Las elecciones han paralizado la solución al error legislativo en materia laboral más llamativos de los últimos meses. Un episodio que tiene como protagonistas a los ministerios de Trabajo, de Yolanda Díaz, y el de Igualdad, de Irene Montero, y que deja en en un limbo a las sanciones por discriminar a un candidato a un puesto de trabajo por motivos de salud, ya sea en una entrevista de trabajo o cualquier otro proceso de intermediación laboral. El Ejecutivo lleva semanas asegurando que zanjará definitivamente la cuestión en una norma de "inminente" aprobación por parte del Consejo de Ministros. Pero esto sigue sin ser así.
La cuestión se remonta al 28 de febrero, cuando el Boletín Oficial del Estado registró la entrada de dos normas clave para ambos ministerios de Unidas Podemos del Ejecutivo de coalición: la Ley de Empleo y la 'Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI', la conocida como 'Ley Trans'.
Ambas normas, publicadas el 1 de marzo, entran en vigor el 2 de marzo modificando el mismo apartado, el c, del artículo 16 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), que regular qué prácticas discriminatorias en los procesos de selección, entrevistas de trabajo u ofertas de empleo se consideran infracciones muy graves, con multas que pueden llegar hasta los 225.000 euros en su grado máximo. El problema es que lo hicieron con dos redacciones diferentes y en varios aspectos contradictorias.
Y como coinciden en el registro el momento de registro, publicación y entrada en vigor, no queda claro cuál tiene prioridad aplicativa, con lo cual ambas se recogen en el BOE. Una situación que sigue sin resolverse casi tres meses y medio después.
La doble redacción del apartado de la LISOS no trascendió hasta que fue denunciada por los despachos de abogados ya entrado abril. Desde ambos ministerios se aseguró entonces que el asunto se vería resuelto a través de una enmienda a algunos de las múltiples leyes en tramitación en el Congreso y el Senado. Pero esto no ha ocurrido.
Transcurrieron las semanas, y la prometida enmienda siguió sin introducirse, pese a que en el lapso se aprobaron varias leyes que podían haber zanjado la discrepancia. Tanto PSOE como Unidas Podemos podrían haberla introducido en diversos momentos del trámite, incluso con la fórmula 'in voce', pactada con algún otro grupo parlamentario.
Ignorado en del 'decreto escoba'
Y eso que las diferencias entre ambos textos son notorias. La versión del departamento que dirige Yolanda Díaz es mucho más completa. Primero, amplía el rango de las sanciones a "cualquier proceso de intermediación o colocación", no solo de selección como hasta ahora. Además recoge nuevos supuestos en el que destacan los motivos relacionados con la salud del candidato.
Pero también habla de "cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Es decir, en la práctica, amplía sustancialmente los supuestos de discriminación en el acceso al empleo sancionables, siempre que sea demostrable como tal.
Pero la versión impulsada por el departamento de Irene Montero recupera la redacción anterior (de 2015). El objetivo era añadir la "identidad sexual, expresión de género y características sexuales", pero elimina los cambios introducidos por Trabajo (que ya recogían la identidad sexual) y, de paso, se olvida de la salud.
Lo cual plantea otra posibilidad inquietante par al Gobierno: si la Ley Trans se hubiera publicado más tarde hubiera derogado lo dispuesto en la Ley de Empleo para volver a la versión del texto que aprobó el PP.
En cualquier caso, a día de hoy ni las empresas ni los despachos de abogados ni la propia Inspección de Trabajo (que determinan las sanciones) tienen claro a qué atenerse en un escenario que solo podría aclararse por decisión de los jueces si el Gobierno no legisla para corregirlo.
Según han señalado en fuentes del Ministerio de Trabajo a elEconomista.es, dicha corrección "irá de manera inminente en una norma de próxima aprobación". Aunque no han ofrecido detales sobre qué texto legal será, tendrá que tratarse de un decreto ley, la única norma de rango legal que puede ser aprobado por la Diputación Permanente del Congreso.
Una opción barajada inicialmente podría ser el Estatuto del Becario, un texto pactado con Trabajo con los sindicatos y que, precisamente, recoge cambios en la LISOS para sancionar a las empresas que lo incumplan hasta con 225.000 euros, importe de las sanciones muy graves. Pero es previsible que este texto, que cuenta con el rechazo de las empresas y los rectores Universitarios, no vea la luz antes de las elecciones.
En cualquier caso, en el 'decreto escoba' aprobado el pasado mates por el Gobierno, que incluye normas laborales tan relevantes como la ampliación de los permisos por paternidad o la prórroga de la 'prohibición' de despedir, esta corrección no se ha incluido.
Un retraso incomprensible
La pregunta es por qué no lo ha hecho antes. Lo ocurrido se puede achacar a una falta de coordinación en la tramitación y negociación parlamentaria de la Ley de Empleo y la Ley Trans, pero que no haya sido resuelto tres meses después de su aprobación es más difícil de entender y ha suscitado todo tipo de interpretaciones.
Algunas fuentes parlamentarias lo achacan a la mala relación política entre Yolanda Díaz e Irene Montero, que ha llegado a cotas máximas en los últimos días tras la exclusión de esta última de las listas de Sumar. Según esta versión, Trabajo no quería responsabilizarse de un problema que achacan a un error de Igualdad, mientras este último departamento no quería abrir el 'melón' de la Ley Trans en un momento en el que el Ministerio de Igualdad se veía superado por la polémica derivada de otra de sus normas, la 'Ley del Solo sí es Sí'.
Pero lo cierto es que ningún portavoz ni fuente de ninguno de los dos ministerios ha hablado de choque en el cambio de la LISOS, que han tratado con un perfil muy bajo.
Otra interpretación, más sencilla y menos centrada en la polémica. es que el calendario electoral hasta las municipales y autonómicas ha centrado la actividad de las dos ministras y sus equipos y obligado a postergar cuestiones consideradas 'más técnicas', como la de estas sanciones, ante otras de mayor calado, como el 'rescate' de la Ley de Familias.
En cualquier caso, los laboralistas se inclinan por que la que se impondrá es la redacción de Trabajo, mucho más completa y que marca distancias con la aprobada por el PP, aunque hasta que no se conozca el texto no se sabrá si finalmente recoge cambios respecto a la Ley de Empleo para adaptarse a lo planteado por Igualdad.
