Economía

Las CCAA tendrán que asumir la deuda de los impagos de los préstamos de la adenda

  • El Gobierno asegura que trasladará el dinero a las CCAA "de manera muy activa"
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Las Comunidades Autónomas, perceptoras de 20.000 millones de euros procedentes de los 12 fondos que conforman el nuevo plan que el Gobierno de España enviará en enero a Bruselas, tendrán que soportar el riesgo crediticio de las empresas que pidan dinero en este nuevo periodo y que finalmente no puedan reembolsar la deuda por problemas de impago.

Fuentes del Gobierno afirman que, en ese caso, será la comunidad autónoma pertinente quien tenga que devolver la cantidad debida al Tesoro, quien nuevamente hará de intermediario entre el Gobierno de España y la Comisión Europea.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de adenda del Plan de Recuperación y Resiliencia de 84.000 millones en préstamo, cuyo fondo dirigido a las CCAA se aplicará en inversiones en vivienda social, transporte sostenible, competitividad del sector turístico, economía de los cuidados y, comercio y pyme.

En detalle, el Gobierno no llegó a explicar ayer a qué proyectos específicos irá a parar el dinero inversor que recaerá a las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que, este verano, las diferentes administraciones regionales enviaron una carta a la vicepresidenta Nadia Calviño exponiendo sus necesidades, en respuesta a la petición que la número dos del Gobierno formuló con anterioridad a los presidentes de las CCAA, en consonancia con el espíritu de cogobernanza que rubrica el Reglamento del PRTR.

En este sentido, fuentes del Gobierno señalaron ayer que el Estado trasladará el dinero a las CCAA "de manera muy activa" como ya se hace con la "cogobernanza", y como "ya hemos comentado con las comunidades autónomas".

No obstante, las mismas fuentes remarcan que, la distribución y criterios del reparto de los fondos asignados a las CCAA se "seguirá trabajando con la Comisión Europea para definir" los proyectos "elegibles", lo que viene a constatar que las peticiones formuladas por los presidentes y consejeros de Economía y Hacienda autonómicos en el mes de septiembre no han quedado recogidas aun en el proyecto de la adenda que se enviará a Bruselas.

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