La propuesta de Yolanda Díaz de implantar una 'herencia universal' de 20.000 euros para los jóvenes ha puesto en el centro del debate electoral español una idea que circula en el debate académico desde hace un lustro y que el Gobierno de coalición ya avaló estudiar en su prospectiva de reformas para 2050. Pero en qué consistiría, cómo se materializaría y cómo se financiaría una medida que hasta ese año supondría un coste de más de 290.000 millones son preguntas que siguen pendientes de respuesta.
El documento publicado por Moncloa en 2021 instaba a "explorar" la "posible creación" de una herencia pública universal que podría usarse para "adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación". "Ahora mismo puede sonar utópico, pero es posible que en las próximas décadas se haga realidad en algunos países", aseguraba el documento que, no obstante, invitaba a tener muy en cuenta "los niveles de desigualdad existentes" en el momento de su puesta en marcha, "así como su efecto adicional al resto de medidas sociales".
Aquí precisamente radican las claves que enmarcan el debate académico sobre una propuesta defendida por economistas como Thomas Piketty o Tony Atkins: cómo diseñarla para que realmente reduzca la desigualdad y garantice que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades, y no se convierta en un "peso muerto", que es como se denomina a aquellas medidas que suponen un gasto inútil, porque el objetivo que buscan puede alcanzarse perfectamente sin ellas.
Pero lo que en el momento actual separa al PSOE de Díaz es el coste de la medida en un momento en el que Bruselas empieza a pedir contención presupuestaria. Sumar defiende que la medida beneficiará a 2,5 millones de personas en la próxima legislatura, a un ritmo de medio millón al año contando desde 2023 por un coste de 10.000 millones al año.
El derecho a la ayuda se genera a los 18 años, pero se abona cinco años más tarde, a los 23 años, tras un proceso de "asesoría". La cuestión se complica algo más si nos preguntamos a quién afecta realmente, y desde cuándo lo hará. Según la propia vicepresidenta, la medida llegará "a quienes en 2023 tienen 23 años, y a todos los de menor edad". Es decir, la cobrarían los jóvenes que cumplieron 18 años en 2018, aunque en este punto hay discrepancia ente lo que afirma Díaz y su portavoz de campaña, Ernest Urtasun, quien ha remarcado que no tendrá efecto retroactivo.
La clave es la retroactividad
Esto abre dos opciones: que se empiece a abonar en 2023 o cinco años más tarde, es decir, dentro de dos Legislaturas. La diferencia supone más de 50.790 millones de euros de coste para el próximo Gobierno, y el siguiente, en la hipótesis de que la medida se empiece a implantar ya este mismo año. Y es que habría que pagar a los que cumplan 23 años en 2023, pero también reservar una partida adicional para los que tienen 22, 21, 20 y 19 años, que tendrá que abonar en los años siguientes, cuando alcancen los 23.
Eso sin contar a los que cumplen 18 a la entrada en vigor de la herencia, y que serían los únicos a tener en cuenta si la medida no se aplica retroactivamente. No la cobrarían hasta 2028, con un coste de entre 10.700 y 11.400 millones de euros.
Este cálculo se realiza con las previsiones demográficas que publican el INE español y Eurostat, que llegan hasta 2100 y permiten estimar cómo evolucionaría el número de personas en una determinada edad. Ante las incógnitas que persisten sobre el modelo de Sumar, incluida la retroactividad, lo más prudente es analizar dos series: el derecho o coste comprometido con los jóvenes que cumplan 18 años en cada ejercicio, y la cantidad efectivamente abonada a los que lleguen a los 23 años.
Así, si fijamos la fecha del análisis entre 2023 y 2050, cuando el Gobierno de coalición situaba su escenario temporal para "estudiar" la herencia universal, el coste comprometido ascendería a 267.000 millones, que se pagarían hasta 2055. El efectivamente abonado, por su parte, oscilaría entre 290.000 y 237.000 millones en función de si se aplica con retroactividad o no, ya que, en el segundo caso, durante los cinco años iniciales de vigencia de la medida no se abonaría nada.
Esta es una estimación que depende de diversas variables, como los flujos migratorios (está por ver el derecho que tendrían los inmigrantes o sus hijos, igual que los emigrantes retornados, a percibir la ayuda), como el envejecimiento de la población. Y es que se aprecia una reducción de la población joven, y con ello de los beneficiarios y el coste a partir de 2032.
Miedo al 'peso muerto'
Pero también influye la propia eficacia de la medida cuya financiación dista de estar clara. Sumar habla de recurrir el impuesto a las grandes fortunas, que quiere hacer permanente. Pero la recaudación anual de este tributo solo alcanza los 1.500 millones de euros, con lo que habría que multiplicarla por 6,6 para cubrir el coste de la herencia en un ejercicio. Aunque también se habla de una tributación a la banca, o a las constructoras, nada ha sido concretado con la formación.
Pero, ¿a qué se destinaría esta herencia? Díaz señala que se trata de una "ayuda" para que estos jóvenes puedan "seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse", sin mención explícita a la vivienda. Para ello, el Estado pondrá en marcha "una oficina de asesoramiento y acompañamiento técnico". Lo que no queda demasiado claro es si esta ayuda no se abonará si el 'proyecto de vida' de los beneficiaros no se ajusta a lo que determine este órgano público.
Con ello se trata de conjurar el temor al efecto 'peso muerto' expresado por los economistas como también por formaciones políticas cercanas a Sumar, como Compromís: una ayuda que no discrimina a los beneficiaros por ingresos puede ser recibida por personas que no la necesitan, lo cual es, a todas luces, un sinónimo de despilfarro de dinero público.