La Comisión Europea abrió la puerta el pasado miércoles a la puesta en marcha de un mecanismo de compra conjunta voluntaria de gas, pero no será para hacer frente a escaladas de precios, tal y como pedía España, sino en caso de emergencia cuando esté en riesgo el suministro.
Bruselas sigue desvelando las distintas piezas del puzzle necesarias para lograr la neutralidad climática en 2050. El miércoles, la comisaria de Energía, Kadri Simson, y el vicepresidente ejecutivo para el Pacto Verde, Frans Timmermans, presentaron una batería de medidas para abordar la descabornización del mercado de gas y contribuir a la transición verde en la UE. Es en este paquete donde se enmarca la posibilidad de que los países europeos se pongan de acuerdo para hacer compras conjuntas y almacenamiento de gas.
Esta es una de las propuestas que España, con el apoyo de Francia o Rumanía, puso sobre la mesa hace solo unos meses, ante la escalada de los precios de la energía que esta semana ha vuelto a alcanzar nuevos récords. Sin embargo, lejos de las aspiraciones españolas, la iniciativa no contempla el uso de estas compras conjuntas para hacer frente a un incremento del coste del gas como el que está experimentando en estos momentos, sino solo en caso de problemas graves de suministro.
Más allá del gas
A corto plazo, la Comisión sigue apostando por medidas que aborden no tanto los orígenes de la crisis -que Bruselas considera temporal y circunstancial-, sino sus consecuencias para las empresas más expuestas y los colectivos más vulnerables. A largo plazo, el Ejecutivo comunitario defiende que la solución pasa por un mercado más integrado de la energía en la UE y un incremento importante de la producción de energías renovables. En esta dirección va el paquete de medidas que puso sobre la mesa esta semana y que llega apenas unas horas antes de que los líderes de los veintisiete se reúnan en Bruselas para discutir, entre otras cuestiones, la crisis energética.
Pero el paquete es mucho más amplio e incluye la propuesta de asegurar que los contratos a largo plazo de gas no van más allá de 2049 para reducir la dependencia de combustibles fósiles; medidas para tratar de lograr un mercado de las energías renovables y los combustibles de bajas emisiones más integrado que contribuya a la estabilización de los precios; iniciativas para reducir las emisiones de metano en la industria así como nuevas medidas enfocadas a hacer los edificios que se contribuyan a partir de 2030 sean más sostenibles, utilicen energías renovables y sean también más eficientes. Además, aspira a renovar al menos el 15% de los ya construidos antes de la misma fecha. Los certificados de eficiencia energética se adaptarán conforme a las nuevas formas y serán además obligatorios en toda operación de compra o alquiler de vivienda.
De hecho, la Comisión se plantea prohibir el alquiler de los edificaciones con menor calificación energética para incentivar la inversión en la reforma e incrementar el ahorro energético.
