Bruselas
La Comisión Europea quiere reforzar las protección del medioambiente y lo hará por la vía penal, tras proponer el pasado miércoles una nueva directiva, en el marco del Pacto Verde, que aspira a mejorar la efectividad de las investigaciones y reforzar las sanciones contra los crímenes medioambientales, con penas de cárcel, multas o la exclusión del acceso a fondos públicos.
"Los delitos ambientales causan daños irreversibles y a largo plazo a la salud de las personas y al medio ambiente. Sin embargo, es difícil investigarlos y llevarlos ante los tribunales, y las sanciones suelen ser débiles. Por eso es necesario reforzar nuestro derecho penal medioambiental," aseguró el comisario de Medioambiente, el lituano Virginijus Sinkevicius, "en un momento en el que la comunidad internacional debate el delito de ecocidio, un alto nivel de protección del medio ambiente no sólo es importante para las generaciones presentes, sino también para las futuras".
Las sanciones propuestas van desde multas hasta penas máximas de prisión de al menos diez años
Según los datos de Interpol y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los delitos medioambientales son la cuarta actividad delictiva más importante del mundo, solo después del tráfico de drogas, la trata de seres humanos y las falsificaciones. Tras un estudio exhaustivo de la legislación vigente, la Comisión considera que el número de casos de delitos medioambientales investigados, procesados y castigados con éxito en Europa sigue siendo muy reducido; la cooperación entre distintos países no es suficientemente efectiva; y las sanciones no tienen el poder disuasorio suficiente. La nueva legislación tratará de mejorar la manera en que los gobiernos europeos definen y abordan delitos medioambientales como el tráfico ilegal de animales, los vertidos de sustancias peligrosas, el comercio ilegal de madera, o la extracción ilegal de agua.
La propuesta del ejecutivo comunitario incluye sanciones que van desde multas hasta penas máximas de prisión de al menos diez años si los delitos causan o pueden causar la muerte o lesiones graves a una persona.
Pero además, y dado que la Comisión Europea entiende que las sanciones económicas a menudo no son suficientemente disuasorias, especialmente para las empresas, Bruselas también propone otras medidas como la retirada de permisos, inhabilitaciones o la exclusión del acceso a la financiación pública, para aquellas entidades que cometan delitos medioambientales.
