El consejo de ministros ha aprobado este viernes la mayor oferta de empleo público (OEP) en los últimos 10 años. En total, el Gobierno habrá creado este año 30.844 plazas, una cifra que, según Meritxel Batet , ministra de Política Territorial y Función Pública, es la más elevada desde 2008. Sin embargo, el Ejectuvio no ha dado a conocer el impacto presupuestario que va a tener esa medida en las cuentas públicas y tampoco el gasto que va a suponer en los próximos ejercicios.
A todo esto hay que sumar que el el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que ejecutar esta creación de empleo público en un contexto desfavorable. Después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado el nuevo techo de gasto y la senda de déficit propuesta, el Ejecutivo va a tener que aplicar ajustes por valor de unos 16.000 millones de euros, aproximadamente un 1,4 por ciento del productor interior bruto (PIB) de España, al tener que adaptarse a un déficit del 1,3 por ciento y a la ruta económica que previamente propusiera y aprobara el Gobierno de Mariano Rajoy.
Ante esta situación el Gobierno tendrá que evisar sus prioridades, aunque desde el ejecutivo aseguran que el empleo público se va a encontrar entre las intocables.
Tres decretos
Para poner en marcha la oferta de empleo público anunciada, el consejo de ministros ha aprobado tres decretos que permitirán la creación a lo largo de este año de unos 23.156 puestos de trabajo, a los que hay que sumar las 7.688 plazas que ya se convocaron el pasado mes de abril para docentes y Fuerzas de Seguridad del Estado y que cuentan como de 2018. De esta manera se llega a las 30.844 plazas citadas.
Sin embargo, la creación de empleo neto de esta oferta es de 1.909 plazas, un 58 por ciento superior a la oferta de empleo que en 2017 permitiera el por entonces responsable de las cuentas públicas, Cristóbal Montoro.
En cualquier caso, el Gobierno no reveló el coste que va a tener la generación de nuevas plazas, un gasto en empleo que no se va a frenar aquí. En los próximos seis meses se aprobará otro real decreto para la estabilización de empleo temporal de la Administración General del Estado, que el Ejecutivo argumenta que estará vinculado a los Presupuestos Generales de 2018.
De las 23.156 plazas aprobadas este viernes, 17.299 son de nuevo ingreso y de promoción interna, otras 5.534 corresponden a procesos de estabilización en la Administración General del Estado y de Justicia y, finalmente, 323 son para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados.
De las citadas, 11.095 plazas son solo para nuevos ingresos en turno libre, de las que 8.289 se asignarán a personal funcionario, 1.892 a laboral y 914 a Justicia. En el caso de las plazas de promoción interna, otras 6.024, de las que 5.277 serán para de personal funcionario, 700 para personal laboral y 227 para la Administración de Justicia.
Mientras, de las 5.534 plazas de estabilización de personal temporal, 2.862 corresponden a la Administración General del Estado (todavía no ejecutadas) y 2.672 a la Administración de Justicia.
Para sectores prioritarios
Estos puestos de trabajo se destinarán a reforzar sectores "prioritarios" para el sistema público como la Seguridad Social y la lucha contra el fraude, la gestión de prestaciones por desempleo, seguridad y emergencias, Instituciones Penitenciarias y a reforzar la atención al ciudadano en servicios públicos.
"Iniciamos una senda de recuperación y de poner en valor lo público. Necesitamos recuperar a la Administración y a los empleados públicos como garantes de las personas más necesitadas", reivindicó Batet quien resaltó que la Oferta Pública llega respaldada por cuatro de los cinco sindicatos presentes en la Mesa General de la Administración General del Estado: CSIF, CCOO, UGT y CIGA.
Con la aprobación de la medida, el Gobierno de Pedro Sánchez da continuidad a la racha de creación de empleo público de los últimos meses. Desde el tercer trimestre de 2017, la generación de puestos de trabajo en el sector público está por encima del privado, una tendencia que en el segundo trimestre de este año se repitió con un 3,8 por ciento de crecimiento -en el sector privado la evolución se quedó en un 2,64-, según la EPA.