España es el país europeo con un mayor número de asuntos jurídicos anuales que perciben ayuda pública por cada 100.000 habitantes (3.379), pero uno de los últimos en cuanto aportación económica por cada caso (178 euros), según los datos aportados por el Informe de evaluación sobre los sistemas judiciales europeos 2022, con datos de 2020, realizado por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ).
Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Austria proporcionan las cantidades más altas, aunque el primero de los países se ha dejado fuera de la muestra al considerarlo un valor atípico con una cantidad mucho más alta por caso en comparación a otros países. Noruega y los Países Bajos también ofrecen asistencia legal para muchos casos.
Por otra parte, algunos países como Lituania, Moldavia y España tienen muchos casos de asistencia legal, pero menor cantidad asignada por caso. Hungría y Albania no son generosos ni en el número de casos elegibles y en la cantidad gastada.
España gastó 4,2 millones de euros euros en 2020 en el presupuesto del sistema judicial implementado: 87,9 euros por habitante y 0,37% del PIB. El 86% se gastó en tribunales, el 7% en enjuiciamiento y el 7% en asistencia letrada.
Un juez en España percibe, al inicio de su carrera, 51.946 euros brutos de media al año y 103.000 euros al final de la carrera, frente a los 46.149 euros y 90.287 euros percibidos, respectivamente, de media en Europa. En una línea similar está Bélgica (67.532 euros y 122.877 euros); Alemania (52.928 y 90.670); Francia (46.149 y 123.210); Italia (56.263 y 187.296); Portugal (48.055 y 105.345); y Grecia (31.710 y 87.247).
Por debajo de la media
En España hay 11,24 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de 17,60. Esta cifra es inferior a la registrada en el informe de 2018, que representaba 11,53 jueces profesionales por cada 100.000 habitantes, descenso también registrado de 17,94. En el caso de España esta es la cifra más baja desde 2012.
El estudio de la CEPEJ se refiere a 44 Estados miembros del Consejo de Europa, así como a Israel, Marruecos y Kazajstán, canalizando los datos sobre los presupuestos de los sistemas judiciales, los profesionales del derecho, la organización del poder judicial sistemas, el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la eficiencia y la calidad del servicio público de justicia que se presta a los usuarios.
Sitúa a la Justicia española a la cabeza en la especialización sobre violencia de género, al tiempo que destaca la existencia de un tribunal "único en Europa, especializado en casos de violencia contra la mujer".
El informe señala que "desde hace varios años, ha habido más jueces y fiscales mujeres que hombres; al mismo tiempo, el techo de cristal, es decir, una subrepresentación de las mujeres en las funciones más altas está aún presente; sin embargo -resalta-, "hay algunos desarrollos prometedores y ejemplos inspiradores para facilitar las carreras de las mujeres y promover el equilibrio de género en los más altos cargos judiciales".
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