Las elecciones han paralizado la solución al error legislativo en materia laboral más llamativos de los últimos meses. Un episodio que tiene como protagonistas a los ministerios de Trabajo, de Yolanda Díaz, y el de Igualdad, de Irene Montero, y que deja en en un limbo a las sanciones por discriminar a un candidato a un puesto de trabajo por motivos de salud, ya sea en una entrevista de trabajo o cualquier otro proceso de intermediación laboral. El Ejecutivo lleva semanas asegurando que zanjará definitivamente la cuestión en una norma de "inminente" aprobación por parte del Consejo de Ministros. Pero esto sigue sin ser así.
