A expensas de la resolución que el Tribunal Constitucional tome el lunes y de la votación parlamentaria definitiva que tendrá lugar el próximo jueves en el Senado, el Congreso de los Diputados aprobó este jueves la reforma exprés del Código Penal que implica la derogación del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación, además del cambio del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, modelos que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez, junto a Esquerra Republicana.
Por vía exprés, y mediante enmiendas a una proposición de ley, por tanto sin informes preceptivos pertinentes ni el trámite parlamentario propio de una ley orgánica, el Ejecutivo y sus socios de investidura lograron sacar adelante una polémica reforma (184 votos a favor), por la puerta de atrás -que permitirá que los juzgados por el procés vean rebajadas sus condenas, al tiempo que les habilitará para presentarse a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña en 2026.
La decisión del Constitucional de aplazar hasta el próximo lunes el debate del recurso presentado por el Partido Popular -contrario a este trámite exprés-, ha sido determinante para despejar el camino para que el Congreso de los Diputados mantuviera su agenda y votara sin ningún problema, lo que fue refrendado por Meritxell Batet, quien se opuso a suspender el pleno, como le pidió la oposición, al menos hasta que el TC se pronuncie .
Una agenda, en definitiva, que comprendía su propio Pleno extraordinario para debatir y votar este jueves la proposición de ley de PSOE y UP para derogar la sedición y sus múltiples enmiendas, entre ellas las que reforman la malversación y el sistema de elección y llegada a Constitucional de los dos candidatos que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Presiones
Finalmente, las presiones de los magistrados progresistas (Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez) provocaron que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, suspendiera el debate previsto en principio a las 10 de la mañana de este jueves, y cediera para retomar el lunes el planteamiento del PP con sus correspondientes cautelarísimas.
Claro que, antes de que el ala progresista del Constitucional forzara esa situación, casi en cascada, el PSOE se personaba en contra del recurso del PP y, mientras, Unidas Podemos, por su parte, presentaba ante el TC la recusación de González-Trevijano y Antonio Narváez por conflicto de intereses, al tiempo que Vox registraba otro recurso en el mismo sentido que el popular.
El argumento de los progresistas, y dada "la complejidad de la cuestión que plantea el recurso y la relevancia de la decisión", expusieron, fue que ante esa situación, no les era posible poder participar en la deliberación y votación, de manera que, de haberse celebrado el debate, los firmantes se habrían levantado de la mesa y la votación no habría tenido valor.
La carta de las cautelarísimas
En cualquier caso, y pese a que el Congreso ya ha iniciado el camino para reformar el Código Penal y cambiar el sistema de elección del CGPJ y del Constitucional, este lunes día 19, el TC tendrá que dirimir si admite o no las medidas cautelarísimas del PP, que de ser aceptadas paralizarían las actuaciones legislativas del Gobierno y frenarían la votación del jueves en el Senado.
Entretanto, los populares mantienen que hubieran preferido una respuesta rápida del TC, si bien señalan que seguirán actuando para frenar los "desmanes de Sánchez".
El modelo del Gobierno
En sí, el modelo impuesto por PSOE y UP en el ámbito judicial y respecto al tribunal de garantías es el de una mayoría de tres quintos -que ahora requiere al menos 11 votos- a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano de gobierno de los jueces siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes al Constitucional, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales.
Además, contemplan que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que -según explican las fuentes del CGPJ- garantizará que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador). Esto es, en el caso de los progresistas: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés.
El CGPJ vota el martes dos candidatos
El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el progresista Rafael Mozo, convocó este jueves el Pleno extraordinario de la institución que le habían solicitado los vocales conservadores para el próximo martes, 20 de diciembre, a partir de las 17.00 horas. En él se votará a los dos candidatos propuestos para el Tribunal Constitucional por este sector, que deja fuera al propuesto por el grupo progresista.
