Hacienda intensifica la persecución a los dueños de compañías que han acabado en concurso de acreedores. La Agencia Tributaria ha tomado por costumbre en los últimos años esperar a que los jueces cierren el procedimiento de concurso para, en los siguientes cuatro ejercicios y antes de la prescripción, exigirles a los dueños de estas compañías, en muchos casos emprendedores, la deuda tributaria que han dejado sus firmas. Todo ello, a pesar de que en el procedimiento concursal el juez de lo mercantil haya declarado al empresario no culpable de la insolvencia. El fisco, una vez cerrado el concurso, se escuda en la Ley General Tributaria para exigir la deuda en vez de atender a la concursal. El objetivo es claro: ir a por el contribuyente cuando ya no hay juez de por medio para aumentar la recaudación.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, asegura que no tuvo conocimiento de que la entidad había contratado al excomisario José Manuel Villarejo para realizar presuntas labores de espionaje hasta junio de 2018, época en la que ya llevaba tres años como consejero delegado del banco.

El Tribunal Supremo (TS) falla en contra de la Agencia Tributaria por utilizar a su conveniencia las plazos de prescripción en la derivación de responsabilidad solidaria de una deuda.

Los tribunales fallan en contra de los trabajadores que se piden la reducción de jornada para el cuidado de un hijo con el único objetivo de blindarse de un despido. Y ya ha habido varias sentencias al respecto. El último fallo llegó de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 8 de junio, aunque ya dictó uno similar en 2019. La sentencia, ponencia de la magistrada Gloria Poyatos, señala que el empleado usó el "aparente ejercicio de un derecho de conciliación familiar y laboral, a los solos efectos de blindarse frente a la decisión empresarial impugnada, ya conocida por el operario". A juicio del TSJC, el trabajador actuó de forma "fraudulenta".

El titular del Juzgado Central de la Audiencia Nacional número 6, Manuel García Castellón, ha abierto juicio oral contra el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y la excúpula del Ministerio, por la llamada operación Kitchen, la pieza separada número 7 del caso Villarejo, que investiga la presunta estrategia de Interior para robar los documentos del extesorero del PP, Luis Bárcenas, relacionados con el caso Gürtel.