Bruselas
Han sido necesarias ocho rondas de negociación desde enero para que la madrugada de este martes los representantes del Parlamento, el Consejo, y la Comisión Europea hayan llegado a un acuerdo político sobre una nueva directiva que fija criterios comunes para determinar cuál es el salario mínimo suficiente en cada país de la Unión Europea.
"Es un importante mensaje que manda la Comisión Europea para remarcar la importancia de los salarios", ha dicho el comisario de Trabajo, Nicolas Schmit este martes, celebrando un acuerdo que todavía es provisional a falta de la última luz verde en la Eurocámara y también en el Consejo Europeo, donde hay fuertes reticencias especialmente de países como Dinamarca o Suecia. Sin embargo, después de este acuerdo preliminar, los negociadores confían en obtener la ratificación final en julio. Una vez aprobada definitivamente, los gobiernos tienen dos años para trasponer la directiva a su legislación nacional.
Con un mayor peso de los socialdemócratas que en la legislatura anterior, el ejecutivo comunitario que lidera Ursula Von der Leyen prometió desde un inicio la creación de un instrumento legal que asegurara salarios mínimos decentes para todos los trabajadores de la Unión Europea. Esta directiva busca cumplir la promesa, aunque no fija un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) común para la Unión, una medida que sería políticamente imposible de pactar entre los veintisiete socios europeos, algunos de los cuales (como Italia o Dinamarca) ni siquiera tienen una ley nacional que lo establezca.
"Este es el instrumento para asegurar que la pobreza en el trabajo es cosa del pasado"
Lo que sí que fija esta directiva son unos criterios básicos y comunes para calcular cuál debería ser el SMI adecuado para cada país. Así pues, se aconseja a los gobiernos que establezcan una cesta de bienes y servicios a precios reales para determinar cuál es el coste de vida y cuál sería el salario mínimo necesario para tener un nivel de vida digno. Se tendrían en cuenta necesidades básicas como alimentos, ropa o vivienda, pero también se pueden contemplar la participación en actividades educativas o sociales. "Este es el instrumento para asegurar que la pobreza en el trabajo es cosa del pasado", ha sentenciado Schmit.
La realidad, sin embargo, es que esta directiva se basa mayoritariamente en recomendaciones y no obliga al estado en cuestión a aplicar estos criterios. Sí que le obliga a promover la negociación colectiva y a alcanzar una cobertura del 80% a través de este mecanismo. Si un gobierno no llega a este umbral, deberá presentar un plan de actuación con una cronología y medidas claras para conseguirlo.
Según los datos más recientes de Eurostat, en enero de 2022, veintiuno de los veintisiete estados miembro de la UE tenía fijado un SMI. Entre estos, la cifra varía considerablemente, desde los 332 euros mensuales de Bulgaria a los 2.257 de Luxemburgo. España se sitúa en el grupo de países con un SMI inferior a los 1.500 euros mensuales pero superior a los 1.000 euros, juntamente con Eslovenia. Los que no tienen SMI son Dinamarca, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia.
