El Gobierno ha reconocido finalmente que a cierre de 2022 la cifra de trabajadores fijos discontinuos inactivos inscritos en los servicios públicos de empleo, pero excluidos de las listas del paro registrado alcanzó los 443.078 personas. La cifra eleva el desempleo 'efectivo' (contando demandantes con relación laboral), a las 3.459.837 personas, apenas 5.000 menos que al inicio de la Legislatura, en diciembre de 2019, y 64 veces menos de lo que retrocedió el paro registrado.
El Ministerio de Trabajo lleva varios meses negándose a facilitar esta cifra, con la excusa de la dificultad de recopilar unas cifras en una tarea que exige la colaboración de las comunidades autónomas. Sin embargo, a tres meses de las elecciones autonómicas parece haber decidido 'pinchar' la polémica y revelar el dato en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Senado.
En la batería de respuestas a esta cuestión, a la que ha tenido acceso elEconomista.es, el Gobierno explica que entre enero y diciembre, es decir, en el primer año de aplicación de la reforma laboral, el número de fijos discontinuos inactivos inscritos se ha disparado un 80%. Hay que recordar que la reforma laboral tuvo un periodo de 'vacatio legis' de 3 meses hasta la desaparición de los contratos temporales por obra y servicio.
Por ello, más allá de la variación en el conjunto del año, el análisis de la evolución confirma que el incremento verdaderamente sustancial se registra en los tres últimos meses de 2022, coincidiendo con la revisión de las cifras que llevó a cabo el Servicio Público de Empleo Estatal en octubre. Solo en ese mes, convirtió a 52.300 parados registrados en demandantes con relación laboral, al tiempo que modificó el sistema de registro de los demandantes. Así, solo entre septiembre y diciembre los fijos discontinuos inactivos se han disparado un 136%.
Este ajuste, sobre el que el Ejecutivo sigue sin dar explicaciones, despertó la polémica sobre lo que el investigador de Fedea, Florentino Felgueroso, denomina desempleo "efectivo", resultado de añadir a la cifra de paro registrado la de los demandantes con relación laboral, que incluye a fijos discontinuos en periodo de inactividad y afectados con ERTE. La polémica pone en cuestión el balance del Gobierno sobre la evolución del mercado de trabajo tras la reforma laboral.
Pero este modelo presentaba limitaciones: la principal es que no se sabe cuántos de estos demandantes estaban trabajado realmente. La segunda es que su evolución a lo largo de la legislatura se ha visto muy afectada por la volatilidad de los ERTEs. Sin embargo, Felgueroso insiste que el incremento en el último año, superada la pandemia y con un descenso a mínimos de los afectados por regulaciones temporales de empleo, solo podía deberse a un aumento de los fijos discontinuos inactivos tras la nueva Ley.
Ahora, tras meses de descalificaciones (Yolanda Díaz llegó a tachar el análisis de "trumpismo"), la respuesta del Gobierno confirma su tesis y arroja una sombra sobre el balance de Legislatura a menos de tres meses de las elecciones autonómicas.
La brecha de paro efectivo se duplica
En diciembre de 2019 había 3.163.605 parados registrados y 301.316 demandantes con relación laboral. En diciembre de 2022, los parados registrados han caído a los 2.837.653 y los demandantes en 622.184, un incremento que se debe a los fijos discontinuos que no trabajan, que suponen el 71% del total. Así, mientras el paro registrado ha caído un 10,8%, los demandantes con relación laboral se han duplicado.
De esta forma, aunque la caída del paro es de 326.000 personas, la del desempleo efectivo se reduce a apenas 5.000 por estos 443.078 fijos discontinuos inactivos.
¿Pero pueden considerarse como paro oculto? La respuesta es compleja, ya que los contratos fijos discontinuos ya existían en 2019 (de hecho, se remontan a finales de los años 70) y entonces también se excluían del paro registrados, aunque se inscribieran como demandantes de empleo. En este aspecto, la reforma laboral no ha supuesto ningún cambio.
El Gobierno solo facilita datos de 2022, con lo cual no es posible estimar la situación previa a la reforma si bien los datos de enero suponen un buen ejemplo ya que, como decimos, entonces aún no estaba en vigor la reforma. Los problemas de contabilidad que ha registrado el SEPE y las medidas tomadas para resolverlos han disparado la cifra que ahora revela el Ejecutivo.
Pero para hablar de maquillaje habría que saber cuántos parados registrados se borraron de la estadística por ser fijos discontinuos. Los propios datos del SEPE reconocen que en 2022 se 'borró' a un total de 127.000 personas de las columnas de paro registrado para pasarlos a la de demandantes con relación laboral.
Eso sí, como el Grupo Popular no pregunta sobre esta cuestión que incluso ha distorsionado las estadísticas de Eurostat, el Ejecutivo no se ha visto obligado a pronunciarse.
'Voladura controlada' de la polémica
Pero es que, además, el Gobierno viene a reconocer que los datos son parciales, ya que el Ministerio de Trabajo solo cuenta los contratos que se registran en los servicios públicos de empleo o a través de la aplicación Contrat@ "pero desconoce tanto la situación laboral que esos trabajadores puedan mantener durante la vigencia de su contrato de trabajo como la continuidad que su relación laboral pueda tener en el tiempo".
Pese a que estos trabajadores inactivos son dados de baja en la Seguridad Social, el departamento que dirige Yolanda Díaz solo controla a aquellos que se han inscritos como demandantes en un servicio público de empleo a la espera de recibir una prestación. Algo, que, según los datos facilitados por el Gobierno, solo consiguen un 60% de ellos.
En cualquier caso, la respuesta es sorprendente, ya que se conoce solo unos días después de una rueda de prensa mensual de paro en la que el número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey, volvió a dar largas sobre el desglose.
Aunque el el remitente es la Secretaría de Estado de Relacione con las Cortes, que depende del Ministerio de la Presidencia, los datos solo los puede haber recabado el propio Ministerio de Trabajo: este es el protocolo de respuesta a las preguntas parlamentarias, que siempre pasan por el gabinete de la ministra.
Descartado que una respuesta de este calibre haya escapado a su control, la opción más lógica, según apuntan fuentes conocedoras de la mecánica interna de estos procesos, es que se trata de una 'voladura controlada' para desactivar la polémica antes de que vaya a mayores sin necesidad de presentar el informe detallado que la propia Díaz se comprometió a elaborar hace unos meses.