El mes de mayo cerró con 2,9 millones de empleados públicos, según los registros de la Seguridad Social, el dato más alto de la serie histórica. Una cifra que supone un incremento del 3,4% respecto al mismo mes del año anterior. Supera con ello al del resto de la economía, que quedó en el 2,7%. Eso sí, pese a que las cifras coinciden con las elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo el mayor aumento se lo anota el Gobierno central, que disparó un 7,5% sus afiliados.
Lo paradójico es que tanto comunidades como entes locales han incrementado la afiliación a la misma tasa que el sector privado, un 2,7%. Aunque los comicios suponen una oportunidad para que los políticos de las diferentes administraciones jueguen la carta del empleo público, en esta ocasión no han batido a empresas y autónomos que en los primeros meses del año se ha visto impulsado por un dinamismo económico mayor del previsto a cierre de 2022, en buena parte por el repunte del turismo tras tres años marcados por la pandemia.
El Gobierno insiste en que la creación de empleo es mayor en el sector privado no es inferior a la del público. Se aferra a las cifras absolutas: 482.000 afiliados en el primero respecto a 96.000 en el segundo. Y es que los trabajadores del sector público, sumando los tres niveles de administración apenas suponen un 14% del total de afiliados: 412.547 en el Gobierno y organismos centrales, 1.762.821 en las comunidades y 750.569 en los ayuntamientos, frente a 17.889.461 en el resto de la economía. Pero este argumento es una verdad solo a medias: el incremento relativo es mayor en el sector público y, concretamente, en el que depende de Moncloa.
Así, la brecha entre el crecimiento del empleo público y privado en el último año la ha provocado directamente el esfuerzo de Ejecutivo de Pedro Sánchez por 'engordar' la plantilla estatal en la recta final de la Legislatura. Los trabajadores adscritos a la administración central han aumentado casi el triple no solo que los del sector privado, sino también que el de las administraciones autonómicas y las locales, que suponen el 61% y el 25%, respectivamente, del empleo público.
Los datos de los últimos años permiten apreciar que el gran ganador de la carrera por la creación de empleo ha sido el Gobierno, especialmente tras la pandemia. Marca las mayores tasas interanuales de incremento interanual de la afiliación desde otoño de 2022, cuando empieza a batir al privado pese al repunte experimentado por este tras la crisis sanitaria. El empleo en la Administración Central marcó en mayo su mayor incremento interanual en una década, a diferencia de la relativa moderación en el autonómico y el local, pese a la cita electoral.
En el caso de las comunidades, el mayor incremento de la afiliación se registró durante la pandemia, debida ante todo la contratación de profesionales sanitarios y otros servicios esenciales en los que tiene competencias. Un motivo que el Gobierno central no puede esgrimir.
Una jugada poco rentable
Por su parte, el empleo de los ayuntamientos, mucho más volátil, tuvo su momento álgido en las elecciones del año 2015, para desinflarse en las siguientes. El caso de los entes locales muestra que, políticamente, el empleo público no es demasiado rentable rentable: en 2015 el PP sufrió un batacazo electoral que le hizo perder buena parte de su poder local. Hasta los comicios de 2023 no había vuelto a postularse como primera fuerza a nivel territorial.
La afiliación en la Administración central ha seguido el camino inverso. De hecho, el crecimiento interanual anotado 2023 es el más alto de la serie y supera el de las elecciones generales de 2015, 2016 y las dos de 201.
El Ejecutivo de Sánchez explica el incremento de la oferta pública por el envejecimiento de la plantilla funcionaria y el plan para reducir el uso de interinos. Pero ambos supuestos explican una consolidación de la plantilla, no un incremento como el que se ha producido. Y mucho menos que se produzca justo al inicio del ciclo electoral.
¿Blindar a asesores?
El 54,8% del empleo público se concentra en los funcionarios propiamente dichos, seguido de actividades postales y de logística (un 23%), vinculadas a Correos y de actividades de arquitectura e ingeniería (un 12%), vinculados a la SEPI. Aunque dentro de la categoría 'funcionarios' entran militare y policías, el número neto de estos no se ha incrementado, porque sus plazas se deben a relevos por retiro o jubilación.
El peculiar reparto eleva las sospechas de que el Ejecutivo está aprovechando la recta final de la Legislatura para 'blindar'' a sus afines en puestos públicos. No en vano el Ejecutivo de Sánchez ha elevado un 24% el gasto en asesores que pueden verse sin trabajo ante un revés electoral.
Si analizamos la evolución no a nivel interanual sino en el conjunto de la última década, fijando como punto cero el inicio de la serie de Seguridad Social, en octubre de 2013, se aprecia que no hay brecha entre empleo público y privado hasta 2019, cuando el segundo empieza a perder fuerza en detrimento del primero, arrastrado por los funcionarios autonómicos. El central, que hasta entonces se había mantenido contenido y en línea con el de los ayuntamientos, se empieza a disparar. En octubre supera por primera vez en la década, al de empresas y autónomos en octubre de 2019, coincidiendo con las negociaciones entre PSOE y Podemos.
La pandemia no hace sino alimentar esta brecha. Las comunidades elevan el nivel de empleo público por la contratación de sanitarios y educadores mientras el Ejecutivo central tira de funcionarios propiamente dichos y personal de organismos como Correos y la SEPI. El empelo privado, mientras tanto, sigue creciendo. Pero lo hace a un ritmo menor que el de las dos administraciones. Los únicos funcionarios que mantiene una línea contenida son los de los ayuntamientos.
