La negociación del Gobierno de Pedro Sánchez para obtener apoyos a sus últimos Presupuestos Generales del Estado ha tenido, no solo un coste crematístico -que se ha traducido en mayor número de inversiones para Cataluña o País Vasco, respecto a otras comunidades autónomas-, sino también, en un coste normativo, que en el caso de los independentistas catalanes, ha supuesto la entrega de la anhelada armonización fiscal que durante años ha venido exigiendo Esquerra Republicana.
En efecto, con estos Presupuestos, ERC logra lo que ya formuló vía enmienda en las anteriores Cuentas Públicas de 2022, y que finalmente fue rechazado por el PSOE. Entonces, Esquerra proponía fijar un tipo mínimo del impuesto de Patrimonio en toda España mediante la creación de una nueva cuota estatal, básicamente siguiendo el mismo esquema que el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, y que en consecuencia acabará gravando a los contribuyentes de las comunidades de Madrid y de Andalucía, que son las que tienen bonificado este impuesto.
Ya en octubre de 2019, Pedro Sánchez declaraba su intención de armonizar el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y "acabar así con el dumping fiscal". Un año más tarde, el presidente del Gobierno insistía en la prioridad de renovar después de la pandemia nuestro sistema fiscal.
Atrás quedaba el rechazo frontal de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien al oponerse a la enmienda de Esquerra, argumentó el requerimiento de un trámite mediante ley orgánica, y de acometer la reforma dentro de una actuación integral que alcance a la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA).
Pero el tiempo y los últimos Presupuestos de la legislatura de Sánchez han hecho cambiar al Gobierno, quien, mediante proposición de ley, y omitiendo la competencia de una ley orgánica para regular un nuevo impuesto, ha conseguido el respaldo de sus socios de investidura. Entre ellos, el de ERC, para el trámite de urgencia que saque adelante el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas, al tiempo que prosperan los impuestos a los beneficios extraordinarios a la banca y a las energéticas.
Por la puerta de atrás, ERC ha encarrilado la derogación del delito de sedición
Sin embargo, esta es la única dádiva obtenida. También en el terreno normativo, y por la puerta de atrás, ERC ha encarrilado la derogación del delito de sedición que toca a la columna vertebral del Código Penal.
Una vez más, la operación se acomete por vía de urgencia, con proposición de ley, sin informes pertinentes ni evaluaciones de los órganos competentes, y con una puerta abierta, después de los indultos del Ejecutivo, a que los expolíticos presos, juzgados y sentenciados por el Supremo por el caso del procès catalán, sean rehabilitados a la vida pública en un breve periodo de tiempo, y por ende sean candidatos de las listas de sus formaciones políticas.
Entretanto, y en plena negociación de los PGE en el Senado, no está cerrado que el delito de malversación acabe modificado -como ayer reconoció Pedro Sánchez- para, según las peticiones de ERC, se rebajen las penas, con nombres y apellidos, si no ha mediado enriquecimiento personal ni estructura de corrupción. A todas luces, una rebaja a la carta.
Dos guiños al independentismo
El último movimiento del Gobierno en los dos nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional -cuando el CGPJ no ha decidido su parte alícuota-, es interpretado en clave política como un guiño del Ejecutivo de Sánchez para facilitar las cuestiones pendientes con la justicia por parte del independentismo catalán.Y es que, por un lado, Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del PSOE, promocionó los indultos del procès, y por otro, la exasesora de presidencia, Laura Díez, fue contraria al 155 y partidaria de soluciones políticas.
