Bruselas
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una propuesta de directiva europea que sentará las bases para imponer un tipo mínimo del 15% a las grandes empresas en el bloque, por lo que la Unión Europea podría convertirse en la primera entidad en traducir en legislación el acuerdo alcanzado hace apenas dos meses en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Esta propuesta legislativa refleja el acuerdo del pasado 8 de octubre, al que se sumaron 137 países, y que tiene dos pilares. El primero afecta a la reasignación parcial de los derechos de imposición sobre los beneficios residuales. Es decir, trata de asegurar que las empresas pagan lo justo en los países en los que operan, con un ojo puesto en particular en los grandes digitales. El segundo pilar, que la Comisión traduce en legislación a través de esta directiva, introduce un impuesto de sociedades mínimo común para las grandes empresas a nivel mundial.
Incluye un conjunto de normas que permitirá armonizar el cálculo del tipo impositivo
La legislación presentada por Bruselas incluye un conjunto de normas que permitirá armonizar el cálculo del tipo impositivo y su aplicación en toda la UE. Cuando el impuesto de sucesiones sea inferior al 15% en una jurisdicción, la empresa en cuestión deberá abonar la diferencia hasta alcanzarlo, independientemente de que el país en el que tenga su sede se haya suscrito al acuerdo de la OCDE o no.
Esta nueva directiva afectará a cualquier gran empresa, sea nacional o internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un país de la Unión y un nivel de beneficios superior a los 750 mil millones de euros al año. No se verán afectadas las entidades gubernamentales, las organizaciones internacionales o sin ánimo de lucro, los fondos de pensiones o los fondos de inversión, ya que suelen estar exentos del impuesto de sociedades nacional.
"La propuesta está perfectamente en línea con lo acordado a nivel mundial en el marco de la OCDE", apunta la Comisión
La legislación contempla algunas excepciones como por ejemplo que en caso de que los ingresos y los beneficios en una jurisdicción estén por debajo de un determinado importe mínimo, no se cobrará ningún impuesto adicional, incluso cuando el tipo impositivo efectivo sea inferior al 15%. También podrán deducirse las empresas parte de los ingresos mínimos fijos.
La Comisión defiende que la propuesta está perfectamente en línea con lo acordado a nivel mundial en el marco de la OCDE, un acuerdo que fue apoyado por los veintisiete estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, los gobiernos tendrán que dar aún el visto bueno por unanimidad a la propuesta del ejecutivo comunitarios. No será fácil. Algunos países como Estonia o Hungría no se sumaron inicialmente al acuerdo y han planteado sus dudas al respecto. El objetivo es alcanzar el consenso durante la presidencia francesa del Consejo que comienza en enero, para que la legislación pueda entrar en vigor en 2023 tal y como prevé el acuerdo.
Impuestos por deuda
El ejecutivo comunitario ha presentado también este miércoles una serie de medidas para crear nuevos recursos propios. Es decir, fuentes directas de dinero a la institución para financiar las políticas europeas. Una cuestión particularmente importante dada la puesta en marcha del plan de recuperación, por valor de 800 mil millones de euros, puesto en marcha con una deuda conjunta que habrá que pagar.
Para evitar tener que incrementar la contribución que cada país hace al presupuesto de la Unión o tener que imponer recortes en los programas a largo plazo, Bruselas propone introducir nuevas fuentes de ingresos, como derivar un 25% del dinero generado en los mercados de comercio de derechos emisiones -que hasta ahora iban íntegros a los presupuestos nacionales-; o un impuesto sobre los bienes que lleguen a la UE de países con estándares medioambientales inferiores, del que la Comisión espera beneficiarse en un 75%.
Pero también aquí la Comisión mira al acuerdo de la OCDE. El ejecutivo comunitario anunció que espera poner en marcha en 2022 una directiva que traduzca el pilar uno en legislación, una vez se hayan cerrado todos los detalles. Esto supondría que un 15% de los ingresos derivados de la reasignación de los gravámenes sobre los beneficios residuales de las grandes empresas en los países de la UE irían destinados al presupuesto común. Bruselas calcula que esto podría suponer unos ingresos anuales de entre 2.500 y 4.000 millones al año.