Así se repartirá el poder en las empresas públicas

Dicen que la conflictiva salida del ya expresidente de Red Eléctrica (REE), Jordi Sevilla, es sólo el inicio del relevo que el Gobierno de coalición ya prepara en las cúpulas de varias empresas públicas del país. Al menos eso se comenta en el Palacio de la Moncloa, desde donde apuntan también que Pedro Sánchez parece haber impuesto a Pablo Iglesias un acuerdo que limita, y mucho, la capacidad de actuación de Unidas Podemos en estos relevos. De hecho, cuentan que la formación morada no tendrá ni voz ni voto en los cambios que el Ejecutivo podría acometer en compañías como SEPI, Paradores, Enresa, Tragsa, Puertos del Estado y Agencia EFE. En cambio, Sánchez sí que les reservará "sillones de menor rango" en organismos clave, curiosamente todos centrados en el ámbito económico. Se habla en concreto de la CNMC, la CNMV o la AIReF. Hay quien dice que en Unidas Podemos aspiraban a mucho más en lo que se refiere a este reparto de puestos, pero que se han encontrado con un programa de relevos ya cerrado "y no han tenido más margen de negociación. "Está por verse qué cambios tendrán lugar finalmente, pero nadie duda de cuáles son los puestos clave que quieren controlar", dicen en círculos cercanos al Gobierno.

Escandaloso 'guiño' a la CUP del Ayuntamiento de Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona ha entregado a la asociación juvenil La Dreixa un local de más de 100 metros cuadrados en el centro de Barcelona. Además, el consistorio comandado por Ada Colau invirtió más de 240.000 euros para rehabilitar el espacio por lo que esta organización lo ha recibido en perfectas condiciones de uso. Por si fuera poco, este "regalo" se ha efectuado sin realizar un concurso público previo. Si el método ya despierta recelos, sorprende aún más que La Dreixa sea precisamente una asociación de jóvenes que está estrechamente vinculada a la CUP. No qué decir tiene que esta relación con el partido antisistema es lo ha despertado críticas por parte de la oposición a Colau en el consistorio barcelonés. "Supone un claro guiño al independentismo más radical por parte de Barcelona en Comú", dicen en una formación política. Las mismas fuentes indican que el escándalo es aún más grave, ya que no es el primer regalo que Colau entrega a organizaciones cercanas a la formación liderada ahora por su portavoz en el Parlament, Carles Riera. "El Ayuntamiento ha ido adquiriendo otros espacios que ha ido cediendo al entorno de las CU", dicen. El ejemplo más claro en este sentido es la compra del edificio Bloc 17 en el distrito de d'Horta-Guinardó por más de un millón de euros, que ahora es la sede de Arran, otro grupo cercano a la CUP, y de los CDR del barrio.

Hacienda vuelve a atemorizar a los artistas

El nuevo plan de directrices para este año que Hacienda ha publicado ha vuelto a meter el miedo en el cuerpo al gremio de actores, y también a los deportistas. Y con toda la lógica del mundo, ya que el documento pone el foco en este tipo de contribuyentes. De hecho, el Ministerio comandado por María Jesús Montero advierte de que su vigilancia irá más allá de las rentas que estos gremios perciben por su actividad ya que también controlará otro tipo de ingresos, como los patrocinios o los derechos por publicidad. Ni qué decir tiene que el incremento de la vigilancia ha hecho que muchos actores y deportistas consulten a sus asesores fiscales para evitarse problemas con el Fisco en el futuro. Por otro lado, este aumento de la vigilancia por parte de Hacienda también ha sentado mal especialmente entre los actores que critican directamente a Pedro Sánchez. Por lo visto en el gremio están molestos por el hecho de que el presidente acuda a los Goya "a apuntarse un tanto" al tiempo que impulsa "esta medidas que pone al sector en guardia", indican en una productora.

Colau se venga del Puerto de Barcelona

La relación entre Ada Colau y la Autoridad Portuaria de Barcelona era conflictiva desde que Mercè Conesa, presidenta del organismo, aseguró que el Ayuntamiento "mentía" con la contaminación. En concreto Conesa aseguró que el tráfico de contenedores y cruceros emitía hasta 16 veces menos CO2 del que Colau decía. Pues bien, cuentan que el enfrentamiento entre ambas es lo que ha provocado que el proyecto de levantar el Hermitage en Barcelona penda de un hilo. El museo iba a generar una inversión de más de 50 millones en la ciudad. Además de un positivo impacto en el empleo y en la imagen de la Ciudad Condal. A pesar de ello, cuentan que Colau ha mareado a los promotores de esta iniciativa, porque se trataba del proyecto estrella de Conesa, ya que la ubicación inicial del Hermitage era el Puerto de Barcelona. "Se ha realizado una campaña mediática en contra y desde el Ayuntamiento han pedido hasta tres cambios de proyecto", se quejan desde el entorno de Conesa. Las mismas fuentes añaden que la alcaldesa ha aprovechado el impacto del temporal Gloria en la ciudad para confirmar su negativa a este proyecto. "Colau ha querido vengarse políticamente de Conesa, que pertenece al PDeCAT, con el Hermitage sin importarle lo más mínimo lo que la ciudad perderá al negarse a albergar una instalación de este calibre", sentencian en un partido de la oposición.

¿Ayudará el Gobierno a sus contratas?

Muchas de las empresas que tienen contratos con la Administración Pública han expresado su malestar por el alza del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 950 euros. En concreto, se quejan de que no podrán repercutir la subida de los sueldos ya que la normativa actual impide a la Administración actualizar los precios con una empresa a pesar de la incontestable alza en los costes que supone el nuevo SMI para sus cuentas. Desde Moncloa comentan que las protestas por parte de estas firmas es mayoritaria, especialmente en ámbitos como limpieza, lo que está llevando al Gobierno a estudiar algún tipo de solución para paliar el impacto que el SMI tendrá en las firmas contratistas. De hecho, se comenta que el equipo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha preguntado a los Abogados del Estado para ver si es posible encontrar una solución en el corto plazo. Las empresas dicen ser sabedoras de las maniobras que el Ministerio está realizando por orden de Moncloa. No obstante, desde una contrata de limpieza aseguran ser "poco optimistas" al respecto.