de esta resolución está siendo objeto de debate entre los laboralistas, aunque el propio texto advierte de que no avala un uso "abusivo o fraudulento" de la facultad de suspender contratos, que "deberá acomodarse siempre a las necesidades productivas con respeto al ejercicio de los derechos fundamentales y al principio de no discriminación". Pero algunos van más allá y apuntan a que los argumentos de la sentencia podrían incluso extenderse a los casos en los que se producen despidos.
La línea roja del Mecanismo RED
A pesar de que la economía sigue creciendo y se crea empleo neto, la inteligencia artificial es una fuente adicional de incertidumbre en las empresas. Algo que confirman los despachos de abogados consultados por elEconomista.es, que halan de un creciente número de consultas sobre la posibilidad de hacer despidos colectivos.
Aunque hoy por hoy, los ERTEs, y en especial los de suspensión de contrato, acaparan la gran mayoría de las regulaciones de empleo, el 82%. Una señal evidente que las empresas apuestan por esta fórmula sobre las extinciones para su transformación, al menos por ahora. Y el Gobierno quiere que siga siendo así.
Para eso diseñó el Mecanismo RED, un tipo de ERTE pensado para reconversiones sectoriales, en previsión precisamente del impacto de la evolución tecnológica. La norma debe recoger la aprobación del Consejo de Ministros, que hasta ahora solo ha actuado en el caso de las agencias de viajes. Más allá del abono de prestaciones salariales, lo que plantea es dar margen a las empresas para adaptarse y a sus trabajadores para formarse. Pero la pregunta sigue ahí: ¿qué ocurre cuando no pueden hacerlo?
En una de las primeras versiones del Mecanismo RED incluida en la negociación de la reforma, se planteaba que estos trabajadores pudieran ser incluidos en despidos colectivos. Algo que en el marco de la negociación se interpretó como un guiño de la vicepresidenta económica Nadia Calviño y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, a sectores como la banca y que no prosperó por el rechazo de Yolanda Díaz y los sindicatos. Consideraban que ya era fácil prescindir de esos trabajadores, generalmente de mayor edad, como para crear ex profeso una nueva causa de ERE.
Algoritmos sobre IA
El consenso actual de empresas y sindicatos es abordar el desafío de la Inteligencia Artificial con el menor número de despidos posible. Y esto pasa por ERTEs más flexibles y diseñados específicamente para estos casos. El problema del Mecanismo RED es su aplicación, ya que solo puede tomar la decisión el Gobierno por petición de las patronales y los grandes sindicatos. Eso resta agilidad a las empresas, que buscan otras vías para poder hacer ERTEs. O incluso sustituirlos.
Aunque se trata de un sector, a prior, no afectado por la inteligencia artificial, el calzado ha sentado un polémico precedente en esta dirección. En su convenio colectivo recoge que en caso de que las empresas" atraviesen por dificultades", y como posible alternativa "menos lesiva a la extinción colectiva de contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas" se priorizará la eventual transformación de los contratos indefinidos en fijos-discontinuos como mecanismo siempre para evitar la destrucción de empleo.
La idea de convertir a los fijos discontinuos en una especie de ERTE no gusta a la patronal CEOE, Cepyme ni a las centrales sindicales. En el V Acuerdo de Negociación Colectiva se hace una encendida defensa de los ERTEs (con el foco en los de reducción de jornada sobre los de suspensión de contratos, eso sí) y el Mecanismo RED, apostando por desarrollar contenidos formativos para recualificar a las plantillas.
Aunque, por otro lado, la mención a la inteligencia artificial se enfoca en el uso de los algoritmos para controlar a los trabajadores y evaluar automáticamente su desempeño a los trabajadores, una derivada de la Ley Rider pacta con el Gobierno a finales de 2020 que obligaba a aportar a los sindicatos información sobre estas herramientas digitales, usadas especialmente en plataformas digitales.
Pero el documento no incluye menciones a la robotización o automatización de procesos, en los que las posiciones están mucho más alejadas. Los sindicatos, que sí prevén que la inteligencia artificial destruya empleos, quieren penalizar fiscalmente a las empresas y las tecnologías compensando a las arcas púbicas por el empleo destruido y la caída de cotización que le acompañe. Algo a lo que los empresarios se niegan de plano.
