Dice, con razón, el refranero que "la mujer del césar no sólo debe ser honesta, sino parecerlo". En el mismo sentido y con buena lógica el aforismo debe aplicarse también al marido o consorte de cualquier cargo público en ejercicio, máxime si tienen responsabilidad sobre los dineros o la economía de las administraciones. Y viene esto a colación del nombramiento de Ignacio Manrique de Lara, a la sazón marido de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, como Coordinador de Estrategia Comercial y Marketing de Patrimonio Nacional con un sueldo que oscilará entre los 84.000 y los 120.000 euros.
Cargo este de nueva creación en una entidad que, recordemos, preside Ana de la Cueva Fernández, que fuera secretaria de Estado de Economía con Calviño hasta 2021, y que mantiene en la más estricta opacidad el proceso de elección del candidato para el puesto, obviando el principio de absoluta transparencia que debe presidir cualquier proceso público de selección.
Y líbreme Dios de dudar de los méritos y capacidades del señor Manrique de Lara para ocupar dicho cargo, pero si resulta extremadamente sospechoso tal y como cuentan informaciones aparecidas en los medios de comunicación y no desmentidas hasta ahora, Patrimonio no haya hecho públicos ni lo criterios de selección, ni el baremo exigido para cada criterio, ni las condiciones laborales, ni los nombres de los aspirantes a los que se les ha negado, incluso, hasta la información sobre las puntuaciones obtenidas.
Una práctica de ocultismo sorprendente a la que se une como elemento más que preocupante el hecho de que uno de los cometidos que deberá desempeñar el nuevo coordinador de Patrimonio será la apertura de ese nuevo gran museo de 4.000 metros cuadros en Madrid, conocido como Galería de las Colecciones Reales, prevista para mediados del año próximo a mayor gloria del Sanchismo, y para el que el marido de Nadia Calviño deberá pedir el dinero de los patrocinios necesarios, precisamente a las empresas a las que regula y sobre las que legisla su mujer desde el Ministerio de Economía y la vicepresidencia del Gobierno.
Y no se trata aquí de alimentar las suspicacias o de despertar animadversiones contra nadie, pero es que en estas prácticas de opacidad y de presuntos valimientos llueve sobre mojado. Porque todavía no sabemos absolutamente nada sobre las gestiones o negocios en Marruecos de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ni de los méritos para su nombramiento como directora del África Center del Instituto de Empresa, y ni siquíera ni sobre si el hackeo del teléfono móvil del Presidente del Gobierno mediante el programa Pegasus, le somete a algún tipo de extorsión desde Rabat.
Tampoco se conocen las razones del encumbramiento, primero, del marido de la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Mariano Bacigalupo, y su oscurecimiento posterior -dicen que por maniobras de Calviño- después de haber sido el hombre más poderoso de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) y el fiscalizador de la política energética del Ejecutivo.
Y, en la misma línea, también tiene su aquel el nombramiento de Juan Carlos Campo para el Tribunal Constitucional que, a su condición de ex ministro de Justicia, une también la de ser la pareja sentimental de la presidenta del Congreso Meritxell Batet.
En cualquier democracia plena y con separación de poderes, algo que aquí en España el sanchismo tiene en proceso de extinción, el Parlamento tiene la obligación de investigar, los ciudadanos el derecho de saber y los presuntos implicados por favoritismo en los procesos de selección el deber de aclarar cualquier indicio o evidencia de privilegios, enchufe y nepotismo, si es que pueden, porque están en juego los fundamentos del Estado de Derecho y los principios de transparencia y de igualad. Y luego dicen que el Gobierno no cuida y protege a la familia. A quien corresponda.
