Unidas Podemos se ha desvinculado este lunes de la enmienda, presentada el pasado viernes por ERC en el Congreso de los Diputados, para reformar el delito de malversación, y acordada con el PSOE por lo que no ha puesto su firma en el texto, pero, sin embargo, sus parlamentarios sí que han advertido que, a pesar de ello, sí que apoyarán la Ponencia con el texto completo de la ley, que incluye la rebaja del delito de sedición y la reforma de las mayorías para desbloquear la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Tres tipologías distintas
Este nuevo tipo contempla penas de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años. Se castigarán tres tipos de conductas de más a menos grave: apropiación o intento de apropiación de patrimonio público, con ánimo de lucro, para el enriquecimiento personal o de terceros; el uso temporal de patrimonio público para uso privado; y por último, dar al patrimonio público una aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado.
El motivo argumentado por los parlamentarios del grupo morado es que tienen serias dudas sobre la aplicación que puedan hacer los jueces a la vista de la nueva redacción de este tipo penal. Estos parlamentarios desconfían de que la calificación de esta enmienda pueda servir para que penados por delito de corrupción puedan ver acortadas sus condenas.
La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado, sobre la decisión de Podemos que "ERC seguirá negociando hasta el último minuto, y ha añadido: nadie está diciendo que se haga la vista gorda con la corrupción. Esto ERC no lo permitirá nunca". Esta actuación de ERC beneficiará a los condenados del procés.
Ex altos cargos socialistas
Varios exministros, ex altos cargos socialistas como el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Manuel Jiménez Barrios y el exconsejero andaluz Paulino Plata, y personalidades del mundo jurídico y académico han firmado un manifiesto de rechazo a los cambios que impulsa Pedro Sánchez para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas de la malversación, en el que alertan la nueva normativa supondrá un estímulo a comportamientos contra la Constitución.
El documento, emitido por la Asociación para la defensa de los valores de la Transición, que agrupa a antiguos cargos de distintas fuerzas políticas, rechaza de plano el argumento expresado por el Gobierno que justifica estos cambios para homologar los tipos penales con las principales democracias europeas.
También ha realizado declaraciones al respecto el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha valorado que la reforma del delito de malversación es "el camino correcto porque parece que está garantizado que los corruptos no se pueden ver mejorados por esta situación". Puig se ha posicionado "claramente a favor de que no se aflojen las penas a aquellos que traicionan la voluntad de las personas que finalmente han decidido que les representen".
Crítica de la agencia de Prevención
Muy lejos de la postura mantenida por el presidente de la Comunidad Valenciana, el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la propia Comunidad, Joan Llinares, se ha despachado argumentando que "condicionar las penas del delito de malversación a la existencia o no de ánimo de lucro por parte de quien lo comete supone un retroceso y facilitar vías de escape en determinadas situaciones donde es muy difícil demostrarlo".
En la línea argumentada por los diputados de UP, Llinares ha dicho que esta modificación "puede acabar en absoluciones o en archivo sin más por lo difícil que es demostrar este enriquecimiento ilícito, este ánimo de lucro y esta pérdida de patrimonio público que provoca un cargo público o un funcionario".
"Siempre" hay que tener en cuenta que "quien lo administra mal o de una forma desleal está incurriendo en un delito, el de malversación tal como lo entendemos", ha subrayado, al tiempo que ha concluido comentando que "no era delito pillar cuatro millones de euros y no poder explicar de dónde venían", pero ha cuestionado que la cifra a partir de la cual se tenga que justificar la procedencia del dinero sean 250.000 y no 100.000 euros".
Finalmente, las asociaciones judiciales APM y AJFV que el Tribunal Constitucional es la única vía que puede corregir al legislador y modificar o revocar los cambios que impulsa el Gobierno de Sánchez.
La agenda no se cambia
E l Parlamento Europeo ha rechazado este lunes la petición del Partido Popular Europeo (PPE) para modificar la agenda de la sesión plenaria y celebrar un debate específico sobre la situación del Estado de derecho en España, tras la propuesta de reforma del Código Penal.
El eurodiputado portugués, Paulo Rangel, ha defendido que ello supone una "violación de los principios del Estado de derecho". El cambio de agenda ha sido rechazado con 231 votos en contra de celebrar el debate, frente a 155 votos a favor y tres abstenciones.
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