Madrid
El Círculo de Empresarios ha publicado una Carta Abierta con medidas que plantean de cara a la próxima legislatura, una batería de propuestas que han hecho llegar durante estos meses a los principales grupos políticos. En el ámbito laboral, el presidente Manuel Pérez-Sala propone bajar la indemnización por despido de los contratos indefinidos de 33 días a 20 días, y elevar el de los temporales de 12 días a 15 días, prácticamente asimilando su coste. Aseguran que esta modificación garantizaría la contratación estable.
El Círculo de Empresarios considera que la última reforma laboral, impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y consensuada en el diálogo social, "lejos de solucionar los problemas ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad".
Plantean la introducción de la mochila austríaca (algo que comparte con Feijóo en su propuesta para gobernar con el PP). Esta mochila acumularía el símil a las cotizaciones por desempleo y el trabajador la 'cargaría' de una empresa a otra. Si al final de su carrera no ha utilizado esa cobertura, serviría como un fondo de reserva ahorrado de cara a la jubilación.
Jubilación a los 72 años
El Círculo cree que la reciente reforma del sistema de pensiones "no asegura su viabilidad, solo retrasa el problema, es profundamente insolidaria y exigirá un gran sacrificio a los ciudadanos en activo". Por ello insiste en un retraso voluntario de la edad de jubilación acompañado de un sistema de incentivos -un modelo que ya existe en la actualidad- y en promover el ahorro privado y la inversión tras el recorte de los beneficios fiscales de los planes individuales.
La propuesta que reitera el Círculo de Empresarios pasaría por alargar la edad de jubilación a un tramo de entre los 68 y los 72 años. "Si se jubila antes, habría una leve reducción de la pensión y si se jubila después, un incentivo", ha explicado en rueda de prensa el presidente de la organización, Manuel Pérez-Sala.
El Círculo defiende un sistema de pensiones de cuentas nocionales, el modelo de países como Suecia o Italia. Para entender este término, el Instituto Santalucía lo defino como "un sistema de pensiones basado en el sistema financiero de reparto y que, además, es de aportación definida. Tiene bastantes similitudes con el actual sistema español, si bien la diferencia fundamental es que el actual es de prestación definida".
Los cotizantes no tienen sus cuotas en un fondo propio y para calcular su pensión se tendrá en cuenta su bolsa y rendimientos 'teóricos' acumulados, además de una revalorización o indicadores de esperanza de vida.
Fuerte ajuste del gasto público
"Es necesario equilibrar las cuentas del Estado, por responsabilidad y solidaridad con las nuevas generaciones y reducir el nivel de deuda pública", indica el Círculo de Empresarios. El actual gasto público roza el 48% del PIB, mientras que los empresarios proponen una fuerte reducción de esta ratio hasta el 40% del PIB "estableciendo prioridades" y con "un uso eficiente".
"Es imprescindible mejorar la eficiencia del sistema fiscal; la recaudación en España está por debajo de la media de la UE, a pesar de tener tipos impositivos superiores, por causa de la elevada tasa de paro, el tamaño de la economía sumergida y un complejo diseño del IVA", ha recalcado la organización.
Por ello, la organización ha propuesto reducir las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, suprimir los impuestos especiales a la banca y a las compañías energéticas, eliminar el impuesto sobre el patrimonio y simplificar el diseño del IVA reasignando los tipos impositivos teniendo en cuenta la estructura productiva.
Ha instado, además, a que la política fiscal sea prudente, rigurosa, efectiva y eficiente para impulsar un crecimiento estable. "No podemos gastar sin medida en políticas ideológicas, electoralistas o de dudosa eficacia, pues estamos perjudicando la capacidad de financiación de nuestro Estado de Bienestar y trasladando el gasto actual a las generaciones futuras", ha recalcado el presidente de la organización.
Vivienda y energía
De su lado, el Círculo de Empresarios considera que el Estado debe desarrollar una política de vivienda compatible con los derechos fundamentales de los ciudadanos consagrados por la constitución. Proponen así ampliar la oferta de suelo, fomentar la construcción de vivienda en alquiler asequible y encontrar fórmulas de colaboración pública-privada en aquellas ciudades con demanda insatisfecha, además de agilizar trámites administrativos para reducir costes para promotores y consumidores.
En materia energética, la organización cree que debe evitarse todo tipo de intervención en el mercado, o reducirla al mínimo imprescindible. Además, ven preciso trabajar para lograr la aceptación social de la transición y el consenso de la Administración, el sector empresarial y la ciudadanía.
"La necesidad de disponer de una energía segura y flexible en las mejores condiciones, reducir la volatilidad y facilitar la estabilidad de precios para los consumidores pasa por el alargamiento de la vida útil de la generación ya instalada y la conveniencia de fomentar el desarrollo del mercado a plazo y de la contratación bilateral", han reiterado.
