Bruselas
Las diferencias entre los países de la Unión Europea sobre cómo afrontad la transición ecológica son cada vez más evidentes, y el último asunto que ha dividido a los veintisiete es el plan de la Comisión Europea de gravar las emisiones de la calefacción y el transporte por carretera, al que se opone media docena de países, entre ellos España. En julio de este año, Bruselas presentó una batería de medidas conocido como 'Fit for 55' que tenían por objetivo una profunda reforma de los sectores del transporte o la energía, con el objetivo de reducir en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, con respecto a los niveles de 1990. Entre otras medidas, la Comisión propuso crear un nuevo mercado de emisiones que permita gravar la contaminación derivada de las calefacciones o el transporte rodado y que debería estar en marcha en 2026. Sin embargo, la cuestión divide a los países de la Unión Europea.
En la actualidad, las empresas deben obtener permisos de emisión de gases de efecto invernadero en la UE, que luego pueden comerciar entre sí. Al establecer un límite a las emisiones, el sistema de comercio de emisiones (ETS) crea valor. El sistema abarca ahora unas 10.000 instalaciones en los sectores de la energía y la industria, y también incluye a las compañías aéreas. En 2019, generó más de 14.000 millones de euros de ingresos, una cifra que aumentaría considerablemente de ampliarse.
Mientras que algunos países como Alemania, Dinamarca, Austria o Países Bajos consideran la medida un paso fundamental en la transición hacia una economía más sostenible, los gobiernos español, griego, polaco, estonio o húngaro advierten del potencial impacto social de una medida que acabaría repercutiendo en el bolsillo de los europeos y que podría derivar en un nuevo fenómeno similar al que Francia vio con el surgimiento de los 'chalecos amarillos'. Así lo hicieron saber estos ministros a sus colegas durante el Consejo de Medio Ambiente celebrado el lunes en Bruselas.
Posición de España
España no critica radicalmente la medida, como sus colegas del este, sino que pide "analizar despacio los posibles impactos" de tales medidas para una ciudadanía que ya está sufriendo el impacto de la crisis energética, según explico la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, en unas declaraciones recogidas por la agencia EFE. Ribera defendió sin embargo el paquete de medidas de la Comisión que considera fundamental para lograr la neutralidad climática a la que aspira la UE. "Donde siguen aumentando las emisiones es en el transporte, y hay que tomar cartas en el asunto. Si hablamos de los edificios, la reducción de emisiones es la mitad de lo que deberíamos de obtener para alcanzar objetivos", aseguró el vicepresidente para el Pacto Verde Frans Timmermans durante su intervención.
El choque sobre el mercado de emisiones vuelve a poner de manifiesto las importantes diferencias entre los países de la UE sobre la transición ecológica. La pasada semana, los 27 fueron incapaces de llegar a un acuerdo para emitir un comunicado conjunto sobre la crisis energética.
Discusión sobre la ampliación del mercado de emisiones
La Comisión Europea prepara para este miércoles una nueva propuesta de recursos propios, es decir, fuentes de financiación directa de políticas europeas, que incluye la posibilidad de redirigir el dinero proveniente del comercio de emisiones para pagar. Entre otras cosas, ese dinero iría destinado a pagar la deuda que la Unión Europea ha contraído para financiar el fondo de recuperación, que aspira también a contribuir a la revolución verde. Hasta ahora, la mayor parte de este dinero se ha quedado en manos de los distintos gobiernos europeos.
