El Constitucional se prepara para respaldar el impuesto a las grandes fortunas

El Tribunal Constitucional (TC) decidirá el 24 de octubre sobre la legalidad del impuesto a las grandes fortunas y apunta a respaldarlo. El Pleno tomará una decisión en base a la propuesta de sentencia elaborada por la magistrada progresista María Luisa Balaguer, un texto que sostiene que la creación del tributo no supone una invasión por parte del Estado de las competencias autonómicas en materia fiscal, tal y como argumentan los recursos interpuestos por las diferentes CCAA. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales. No obstante, habrá que esperar a conocer la decisión final del Pleno.

Con esta fecha marcada ya en rojo, comienza la cuenta atrás para todos aquellos contribuyentes que afrontaron el pago del tributo el pasado mes de julio y quieran recurrirlo ante la posibilidad de que una sentencia anule lo anule. Bufetes y asesores fiscales venían recomendando en el último mes la impugnación del impuesto por la vía administrativa "lo más rápido posible" ante un inminente fallo. El motivo de actuar contra el impuesto antes de la sentencia viene de la experiencia marcada por el propio Constitucional tras anular en octubre de 2021 el impuesto municipal de la plusvalía. Entonces, la Corte de Garantías limitó la recuperación del impuesto exclusivamente a aquellos contribuyentes que a fecha de la sentencia hubieran actuado por la vía económico-administrativa o por la judicial y no tuvieran resolución o fallo firme.

No obstante, Esaú Alarcón, abogado fiscalista en Gibernau y profesor de Derecho Tributario en la Universidad Abat Oliba, señala que si ya era partidario de que no se debía recurrir el impuesto porque no afecta a situaciones individuales, ya que el recurso actúa en contra de una normativa, ahora con más motivo al considerar que lo más probable es que desestime. A su juicio, si no es con este objetivo no hubiera corrido tanto el recurso, ya que si se estimara significaría que el impuesto es muy grave y si tan grave fuera no tendría sentido limitar los efectos de una sentencia.

El TC deliberará el martes sobre el recurso interpuesto por la Comunidad de Madrid al considerar que invade las competencias autonómicas y vulnera la autonomía financiera de las regiones, aunque también admitió a trámite el de la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Murcia. El Ejecutivo de Ayuso interpuso el recurso el 1 de febrero, fue admitido el 18 de abril y se deliberará el 24 de octubre. Cabe recordar que la actual composición del TC es de siete magistrados progresistas, frente a cuatro conservadores, por lo que desde el sector jurídico ven complicado que el recurso prospere.

Las CCAA que recurrieron el impuesto son precisamente las que tienen bonificado (en el caso de Murcia desde este 2023) el Impuesto de Patrimonio, este cedido a las autonomías. Los contribuyentes de estas regiones son los más afectados por la tasa a los ricos ya que al no pagar por patrimonio, tienen que asumir íntegramente el nuevo impuesto estatal.

Más de 620 millones

El impuesto a las grandes fortunas entró en vigor el pasado 29 de diciembre para gravar durante dos ejercicios (2022 y 2023) las fortunas superiores a los 3,7 millones de euros de los contribuyentes. En la primera autoliquidación de julio, Hacienda recaudó 623 millones de euros (un 60% menos de los 1.500 millones previstos), el 90% de los madrileños. El gravamen aplica un tipo del 1,7% para las fortunas de entre 3,7 millones a los 5,3 millones; del 2,1%, entre los 5,3 millones y los 10,6 millones; y del 3,5%, a partir de los 10,6 millones de euros.

Desde el Tribunal Constitucional señalan que aunque la deliberación sobre el impuesto esté marcada para el próximo martes, todo dependerá de cómo se desarrolle el Pleno, por lo que su votación podría retrasarse para los días posteriores.

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