La cita electoral del 23 de julio llega un año y medio después de la entrada en vigor de la primera gran reforma laboral en una década. Una norma que ha transformado el mercado de trabajo, aunque el alcance de sus efectos sigue siendo objeto de un debate político y económico tan intenso que parece estar pasando por alto muchos de los desafíos pendientes para la próxima Legislatura, desde la elevada precariedad de los puestos de trabajo, más allá de la menor temporalidad, a la necesidad de una nueva regulación del despido. Por no hablar de políticas laborales que tengan verdaderamente en cuenta el reto demográfico.
La norma pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y los interlocutores sociales, y que cuenta con el beneplácito de Bruselas, ha sido convertida por el PSOE y Sumar en un 'muro' conceptual . De lo que hay más allá, no interesa hablar e incluso que, para algunos, no existe. Aunque esos 'fantasmas' golpean la muralla con cada vez mayor insistencia.
Incluso la eficacia de la propia norma parece estar resquebrajándose. España lleva dos meses creando más empleo asalariado temporal que indefinido, la contratación cae y la tasa de paro sigue siendo la más alta de la Unión Europea. Por no hablar de las dudas sobre la calidad del empleo estable creado, en un momento en el que uno de cada tres contratos indefinidos son fijos discontinuos. Pero esta estrategia, más retórica que económica, es tan eficaz que los puntos débiles de la reforma laboral han quedado fuera del debate electoral.
El PP ya no se plantea revertirla, como cuando votó en contra de su aprobación en el Congreso, pero tampoco nuevas medidas para completarla, más allá de recuperar la fórmula de la 'mochila austríaca', una figura que tanto 'populares' como socialistas han defendido en sus programas económicos desde 2010 y que promete la cuadratura del círculo: mayor protección y 'flexibilidad' para los trabajadores, reduciendo las cotizaciones para las empresas, así como la indemnización por despido; si bien esto último no se hace explícito en las propuestas de Alberto Núñez Feijóo.
Vox y el despido
Quien sí habla claramente de derogar la reforma laboral de Díaz es Vox. Afirma que la norma "ha maquillado las cifras de temporalidad sin adoptar medidas reales contra la precariedad", y que beneficia a los "sindicatos mayoritarios que han traicionado a los trabajadores" (obviando que CEOE y Cepyme también la firmaron). A cambio, impulsarán "una reforma laboral que escuche a los verdaderos agentes sociales" pero cuyo contenido no desarrollan.
La ambigüedad actual contrasta con la del programa de 2019, en el que se apuntaban a la idea del "unificar" el coste del despido para la totalidad de los contratos indefinidos, reduciéndolo a 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses. Esto, de facto, suponía eliminar la indemnización por despido improcedente de 33 días y 24 mensualidades y convertir la de 20 días por año trabajo en la norma. El argumento que utilizaba entonces la formación que lidera Santiago Abascal es reducir la dualidad del mercado laboral motivada por una "baja tasa de conversión de temporales a indefinidos".
Se trataba además de un planteamiento que coincidía, por ejemplo, con el que formulaba hace unos días el Círculo de Empresarios.
Que pocos temporales se transforman en indefinidos es un hecho que no parece haber corregido la reforma laboral: de hecho, en junio se convirtieron un 73% menos que hace un año, lo que implica que las empresas se han adaptado a los cambios legales pero la calidad de los contratos eventuales que se siguen firmando (seis de cada diez) no ha mejorado. Así, el 55% dura menos de un mes, cuando hace antas de la reforma era el 42%.
El problema a la hora de asumir que esto se resuelva encareciendo el despido es que los ceses sí han aumentado, de hecho, están en máximos de la serie que arranca en 2012. Aparte del detalle de que despedir a un indefinido y a un temporal (antes de que termine la duración pactada del contrato) cuesta lo mismo. De hecho, las modalidades más frecuentes, como un despido disciplinario no conllevan indemnización. Tampoco cesar a un trabajador por no superar el periodo de prueba, una opción que técnicamente no es un despido, pero los iguala en número tras dispararse con la reforma laboral.
Sumar contra el infraempleo
Aunque en las antípodas de Vox, la propuesta de Sumar es, precisamente, endurecer la causalidad de los despidos, pero también de las extinciones por no superar el periodo de prueba. Esto elevaría los supuestos que pueden ser declarados improcedentes, y por lo tanto, más caro. Además, defiende elevar la indemnización en esos casos por encima de los 33 días, aunque no de manera general en función del "perjuicio" que supone para el trabajador ser despedido. Es la fórmula ideada por Díaz para sortea las presiones para volver a la indemnización de 45 días por año previa a la reforma del PP de 2012. Su norma no lo incluyó, una decisión que en los últimos años le ha granjeado un enfrentamiento directo con aliados políticos como ERC.
Lo que ninguna formación, ni a derecha ni a izquierda del espectro político, se plantea es la cara B de esta idea: elevar la indemnización por finalización de un contrato temporal de duración determinada, establecida en 12 días por año. Es menor que la de un despido objetivo propiamente dicho, de 20 días, pero nadie plantea equipararla. A lo sumo, la reforma laboral recogía penalizaciones a los contratos muy cortos mediante recargos en las cotizaciones de 29,7 euros, pero esta medida se ha revelado muy poco eficaz.
Lo que Díaz sí plantea es encarecer el empleo a tiempo parcial, con un incremento salarial del 10% del que proporcionalmente le correspondería solo por trabajar a media jornada. Aunque el peso del empleo a tiempo parcial en España es relativamente reducido, lo que pretende atajar Díaz es el auge de los contratos indefinidos a media jornada en un país que registra la segunda tasa de infraempleo más elevada de la Unión Europea.
El misterio de las vacantes
Aunque sin duda el desafío más más complejo que aborda a medio y largo plazo España es la falta de mano de obra. Una cuestión sorprendente en un país con 2,8 millones de parados registrados y casi un millón más de personas sin empleo que quieren trabajar, pero no entran en la definición estándar de 'parado' y quedan ocultos en las estadísticas convencionales. Por no hablar de los 1,1 millones de de infraempleados que tienen un trabajo, pero no les basta para vivir.
Estos datos, a pesar de que han mejorado en los últimos años y se sitúan en mínimos desde la crisis financiera, mantienen a España como el país que peor aprovecha su fuerza laboral. Ello pese a una ingente cantidad de fondos europeos y nacionales dedicados en la última década a mejorar la formación de los jóvenes como de las personas de mayor edad que están trabajando. Un modelo que todas las formaciones prometen mejorar en sus programas.
Pero en esta Legislatura el problema ha cobrado gravedad, ya que cada vez más empresas denuncian la falta de mano de obra. De hecho, según el Banco de España, un tercio teme que afecte a su actividad. Una paradoja que no lo es tanto si lo interpretamos como un síntoma claro del profundo desajuste entre oferta y demanda de trabajadores, agravado por la falta de datos, ya que según el INE los puestos disponibles apenas superan los 146.000, en su mayoría en el sector público.
Para clarificar esta situación, el PSOE, dentro de su "pacto por el pleno empleo" promete crear "un sistema integrado de información de los sistemas de gestión del SEPE y de la Seguridad Social" para mejorar el ajuste de oferta y demanda de trabajo, denominado "matching". Este sistema incluiría información sobre vacantes, demandantes de empleo y perfiles formativos y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para "alinear los puestos disponibles con los perfiles de las personas desempleadas".
Este sistema permitiría clarificar el número real de puestos disponibles en España y porqué está tan lejos de los niveles de la Unión Europea. De hecho, nuestro país combina las peores relaciones de vacantes sobre puestos de trabajo como sobre personas desempleadas de la Unión Europea, cuando países como Alemania o Países Bajos tiene más puestos disponibles que personas sin trabajo. Un problema que se agrava por el envejecimiento de la población, lo que en uno años reducirá la mano de obra disponible y obligará a los grandes países a 'robar' trabajadores a sus vecinos. Una especie de guerra por el talento en la que España parte como el contendiente más débil.
Los trabajadores olvidados
El problema es que no se irían solo los desempleados, sino los trabajadores más cualificados y más jóvenes. España no solo mantiene tiene la tasa de paro más elevada de la UE, sino el mayor diferencial respecto a la del resto de edades. Y los que se forman mejor y logran un empleo tiene ms posibilidades de acabar sobrecualificados en su empleo. Un hecho que innumerables reformas educativas siguen sin poder remediar y que lleva a PSOE, PP y Vox a utilizar la misma expresión, "retención del talento" en sus recetas.
Pero que ahora engarza con el problema inverso: el desempleo 'senior'. Los parados mayores de 45 años se disparan y ya superan el 57% del total, en parte por el diseño de esquemas de prejubilación desde la crisis financiera, que planten 'bajas incentivadas' a los trabajadores de mayor edad mediante un esquema que combina indemnización, prestaciones, subsidios e incluso convenios especiales con la Seguridad Social para que el trabajador no tenga que volver al mercado laboral hasta el momento en que pueden jubilarse anticipadamente.
Ninguno de los programas electorales se plantea corregir este esquema, aunque todos los partidos introducen medidas para mejorar la inserción laboral de estos trabajadores. Las menciones de discriminación por edad o edadismo aparecen dos veces en el programa del PSOE y uno en el de Sumar y ninguna en los de PP y Vox. Pero todos plantean fórmulas de recualificación y actualización profesional. Vox incluso habla de "segunda oportunidad" para las personas de más edad que han perdido su empleo a causa de los procesos "generalizados de desindustrialización y reducción de costes".
Cepo a las deslocalizaciones
Y es que todas las formaciones son conscientes de que la mejor manera de evitar despidos es atraer inversiones productivas en sectores de claro crecimiento, como la economía verde o las nuevas tecnologías, pero también evitar que las empresas trasladen su actividad a países scon menores costes laborales y menor inseguridad jurídica.
Sin embargo, la mayor restricción a las deslocalizaciones aparece en el programa de Yolanda Díaz, que plantea que las empresas que decidan el traslado de su actividad a territorios que no formen parte de la UE ni del Espacio Económico Europeo, no podrán adoptar medidas de despido colectivo, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o descuelgues de convenio.
Esto les obligaríaa a utilizar medidas individuales (mucho más complejas y costosas), pero en este caso también recibirán sanciones: "deberán reintegrar las ayudas recibidas y serán penalizadas en el acceso a la contratación pública". Está por ver cómo se materializa esta propuesta, ante el escaso éxito de fórmulas como el "prohibido despedir" formuladas durante la pandemia y la Guerra de Ucrania.