La Unión Europea ha anunciado que está trabajando en una batería de sanciones contra el régimen de Vladimir Putin, apenas unas horas después de que el presidente ruso anunciara que reconoce las regiones de Donetsk y Lugansk en Ucrania como repúblicas independientes y enviara tropas a la zona dinamitando los esfuerzos diplomáticos para desescalar el conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin reconoció este lunes las regiones ucranianas ocupadas por separatistas pro-rusos de Donetsk y Lugansk como independientes, "una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo". Poco después ordenó a las tropas rusas estacionadas hasta ahora en la frontera tomar posiciones en dichos territorios ucranianos, agravando el conflicto con Ucrania al dinamitar los acuerdos de paz de Minsk firmados en 2015, y poner en serio riesgo las negociaciones con occidente, que estudia cómo reaccionar.
Los líderes de la Unión Europea se reunieron esta semana en Bruselas con motivo de la cumbre con la Unión Africana, que ha estado empañada por la creciente tensión en Ucrania, ante lo que los veintisiete vuelven a hacer una exhibición de unidad y se preparan para lo peor.
Ni la OTAN ni la Unión Europea se fían del presidente ruso, Vladimir Putin, que el martes mostró su voluntad de buscar una solución diplomática al conflicto y anunció una supuesta retirada de tropas de la zona, y siguen amenazando a Rusia con una batería de sanciones sin precedentes de concretarse la invasión de Ucrania.
"¿Queremos una guerra o no? Por supuesto que no. Por eso presentamos nuestras propuestas para un proceso de negociación sobre igualdad en la seguridad para todos", dijo el presidente ruso Vladimir Putin, en rueda de prensa con el canciller alemán Olaf Scholz, en los primeros signos de desescalada desde que incrementaran las tensiones entre Rusia y occidente por el aumento de la presencia militar en la frontera con Ucrania.
Cruces de declaraciones, encontronazos entre aliados, y la tensión que no deja de aumentar en Ucrania, donde el pasado lunes el presidente Volodymyr Zelensky reafirmó su voluntad de adherirse a la OTAN para garantizar la seguridad de su territorio, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz recordó que la adhesión no está en la agenda.
Después del varapalo de noviembre, la Comisión Europea ha mejorado este jueves las previsiones económicas para España, de un 5,5% a un 5,6% para 2022, lo que permitirá alcanzar niveles pre-crisis antes de final de año, y eleva el crecimiento el pasado año hasta un 5%. Además, dispara su previsión de inflación para cierre de este año hasta el 3,6%, lo que supone 1,5 puntos porcentuales más que en su pronóstico inicial del pasado noviembre.
La Comisión Europea ha presentado este martes una estrategia con la que aspira a movilizar 13.000 millones de euros en inversión pública para cuadruplicar la producción de semiconductores en Europa de aquí a 2030 y lograr así al menos un 20% del mercado global, además de evitar problemas de suministro en el futuro. En total, se movilizarán más de 45.000 millones de euros de inversión pública y privada para prevenir, anticipar y responder a cualquier interrupción futura de las cadenas de suministro.
La Comisión Europea presentará el próximo mes de marzo una serie de directrices para facilitar la transición a la vuelta al Pacto de Crecimiento y Estabilidad, las normas fiscales y presupuestarias de la Unión Europea, que volverán a entrar en vigor en 2023, anunció su vicepresidente ejecutivo económico Valdis Dombrovskis ante el Parlamento Europeo.
Aunque políticamente costosa, la reforma laboral era solo una de las cuarenta reformas y planes de inversión que el gobierno español deberá completar en los próximos meses para poder acceder al siguiente pago del fondo de recuperación que asciende a 12.000 millones de euros, incluido el aumento de la edad de jubilación. El fondo de recuperación se basa en un sistema que evalúa el rendimiento de los países. Es decir, los desembolsos tienen lugar si, y solo si, se cumplen ciertos hitos o metas. La Comisión Europea está en contacto constante con los Gobiernos europeos para tratar de facilitar el proceso y exige total transparencia sobre las pruebas de que se han logrado los objetivos pactados.