Los autónomos afrontan los últimos días para cumplir con la nueva obligación de comunicar a la Seguridad Social cualquier variación que afecte a su situación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta obligación, que entró en vigor el 1 de enero, da de plazo a estos trabajadores hasta el 31 de octubre. Y los abogados ya alertan del peligro de equivocarse en los datos que se trasladan y, por tanto, el riesgo que puede suponer para las empresas familiares que tienen autónomos al frente (la mayoría) ante la mayor probabilidad de que salte la alarma y la Agencia Tributaria abra inspecciones. "Se está hablando de la nueva obligación laboral, pero no de lo que implica desde el punto de vista fiscal", apunta Emma Corretger, socia de CIM Tax & Legal, bufete especializado en el asesoramiento a empresas familiares.

Los tribunales españoles procesaron por corrupción a 48 personas en el segundo trimestre del año, según informa el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Estos sujetos son funcionarios públicos, gobernantes y políticos. También se procesó a 11 empresas entre los meses de abril y junio.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el impuesto a las grandes fortunas -que deliberará el martes y se prepara para avalarlo tras conocerse que el texto de la ponencia lo respalda-, sentará un precedente para crear tributos paralelos a los de las CCAA. La tasa a los ricos se configuró como un calco al Impuesto de Patrimonio, que gestionan las autonomías, pero para que el Estado recaudase de aquellos contribuyentes que no lo pagan porque en sus regiones está bonificado o si tiene un tipo impositivo inferior al de grandes fortunas, llevarse la diferencia.

El Tribunal Supremo (TS) determina que un juez no puede modificar la calificación de enfermedad profesional que ha hecho otro juez en un asunto anterior. En una sentencia del 19 de julio de 2023, de la que fue ponente el magistrado Ignacio García-Perrote Escartín, el tribunal señala que la existencia de una sentencia firme que declara la muerte de un trabajador como encuadrable en la enfermedad profesional, a los efectos de la percepción de daños y perjuicios, obliga a que una posterior sentencia (referida al percibo de la pensión de viudedad) tenga que calificar de la misma forma la citada contingencia.

El Tribunal Constitucional (TC) se desmarca de una inminente resolución que estime los recursos de amparo presentados por los condenados en el caso de los ERE de Andalucía y anule las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Sevilla. La Corte de Garantías aclara que no es cierto que vaya a haber una inmediata resolución y estimación de los recursos de amparo presentados contra las sentencias.