Háztelo mirar, Sánchez

Con los cambios legales que está imponiendo, Pedro Sánchez quiere alcanzar dos objetivos a la vez: a) hacerse con el Tribunal Constitucional; b) limpiar a los golpistas catalanes de los delitos de sedición y malversación de fondos públicos.

Respecto al primer objetivo, va a imponer a dos próximos a él como magistrados del Constitucional. El primero se apellida Campos y fue Ministro de Justicia con Sánchez, la segunda se llama Laura Díez. De esta apenas se ha hablado en los medios, pero conviene que se sepa que ha sido asesora de Jordi Pujol y también de Pascual Maragall en aquella maldita reforma del Estatuto catalán. También fue adjunta al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), sin advertir 'greuge' (agravio) alguno en la discriminación en la escuela y en la Administración de la lengua de la mayoría de los catalanes. Y ha ejercido también de vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries y no consta que desde ahí haya señalado inadecuación a la Constitución de ninguna resolución de la Generalitat.

Existen, sin duda, discrepancias en torno al diluvio de medidas legales que está impulsando Sánchez, y a menudo se ignoran las consecuencias que se pueden producir. Mas, para muchos que son conscientes del riesgo que entraña la conservación de los apoyos de legislatura, importa más que el Gobierno pase a manos del PP que Sánchez se salte el orden constitucional.

Pues bien, para mostrar lo poco recomendables que son esos movimientos sanchistas, citaré dos artículos, uno de Jordi Amat y otro de Lluis Bassets publicados el domingo pasado en El País (periódico del que no podrá decir Sánchez que está en su contra). Para facilitar la lectura de lo que sigue evitaré las comillas:

La tramitación de la reforma del Código Penal parece estar convirtiéndose en una chapuza de equívoca justificación. El argumento de la adecuación del delito de sedición a legislaciones homologables parece más bien discutible mientras no se redacte uno nuevo que permita condenar delitos contra la Constitución como los que se produjeron en 2017. No menos discutible es la cutrísima enmienda presentada el viernes por Esquerra Republicana y que propone rebajar las penas por malversación si no hay ánimo de lucro del corrupto, con lo que verían sensiblemente rebajadas sus condenas los encausados o condenados por la celebración del referéndum del 1 de octubre pero también aquellos responsables políticos implicados en la creación de redes clientelares desde las instituciones públicas.

En cuanto a la vigencia de la Constitución en Cataluña he podido leer lo siguiente:

El balance catalán de la Constitución de 1978, por más que se esmeren en sostener lo contrario quienes intentaron romperla en 2017, no tiene parangón en la historia. […] Es una píldora difícil de tragar para quienes se han acomodado al sonsonete reticente o abiertamente hostil, promovido desde las mismas instituciones de autogobierno, contra la mejor Constitución que ha tenido este país desde las Cortes de Cádiz. […] A la vista del contraste entre los beneficios proporcionados por la Constitución y los que ha aportado el independentismo en toda su historia, nadie ha perjudicado tanto a la nación catalana como los secesionistas.