La banca presiona al Gobierno para que las garantías públicas de los préstamos por importe de hasta 200.000 millones alcancen el 80%, en vez del 50% planteado. Se espera que este martes el consejo de ministros apruebe las condiciones de las líneas de financiación para mitigar los efectos del coronavirus en las empresas y sectores más castigados. Las entidades son conscientes de los riesgos que tendría para el Estado, por lo que están reclamando una escala de umbrales al estilo de los avales alemanes, que puedan alcanzar cuatro quintas partes de los créditos. Reivindican una garantía máxima para la financiación de las pymes y un 70% para el destinado a grandes empresas.
Según ha podido saber este periódico, en el Ministerio de Economía están analizando este sistema progresivo de coberturas para que los préstamos puedan llegar a la mayor parte de las compañías damnificadas por la pandemia y están dispuestos a establecer avales escalonados en función de colectivos y líneas específicas del ICO, aunque únicamente para crédito nuevo, no para refinanciaciones. Pero también están estudiando con sumo cuidado el efecto que tendría, ya que sería una especie de ayuda pública para el sector financiero.
De acuerdo con los planes de las autoridades alemanas, las garantías de alcanzarán el 80% de los recursos destinados, asumiendo por tanto los bancos el 20% restante, pero en su programa se incluye un aval del 90% para determinados segmentos y fines, como son la utilización de los fondos para inversiones.
Las entidades españolas están instando al Gobierno que se fijen adecuadamente las condiciones de los préstamos y que tengan libertad para realizar los filtros necesarios para que el dinero se canalice de la mejor manera y no suponga en el medio y largo plazo un problema tanto para el sistema como para el conjunto del país. En Alemania los intereses oscilarán entre el 1 y el 7% en función de los plazos de vencimiento y la solvencia de las empresas.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado ya la primera línea, a la espera de que el Ejecutivo determine las reglas concretas de todo el paquete de medidas. Ésta va dirigida para el sector turístico y a ella se han adherido ocho entidades. Las compañías afectadas por el Covid-19 de esta industria podrán reclamar hasta unos 500.000 euros por operación a un 1,5% como máximo, con un vencimiento de hasta cuatro años y una posibilidad de carencia en el pago de doce meses.
Para facilitar que los bancos movilicen el dinero y las medidas sean efectivas el Banco Central Europeo (BCE) ha flexibilizado el régimen de provisiones que tienen que hacer en caso de las empresas entren en morosidad, por lo que ha atendido las peticiones de las entidades de las última semana. Estas menores exigencias solo afectan a aquellos créditos que cuenten con garantías públicas y que estén bajo el marco del coronavirus.
Desarrollo de sistemas
En los últimos días, el sector trabaja a pleno rendimiento para desarrollar los sistemas técnicos y administrativos necesarios y que éstos estén listos en el momento en el que la normativa entre en vigor. Desde algún banco advierten de que en las próximas jornadas determinadas empresas podrían tener problemas para abonar las nóminas de sus trabajadores.
Además, desde hace más de una semana las entidades han lanzado programas de préstamos preconcedidos por valor de unos 100.000 millones. Solo los tres principales bancos –Santander, BBVA y CaixaBank- han puesto a disposición de las pymes más de 70.000 millones de euros.
