El Instituto de Crédito Oficial (ICO) velará en todo momento por la buena gestión de los créditos avalados por el Estado que concederá la banca a las empresas para mitigar los efectos económicos del corovirus. Según recoge el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, este organismo público tendrá que analizar los préstamos que las entidades vayan a otorgar los préstamos por un importe superior a los 50 millones antes de su aprobación.

Los reguladores han instado a la banca y a las compañías de medios de pago que eleven el límite establecido en las tarjetas sin contacto para mitigar los contagios del coronavirus. La Autoridad Europea Bancaria (EBA, por sus siglas en inglés) ha reclamado que se incremente hasta los 50 euros la posibilidad de que los usuarios abonen sus compras en los supermercados o farmacias sin tener que teclear el PIN de la 'visa'. En España, está topado en 20 euros.

El Gobierno activó ayer el primer tramo de ayudas para evitar el colapso financiero de las empresas, en el marco de su plan de avales públicos por hasta 100.000 millones, y aprobó las condiciones para que las entidades movilicen los recursos. Según lo aprobado, por ahora estarán disponibles garantías por hasta 20.000 millones (10.000 para pymes y autónomos) con coberturas del Estado que oscilan entre el 60 y el 80% como anticipó este periódico. La banca, eso sí, fijará el tipo de interés que cobrará por los préstamos a las compañías afectadas por el coronavirus.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha destacado que el sector financiero español está preparado para contribuir a la pronta recuperación de la economía tras el bache provocado por el coronavirus. Las entidades tendrán que canalizar los créditos a las empresas afectadas para evitar despidos y cierres masivos.

El Gobierno ha aprobado los avales públicos de los créditos para las empresas con una cobertura de entre un 60 y un 80%. La garantía máxima será para la financiación a pymes y autónomos que se vean afectados por el coronavirus. De esta manera, atiende en parte las reclamaciones de la banca, que estaba solicitando una horquilla de garantías con el fin de movilizar el mayor volumen de recursos al tejido productivo y mitigar así los efectos económicos de la pandemia.