En diez años, la Comunidad de Madrid ha visto cómo la libertad de horarios comerciales ha significado un aumento dle 13,4% de empleo, y además, las ventas han aumentado hasta un 20% desde 2012 a esta parte.
En diez años, la Comunidad de Madrid ha visto cómo la libertad de horarios comerciales ha significado un aumento dle 13,4% de empleo, y además, las ventas han aumentado hasta un 20% desde 2012 a esta parte.
A la espera del conocimiento exhaustivo de la adenda que el Gobierno habrá de enviar a Bruselas en enero, elEconomista.es ha conversado con el vicecretario económico del Partido Popular, Juan Bravo. El senador y hasta hace poco exconsejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucia, no solo ha analizado la actual situación económica. El también senador ha valorado la gestión de los fondos Next Generation y al tiempo ha sido propositivo y para desvelar algunas de las recetas económicas del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo.
Las Comunidades Autónomas, perceptoras de 20.000 millones de euros procedentes de los 12 fondos que conforman el nuevo plan que el Gobierno de España enviará en enero a Bruselas, tendrán que soportar el riesgo crediticio de las empresas que pidan dinero en este nuevo periodo y que finalmente no puedan reembolsar la deuda por problemas de impago.
La economía española apenas crecerá un 1,2% del PIB el próximo año, con un peligro añadido de elevada incertidumbre y una inflación que no bajará del 4%, al menos en el siguiente ejercicio. En definitiva, una clara tendencia a la estanflación, como así prevé el Instituto de Estudios Económicos en su último Informe Semestral de Coyuntura Económica, publicado este lunes y titulado La ralentización, principal riesgo para 2024.
A expensas de la resolución que el Tribunal Constitucional tome el lunes y de la votación parlamentaria definitiva que tendrá lugar el próximo jueves en el Senado, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma exprés del Código Penal que implica la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, además del cambio del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, modelos que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a Esquerra Republicana.
El Partido Popular ha calculado que el Gobierno de Pedro Sánchez acabará recaudando este año 50.000 millones de euros más que en 2019, entre impuestos y cotizaciones sociales, razón por la que pide al Ejecutivo que gestione mejor y que redistribuya esta recaudación extra con el contribuyente español, al que, en términos generales, le cuesta cada vez más hacer la cesta de la compra, pagar la luz, el gas o responder en fecha al pago de las hipotecas.
Finalmente, Unidas Podemos no ha puesto ningún impedimento para que ayer se aprobara el informe con todas las enmiendas transnacionales -incluidas las de socialistas y ERC- para rebajar entre seis meses y tres años el delito de malversación sin ánimo de lucro.
Hasta la fecha, solo 4.200 millones de euros, un 15% de los fondos Next Generation de los 28.500 millones ejecutados en convocatorias de subvenciones, han llegado al tejido productivo, económico y social del país. Así lo constata el último informe de Esade, con datos hasta el 15 de noviembre, a menos y medio de que se cierre el ejercicio.
Sin estar abierto el periodo de licitaciones todavía, de los fondos Next Generation, el Gobierno se ha apresurado a promocionar el papel de la empresa californiana Cisco, por decidir instalar un centro europeo de diseño de microchips en Barcelona.
La negociación del Gobierno de Pedro Sánchez para obtener apoyos a sus últimos Presupuestos Generales del Estado ha tenido, no solo un coste crematístico -que se ha traducido en mayor número de inversiones para Cataluña o País Vasco, respecto a otras comunidades autónomas-, sino también, en un coste normativo, que en el caso de los independentistas catalanes, ha supuesto la entrega de la anhelada armonización fiscal que durante años ha venido exigiendo Esquerra Republicana.