La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de directiva europea que sentará las bases para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el bloque, por lo que la Unión Europea podría convertirse en la primera entidad en traducir en legislación el acuerdo alcanzado hace apenas dos meses en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En la transformación de la economía para alcanzar la neutralidad climática en Europa de aquí a 2050 cada euro cuenta, por eso la Comisión Europea presentó el pasado martes una reforma de las normas de competencia que regulan las ayudas de estado que aspira a impulsar la inversión pública en políticas verdes. "Las normas de competencia no están a la cabeza de la lucha contra el cambio climático, pero hay un amplio consenso en que desempeñan un papel de apoyo muy importante," explicó la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea al cargo de Competencia, Margrethe Vestager, "lo que decidimos financiar con el erario público es realmente importante, para bien o para mal. Las nuevas directrices aprobadas hoy tratan de aumentar lo bueno y limitar lo malo", añadió.
Las diferencias entre los países de la Unión Europea sobre cómo afrontad la transición ecológica son cada vez más evidentes, y el último asunto que ha dividido a los veintisiete es el plan de la Comisión Europea de gravar las emisiones de la calefacción y el transporte por carretera, al que se opone media docena de países, entre ellos España. En julio de este año, Bruselas presentó una batería de medidas conocido como 'Fit for 55' que tenían por objetivo una profunda reforma de los sectores del transporte o la energía, con el objetivo de reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, con respecto a los niveles de 1990. Entre otras medidas, la Comisión propuso crear un nuevo mercado de emisiones que permita gravar la contaminación derivada de las calefacciones o el transporte rodado y que debería estar en marcha en 2026. Sin embargo, la cuestión divide a los países de la Unión Europea.
Cuando un acercamiento de Ucrania a la Unión Europea desembocó en una guerra abierta, con la invasión del Donbas y la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, los veintisiete fueron incapaces de reaccionar con la dureza suficiente para disuadir a Vladimir Putin. Siete años después, los líderes del bloque advierten que "cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá enormes consecuencias" y estudian nuevas sanciones contra el Kremlin.
La Comisión Europea abrió la puerta el pasado miércoles a la puesta en marcha de un mecanismo de compra conjunta voluntaria de gas, pero no será para hacer frente a escaladas de precios, tal y como pedía España, sino en caso de emergencia cuando esté en riesgo el suministro.
La Comisión Europea quiere reforzar las protección del medioambiente y lo hará por la vía penal, tras proponer el pasado miércoles una nueva directiva, en el marco del Pacto Verde, que aspira a mejorar la efectividad de las investigaciones y reforzar las sanciones contra los crímenes medioambientales, con penas de cárcel, multas o la exclusión del acceso a fondos públicos.
Bruselas anuncia que estudiará la posibilidad de eliminar el IVA en trayectos internacionales, copiando el modelo alemán para incentivar el uso del ferrocarril como alternativa. Ahora es solo un esbozo, una idea, pero la Comisión espera poner sobre el mesa estas medidas el próximo año.
Dice el ex primer ministro finlandés, Alexander Stubb, que el Consejo Europeo es casi una sesión de terapia. Un espacio seguro, a puerta cerrada, en el que los líderes de los gobiernos europeos se desquitan del día a día, comparten confidencias, se desahogan, y discuten hasta encontrar consenso en cuestiones de la más alta política en la tranquilidad que da hacerlo no entre adversarios, sino entre colegas. La personalidad de cada uno, su manera de hacer política, resulta clave en estas negociaciones, dicen. El factor humano como eje vertebrador de la política europea.
La Europa social sigue avanzando y está un poco más cerca de poner en marcha un sistema común europeo para el establecimiento de salarios mínimos dignos en todo el territorio de la Unión Europea, después de que los ministros de Asuntos Sociales y Empleo de los veintisiete llegaran a un acuerdo sobre su posición el pasado lunes, de cara a las negociaciones con el Parlamento Europeo para poner en marcha la directiva.