Este Gobierno que presume de progresista y solidario entiende la solidaridad como dicen de la caridad bien entendida, que empieza por uno mismo. Y fieles a ese principio inspirador de su gestión política no han tenido reparos ni pudor para subirse el sueldo con premeditación y alevosía utilizando como subterfugio la mejora en las retribuciones de los funcionarios.
Un incremento salarial para 2021 del 0,9% que en el caso del Gobierno se eleva a casi el 3% en doce meses si tenemos en cuenta que en enero de este año ya se los habían incrementado un 2%.
Y esto lo hace un Ejecutivo que, al mismo tiempo que se recompensaba a sí mismo decidía congelar el salario mínimo interprofesional, que ha sido declarado internacionalmente como el que peor ha gestionado la pandemia, en un país con casi cuatro millones de parados, con 750.000 trabajadores en los Ertes -de los que más de la mitad no van a volver a su puesto de trabajo-, en el que han tenido que cerrar 100.000 empresas desde marzo, en el que la segunda ola del Covid amenaza con destruir otro millón de puestos de trabajo entre autónomos y ocupados por cuenta ajena, donde la caída del consumo va a generar un descenso generalizado de los salarios del sector privado que el Banco de España estima entre el 10 y el 15%, y en el que han reaparecido las colas del hambre de los peores años de la postguerra.
Los salarios de Sánchez e Iglesias
Así, y de acuerdo a lo establecido en el proyecto de Presupuestos, el sueldo del presidente del Gobierno se elevará a 7.134 euros mensuales, mientras que el de Pablo Iglesias y las vicepresidentas llegará a 6.705,33 euros al mes, mientras que el salario medio en España apenas supera los 1.300 euros y el mínimo se congela en 950 euros.
Pero, además, con esta medida el Gobierno de Sánchez e Iglesias no sólo es el único en Europa que sube los impuestos, sino que es también uno de los pocos entre los países desarrollados que no se solidariza con sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad como han hecho, por ejemplo en Japón, donde el Ejecutivo ha decidido reducirse el sueldo un 20% durante un año; o en Austria donde el presidente y los ministros donaron la totalidad de sus salarios en abril para luchar contra el coronavirus y en solidaridad con sus conciudadanos que perdieron el empleo. Medida similar a la adoptado en febrero en Singapur.
Ejemplar ha sido también la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, que junto al resto de su Gabinete donará el 20% de su salario durante seis meses "en la lucha común contra la Covid para salvar vidas"; un 20% se han bajado, asimismo, el sueldo el Gobierno y el legislativo de Uruguay, un 25% se lo han rebajado López Obrador y su Gobierno en México donde han suprimido hasta 10 subsecretarías; y un 50% lo ha reducido Lenin Moreno en Ecuador, sólo por citar algunos ejemplos. Incluso aquí en España hemos visto cómo el gobierno y la oposición de la Comunidad Valenciana se bajaban el sueldo un 10% para donarlo a la investigación del coronavirus, y medidas similares se han tomado en diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y estos son a los que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llama gobiernos "populistas".
Gobierno hipertrofiado
Ella que es miembro del Gobierno con más ministerios y vicepresidencias de la UE, que ha disparado hasta 777 el número de asesores nombrados a dedo, que cuestan un 30% más que en el último gobierno de Rajoy y que en 2019 obligaron a Pedro Sánchez a ampliar en 10 millones de euros los créditos presupuestarios destinados a pagar al personal eventual.
Como afirma la economista y especialista en empresa familiar María Lladró en su libro sobre el Valuismo, "es lamentable el estado que permanece en la ineficiencia operativa haciéndose cada vez más grande a costa de los impuestos privados, y es lamentable la Administración que no se elimina a pesar de ser superflua". Amén.
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