El programa electoral del PP promete acabar con el 'sanchismo', como denominan al legado político y económico del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero resulta sorprendentemente coherente con lo que se podría denominar como el 'yolandismo', es decir, las medidas en materia laboral aprobadas por Yolanda Díaz, líder de Sumar pero también vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en el Ejecutivo de coalición. El plan 'popular' no solo descarta derogar la reforma laboral, sino que no contempla ningún ajuste en la misma. Ni siquiera en la polémica de los fijos discontinuos, que, igual que la propia norma, no aparecen mencionados ni una vez en las 365 medidas que contiene.
Ello a pesar de que los datos de paro publicados ayer arrojan señales preocupantes, no solo de que la creación de empleo empieza a enfriarse, sino de que los efectos de la reforma laboral para impulsar la contratación estable y reducir la eventual han tocado techo. Así, por primera vez los asalariados con contratos temporales crecieron más que los que tienen un contrato indefinido. Aun así, el programa no recoge ni crítica parcial ni propuesta de mejor a la norma. Ni siquiera la alude.
La 'bendición' dada por Alberto Núñez Feijóo a la reforma laboral de Díaz, que ya adelantó hace más de un mes elEconomista.es no ha sido una sorpresa para nadie que haya analizado a fondo una norma que mantiene intactos los pilares de la que aprobó el PP en 2012 y pivota sobre una idea, la reducción de contratos, en la que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez estuvieron de acuerdo: de hecho, ambos la pactaron con Ciudadanos en diferentes momentos.
El PP no plantea avanzar hacia el 'contrato único', aunque sí recupera otra de las ideas clásicas que también comparte con el PSOE (aunque nunca la ha llevado a cabo): el establecimiento de cuentas "portables" individuales para los trabajadores. Es decir, una versión del modelo de 'mochila austríaca'. Aunque se cuida mucho de vincularlo a una modificación del coste del despido. De hecho, el programa señala que se trata de "eliminar barreras a los cambios de empleo voluntarios de los trabajadores con mayor antigüedad".
Si la mochila no toca el coste del despido, se elimina la única ventaja que le ven las empresas a una figura que les obligará a hacer más aportaciones e incrementaría los costes laborales, aunque el PP asegura que se costeará "con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan".
Una aval incómodo para Díaz
Pero más allá de esta idea, el apartado del programa que habla de "crear empleo de calidad para todos" no recoge ninguna propuesta que afronta claves como la temporalidad o el infraempleo, pese a que España es el segundo país europeo con mayor porcentaje en ambos después de Países Bajos, una economía que compensa estas lacras con la menor tasa de paro de la UE después de Alemania. Algo que el mercado laboral español, en las antípodas del germano en desempleo, no puede argumentar como disculpa.
En las últimas semanas, Núñez Feijoo se ha desmarcado de la decisión del anterior líder del PP, Pablo Casado, de votar en contra de la reforma, aunque no ha retirado el recurso que presentaron al Constitucional por la votación de la norma en el Congreso, que solo salió adelante por el voto erróneo de un diputado 'popular' Alberto Casero.
Algo que la propia Díaz le ha recordado reiteradamente estos días, consciente de que el aval del PP no beneficia a la percepción de su electorado de una norma que logró el acuerdo de patronal y sindicatos y el visto bueno de Bruselas a cambio de incumplir su promesa electoral de derogar el recorte de las indemnizaciones por despido improcedente que impuso Rajoy en 2012.
Pero la etapa de Núñez Feijóo no ha sido precisamente parca en críticas a la ley, sobre todo en lo que se refiere al "maquillaje" de las estadísticas de paro que supone el auge de los contratos fijos discontinuos. De hecho, el PP ha pedido varias comparecencias de Díaz en el Congreso por el hecho de que estos trabajadores no cuenten como parados, aunque sean dados de baja a la Seguridad Social, cobren prestación y se inscriban como demandantes, cuando pasan a la inactividad.
Precisamente, para sorpresa de nadie, Díaz cierra la Legislatura sin cumplir su compromiso, avanzado en enero, de publicar el desglose de los datos de estas personas con contrato pero que no trabajan. Una cuestión que su número dos, Joaquín Pérez Rey atribuye a los cambios en los gobiernos autonómicos tras los comicios del 28 de mayo. Sorprende que el PP haya hecho caso omiso incluso a este ocultamiento, pese a que ellos mismos arrancaron la única estimación oficial sobre estos inactivos no parados (superaban los 400.000 a cierre de 2022) a través de una respuesta parlamentaria remitida al Senado en marzo.
En su momento, el coordinador económico del PP, Juan Bravo, aplaudió la "labor del gran funcionario público del SEPE" que, supuestamente, filtró la propuesta a la Cámara Alta, aunque esta versión de la historia fue desmentida incluso por el propio Ministerio de Trabajo ante el enfado de los profesionales del organismo público, que sabían que la respuesta salió directamente del gabinete de Díaz, como explicó elEconomista.es.
En este aspecto, es conveniente recordar que los registros y la contabilidad de los demandantes es competencia de las comunidades. Con lo cual parte de esta larga polémica sobre la opacidad e incluso errores en los registros, les afecta a ellos.
Tranquilizar a Bruselas
Aunque en el PP se señala que la razón principal para mantener intacta la reforma laboral de Díaz es la presión de Bruselas. Si España deroga o revierte parcialmente alguna de las reformas pactadas con la Comisión Europea, se arriesga a tener que devolver los fondos europeos. Algo sobre lo que Feijóo no quiere que exista ni la más mínima duda, ya que la reforma y su impacto en el empleo ha sido muy valorado. Además, la patronal, pese a que ha vivido numerosos desencuentros con Díaz, se aferra al acuerdo alcanzado a finales de 2021 y no considera necesario plantear una nueva reforma laboral. Y Feijóo les necesita para pactar la hoja de ruta del SMI en los próximos años, un compromiso recogido en su programa electoral.
En el ámbito más político, algunas voces del entorno 'popular' achacan esta visión a que Fátima Báñez, ex ministra de Empleo con Mariano Rajoy y autora de su reforma laboral, además de destacado fichaje de Reformismo 21, ocupara desde 2019 la presidencia de la Fundación CEOE. Aunque otras recuerdan que también preside el Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación, un 'think tank' para el que Fedea y BBVA Research elaboran un observatorio trimestral del empleo que ha planteado un análisis crítico sobre la eficacia de la reforma, además de 'destapar' la caja de los truenos sobre el impacto de los fijos discontinuos.
En cualquier caso, no faltan los que interpretan que el PP es consciente de que no ha sabido rentabilizar políticamente las polémicas sobre la reforma laboral en un primer semestre en el que el empleo ha tenido más vigor que el esperado y han optado por centrar el grueso de sus propuestas en otros ámbitos, como el fiscal. Aunque la impresión que queda en las propuestas laborales e sun sorprendente continuismo con buena parte de lo aplicado o previsto por Díaz en sus años de Gobierno.
Las vacantes olvidadas
Incluso el primer punto de las medidas estrictamente laborales del PP, la reforma de las políticas de empleo y los servicios que reciben los desempleados, parece continuista con al Ley de Empleo de Díaz, que plantea la transformación del SEPE en una Agencia Nacional de Empleo a partir de septiembre. Los populares plantean el acceso de los desempleados a "orientación laboral individualizada a través del perfilado estadístico y herramientas de Big Data que identifiquen las mejores alternativas de formación a su disposición". De mejorar su contabilidad o hacerla menos opaca, ni una palabra.
Un giro copernicano en la estrategia del PP si recordamos que una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 fue despedir a los 3.000 'sherpa' laborales que contrató José Luis Rodríguez Zapatero por considerarlos ineficaces. Díaz, en su reforma, aspita a movilizar a 30.000. Los 'populares' abogan por impulsar la colaboración de los servicios públicos con las empresas para conocer sus "necesidades formativas y de nuevas profesiones, de adopción de modelos de competencias y de renovación de los contenidos formativos."
Eso sí, al poner el foco en la formación el PP olvida la cuestión de la intermediación, y en especial la raquítica tasa de vacantes de empleo que ofrecen los servicios públicos a los desempleados y que la Ley de Empleo sí aspira a mejorar. De hecho, el único apartado del programa 'popular' en el que se habla de algo parecido a mejorar la intermediación aparece en la sección dedicada al empleo público.
Eso sí, donde el PP se desmarca claramente de Díaz es a la hora de "mejorar de la calidad de la oferta de formación, otorgando mayor libertad de elección al trabajador desempleado". Esto significa volver al sistema de concurrencia competitiva de los cursos que Gobierno de Rajoy intentó potenciar impulsado la formación bonificada de trabajadores, con el rechazo de patronal y sindicatos, que dejaron de ser 'juez y parte' en el diseño y gestión de los fondos. Un modelo que, en su etapa en el ministerio, Díaz ha ido demoliendo a través de sus acuerdos con CCOO, UGTE, CEOE y Cepyme.
El PP también 'choca' con Díaz en su idea de elevar uso de los contratos formativos par los jóvenes, que Díaz quiere limitar según nel tamaño de la plantilla plantilla hasta un máximo de 30 en las empresas de mayor tamaño.
Los populares recuperan también su idea de incentivar la inserción laboral de la mujer en el mercado laboral, especialmente el agrario, y reducir la brecha de género salarial, especialmente la causada por la "maternidad" promoviendo la contratación indenfinida de mujeres con hijos, en un programa que, por lo demás recicla ideas habituales de los populares como potenciar el trabajo autónomo con una "tarifa 0" para nuevos autónomos (una evolución de la tarifa plana que implantaron en 2012) y la posibilidad de contratar aprendices.
