El Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación, presidido por la ex ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, ha reprochado este viernes al Gobierno que el "exceso" de normas laborales está disparando tanto la inseguridad jurídica como los "costes regulatorios" y penalizan la propia creación de empleo.
Durante la presentación en Valencia de la quinta edición del Human Capital Outlook, en el que también participan Fedea y BBVA Research, Báñez ha recordado que el pasado año se publicaron más de 250.000 páginas de regulación. "Equivale a tener que leer 700 páginas de boletines oficiales cada día", ha apuntado y ha advertido de la necesidad de contar con "estabilidad regulatoria".
"Es mejor regular poco y bien que hacerlo en exceso", ha apuntado la también presidenta de la Fundación CEOE, que ha asegurado que esta cuestión "preocupa y ocupa" a los expertos. En este sentido, ha recordado que el sector privado, que genera el 85% del empleo, sigue lejos de recuperar los niveles de ocupación previos a la pandemia "tras la desaceleración" del segundo semestre. En este sentido, la que fuera responsable laboral y de pensiones en el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha advertido de la necesidad de contar con las empresas como "parte de la solución".
El análisis de legislación y jurisprudencia que recoge el informe lanza una advertencia contundente sobre una "frenética actividad legislativa, a veces tramitada por vías extraordinarias que limitan las garantías de calidad de la norma". En este sentido, la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia y 'Of Counsel' de Sagardoy, Gemma Fabregat, ha señalado que desde diciembre de 2021 se han aprobado "46 normas de trascendencia jurídico laboral relevante".
"Me gustaría decir que la seguridad jurídica no se ha visto afectad·, ha señalado la experta, quien ha denunciado que en el mismo día se publican normas "que se contradicen". En este punto, los expertos han destacado el papel de los tribunales a la hora de clarificar la interpretación, como ha ocurrido con las sentencias sobre la "prohibición de despedir" del Supremo, a pesar de que el equipo de Yolanda Díaz ha seguido prorrogando estas fórmulas en los planes de choque por la guerra de Ucrania. A ello se suman los nuevos supuestos de nulidad del despido introducidos en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación
Pero en otras resoluciones, adoptadas por instancias inferiores, solo es un primer paso. Es el caso de las sentencias sobre indemnizaciones por despido superiores al mínimo legal aprobadas por los tribunales superiores de justicia autonómicos. En cualquier caso, estos procesos judiciales tienen resultados inciertos que afectan a la actividad y la contratación.
En este sentido, el socio director de EY, Ramón Palacín, ha apuntado que esta falta de "previsibilidad normativa y aplicativa" se traduce en una inseguridad jurídica el constante cambio normativo que hace a los directivos "imposible estimar el coste del talento necesario" paras las empresas.
Aún más contundente se ha mostrado su homólogo en Sagardoy Abogados, Martín Godino, quien ha hablado de "rigidificación" del mercado laboral a través de normas aprobadas sin consenso suficiente. Esta tendencia se está traduciendo en "incrementos de costes regulatorios" que no pueden ser asumidos por muchas empresas, en especial las pymes. Y ello puede tener "efectos en el medio plazo muy negativos en el mercado laboral".
Esto se suma al aumento de costes laborales provocados por el impulso a la negociación colectiva, que tras una relativa parálisis en 2022 está trasladando a los salarios "efectos acumulados" de la inflación muy por encima del 3%, aunque aún por debajo de lo que marca el IPC. Lo cual "es bueno para evitar efectos segunda ronda", según ha recalcado Godino.
Menor temporalidad pero más volatilidad
No todo han sido reproches al Gobierno. En lo que ha habido consenso es en los efectos positivos de la reforma laboral, que ha propiciado una rebaja de la tasa de temporalidad al 17,9%, como apunta la EPA de cierre de 2022. Aunque Fátima Báñez ha recalcado que este ajuste se debe exclusivamente al esfuerzo de las empresas privadas, que la redujo al 14,9%% mientras el sector público se mantiene cera del 29%.
Y ha recordado que el "paro efectivo", la metodología acuñada por Fedea para estimar el desempleo real incluyendo a los fijos discontinuos inactivos, se sitúa en los 3,5 millones.
En este sentido, el director de BBVA Research, Rafael Doménech, ha señalado que aunque el mayor incremento del empleo se concentra en los indefinidos ordinarios, la volatilidad de los fijos discontinuos sigue disparándose. Así, aunque el número de trabajadores con esta modalidad se ha "estabilizado", el número de contratos necesarios para generar un aumento neto del empleo" sigue aumentando".
Por su parte, Godino ha señalado que este "trasvase" de las actividades eventuales a los fijos discontinuos afecta a las horas de trabajo, aunque ha celebrado como consecuencia positiva la "admisión cultural de la necesidad de fomentar a contratación indefinida". A su juicio, "el contrato temporal se está reduciendo a las necesidades realmente temporales".
