El Consejo de Ministros especificó cuál será la cuantía de la ya conocida como "la mayor oferta de empleo público de la historia por parte de la Administración central" española, una cifra en la que hay mucho que analizar.
En concreto, serán 44.787 plazas en 2022, lo que implica que el Gobierno de Pedro Sánchez echará el resto este año, a las puertas de las próximas elecciones generales, a la generosa política de personal que caracteriza a su Ejecutivo desde 2018. De hecho, cinco años han bastado para que el total de plazas ofertadas ronde las 155.000, más del doble (un 141% de incremento) con respecto a los 63.970 que acumuló el expresidente Mariano Rajoy en seis años.
Conviene resaltar que estos números buscan ser lo más exhaustivos posible y tienen en cuenta la oferta de empleo anual de la Administración central en todas sus dimensiones. En otras palabras, se tienen en cuenta las plazas de nuevo ingreso, las propias de la promoción interna y las de estabilización del personal interino.
A ello hay que sumar las vacantes propias de las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el personal de la Administración de Justicia, además de los relevos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se trata de unas cifras, estas últimas, que ni Gobierno ni sindicatos concretaron cuando dieron a conocer las primeras líneas generales de la "nueva oferta histórica" de puestos de trabajo en la función pública.
Lo cierto es que en 2021 ya se batieron los registros cuando la oferta de plazas se situó por encima de las 30.000 en ese ejercicio, pero las fuentes sindicales consultadas aseguran que este tipo de políticas resulta necesario "para no descapitalizar el Estado".
Compensar la crisis
"La Administración General del Estado (AGE) está muy mal y, aunque es una oferta muy grande, se ha perdido mucho en los últimos años", añaden desde las centrales especializadas en la función pública.
Cabe recordar en este punto, de acuerdo con los sindicatos, que con las cifras de la última década encima de la mesa, el impacto de la crisis económica supuso un freno en la renovación de los puestos funcionariales de la administración al menos hasta 2016, la penúltima oferta aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy que ya rozó las 20.000 nuevas plazas para el conjunto de ese año, en el que nadie podía sospechar los problemas que se plantearían en ejercicios posteriores, debido a la epidemia de Covid y al nuevo conflicto bélico que sufre Europa.
Desde hace años, insisten en que "estas cifras no son suficientes para reducir la pérdida de efectivos sufrida en los últimos años que se sitúa en torno al 22%, ni para hacer frente a las jubilaciones que se van a producir. Desde 2021, hasta 2030, se estima que el 56,30% de la plantilla se jubilará", advierten.
"La voluntad del Ejecutivo"
El Gobierno se alinea con estas tesis y así lo puso de manifiesto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta semana. En ese foro, puso énfasis que esta oferta de empleo nace del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública y "refleja la voluntad del Ejecutivo" de que las Administraciones Públicas cuenten con los recursos necesarios y de estabilidad laboral. "El Gobierno, dentro de su ADN más íntimo, tiene el de fortalecer las políticas públicas y para eso se necesitan trabajadores y estabilidad laboral", agregó Montero.
Pero más allá del Estado, lo cierto es que las últimas Encuestas de Población Activa muestran una sostenida tendencia de las Administraciones públicas a elevar sus plantillas, pese a la contundencia de la última crisis, y a batir marcas históricas en el cómputo global, que incluye tanto funcionarios como personal contratado.
Es el caso de las comunidades autónomas, hasta el punto de que, al cierre de 2021, dichas Administraciones acumularon un total de 2,08 millones de asalariados. Lograron así un hito del que no hay precedentes en los 20 años que acumula la serie estadística que maneja el IN. Es más, ese récord se está consolidando, dado que la EPA más reciente, la relativa al primer trimestre de este año, mostró una cifra prácticamente idéntica (2,075 millones) de personas al servicio de los Gobiernos autónomos.
