CaixaBank continúa lanzando medidas para ayudar a sus clientes. La entidad ha decidido que partir de abril condonará las rentas a los inquilinos de viviendas propiedad de su filial inmobiliaria BuildingCenter, siempre que se cumplan unas condiciones. Esta medida, explica, estará en vigor hasta el mes que se decrete la finalización del periodo de alarma por el coronavirus si el mismo se extendiera.
La banca presiona al Gobierno para que las garantías públicas de los préstamos por importe de hasta 200.000 millones alcancen el 80%, en vez del 50% planteado. Se espera que este martes el consejo de ministros apruebe las condiciones de las líneas de financiación para mitigar los efectos del coronavirus en las empresas y sectores más castigados. Las entidades son conscientes de los riesgos que tendría para el Estado, por lo que están reclamando una escala de umbrales al estilo de los avales alemanes, que puedan alcanzar cuatro quintas partes de los créditos. Reivindican una garantía máxima para la financiación de las pymes y un 70% para el destinado a grandes empresas.
El consejo de administración de Bankia ha acordado mantener la junta general ordinaria de accionistas, prevista para el 27 de marzo, pero lo hará de manera no presencial y a puerta cerrada con el objetivo de cumplir con las recomendaciones de las autoridades tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus. De esta manera, no se acogerá a la posibilidad de aplazar la asamblea otorgada por la CNMV, pero sí a la petición de que estos encuentros se hagan en remoto.
Bankia, con el objetivo de aliviar la carga financiera de sus proveedores, y en especial pymes y autónomos, está estudiando mantener la remuneración de aquellos servicios que por las circunstancias actuales derivadas del coronarirus no se están prestando, parcialmente o en su totalidad, según los acuerdos comerciales vigentes
El sector turístico ya cuenta con la primera línea de préstamos con avales anunciado por el Gobierno para aliviar el impacto de la crisis del coronavirus. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha puesto en circulación 400 millones destinados a este segmento de actividad, uno de los más castigados por la pandemia.
El real decreto-ley aprobado este miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez que permite que los ciudadanos más vulnerables o las empresas que sufren un fuerte impacto económico por el coronavirus soliciten no pagar la cuota de su hipoteca libra a las entidades de tener que realizar provisiones para esos préstamos impagados. Además, también trata de evitar la picaresca de que se suban al carro de los impagos personas que no estén en circunstancias de vulnerabilidad a través de sanciones.
El Gobierno aprobó este miércoles en real decreto-ley que las personas más vulnerables afectadas por el impacto económico del conoravirus pidan a los bancos no pagar su hipoteca sin consecuencias de que pierdan la vivienda. La medida no concreta si esta opción se puede solicitar de forma física o telemática. Las asociaciones de consumidores instan a la banca a facilitar los canales digitales para poder pedir la moratoria y evitar desplazamientos en estos momentos de confinamiento.
CaixaBank confía en que la crisis originada por el coronavirus sea "severa" y "corta" y que posteriormente, en el segundo semestre del año la actividad financiera repunte. Por ello, espera generar “un significativo crecimiento orgánico de capital” durante el ejercicio. Pese a ello, la entidad no esconde la necesidad de que tendrá que rebajar sus expectativas de negocio y objetivos para el conjunto de 2020.
Los bancos no están dispuestos a que su reputación se debilite aún más durante la crisis del coronavirus. Las entidades no tienen previsto aplicar Expedientes de Regulación de Empleo (ERTES), a pesar de que podrían justificarse ante el desplome de su actividad. El sector teme una caída sin precedentes del negocio y los expertos apuntan a caídas drásticas del crédito nuevo a familias tanto en consumo como en hipotecas. Desde Álvarez & Marsal anticipan que habrá "nula actividad" en ambos segmentos, al menos, en los próximos tres meses y que solo se producirán refinanciaciones de estos préstamos como consecuencia de la dificultades de los hogares.
El Ministerio de Economía prepara para el próximo Consejo de Ministros las condiciones con las que se otorgarán los 100.000 millones de la línea de avales que ayer fueron aprobados por el Gobierno. Según fuentes consultadas por elEconomista, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que el reparto del riesgo sea al 50% con el sector privado, un extremo que las entidades financieras consideran que no es viable para sus cuentas pese al alivio que les puede suponer en la morosidad la decisión sobre la moratoria hipotecaria.